La Justicia investiga el patrimonio del ex gobernador peronista de Entre Ríos, Gustavo Bordet

El Ministerio Público Fiscal dispuso que tres de sus hombres inicien una investigación sobre los bienes por $147 millones que declaró tener el ex mandatario y actual diputado nacional, Gustavo Bordet, quien pidió una auditoría y se defendió: “No tengo nada que ocultar”.

El Procurador General de Entre Ríos, Jorge García, dispuso avanzar con la investigación sobre el patrimonio del ex mandatario. Sobre esta definición, el fiscal coordinador de la ciudad de Concordia, José Costa, ordenó a los fiscales José Arias; Martín Núñez y Mario Guerrero que pongan manos a la obra.

El primer paso que tomó el equipo fiscal que investigará a Bordet fue requerir una serie de informes sobre los bienes que afirmó tener el ex gobernador en su declaración jurada como diputado nacional.

“Se pidieron un montón de pruebas, básicamente informes a varias instituciones y registros. Aún no hay imputación porque primero hay que determinar el patrimonio”, explicó Costa a Infobae.

En la base de la pesquisa está la denuncia que hizo un ciudadano de Concordia, Héctor D’Ambros, para que la Justicia investigue la presunta comisión de delitos de acción pública. En el escrito, acompañó la declaración jurada que Bordet entregó a la Oficina Anticorrupción de la Nación cuando asumió su banca y una serie de notas periodísticas de medios locales que daban cuenta de los datos.

D’Ambros, una persona con estrecha vinculación con el aparato de las fuerzas de seguridad de la zona, está relacionado con Juntos por Entre Ríos, la denominación provincial que tomó la unión electoral entre el PRO y la UCR a la que se sumaron otras fuerzas políticas.

Tuvo sus 15 minutos de fama al comienzo de la pandemia, cuando las restricciones eran más severas. En junio de 2020 se detectó que ofrecía su campo para romper el bloqueo sanitario de Concordia y así poder entrar y salir de la ciudad evitando el control sanitario.

A pesar del fuerte impacto político de la denuncia y del inicio de la investigación fiscal, en la Administración de Rogelio Frigerio tomaron distancia de ambos incidentes. Ante la consulta de este medio, fuentes de primera línea del Gobierno indicaron que el tema no está en la agenda, recargada por la relación conflictiva con las autoridades nacionales y los inconvenientes diarios de la gestión.

La declaración patrimonial como diputado es la primera que se hace pública pero no la única que ha presentado el ex mandatario. La ley provincial 3.886, que data de mediados del siglo pasado, lo obligó a detallar derechos y obligaciones ante la Contaduría General cuando fue Gobernador (2015-2023).

Pero esa información quedaba resguardada en sobre cerrado. Sólo puede ser abierto a pedido de la Justicia. Recién ahora se envió un proyecto de ley a la Legislatura para que las declaraciones del funcionariado sean públicas.

Ante la Oficina Anticorrupción de la Nación, declaró 14 inmuebles y depósitos en plazo fijo en pesos y dólares que suman un global de 147 millones de pesos.

La respuesta

Conocida la denuncia y el inicio de la investigación judicial, el ex gobernador pidió la apertura de su declaración jurada de 2016 al asumir la gobernación. También solicitó a un auditor un informe sobre la evaluación de su patrimonio. “No tengo nada de ocultar”, afirmó.

“Llama la atención que la denuncia la hace una persona que es militante activo de Juntos por el Cambio, que ha apoyado la sedición policial de Concordia y que reivindica la dictadura militar”, señaló el ex gobernador a la emisora local Radio de la Plaza.

D’Ambros fue testigo en el juicio que se hizo en 2015 a un grupo de policías por amotinarse, tomar la Jefatura de Concordia y dejar a la ciudad sin seguridad durante 48 horas durante diciembre 2013. El saldo fueron tres muertes y pérdidas millonarias por saqueos. Su testimonio fue favorable a los insubordinados, que igual resultaron condenados por sedición agravada.

“El pedido de investigación está basado en una declaración jurada que yo presenté. Difícilmente una declaración jurada certificada por mi persona puede contener datos que no sean consistentes”, razonó Bordet.

“Como gobernador, el único bien que compré fue un terreno en el año 2022. Le pagué al propietario del terreno a través de una transferencia de mi cuenta corriente bancaria. Está todo registrado en la operación y está plenamente justificada”, consignó.

“Trabajo desde hace 43 años y mi primer inmueble lo compré a los 28 años en 1990. Ejercí la profesión de contador público durante más de 20 años en el estudio que era de mi padre y que en 1987 me lo cedió”, abundó.

“Además, desde 1988 fui jefe del departamento contable del casino de Concordia. Fui 14 años profesor y trabajé como síndico en concursos y quiebras y perito contable en el Poder Judicial”, agregó. Hizo saber además que ha recibido bienes heredados de su madre y de su padre.

“Esto trata de ensuciar, de enlodar, de desprestigiar. Todo en sintonía con lo que viene ocurriendo desde el 10 de diciembre. Sistemáticamente hay un ataque muy fuerte contra mi gestión y contra mi persona. Pero son las reglas del juego. Voy a demostrar plenamente mi honestidad”, concluyó.