El Gobierno dispuso que la unidad que investiga el atentado a la AMIA funcione bajo la órbita la Secretaría de Justicia

El Gobierno nacional determinó que la unidad especial que investiga el atentado terrorista perpetrado el 18 de julio de 1994 contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) pasará a funcionar bajo la órbita de la Secretaría de Justicia.

A través de la Resolución 87/2024, publicada este viernes en el Boletín Oficial, el Ministerio de Seguridad dejó sin efecto una resolución de 2021 mediante la cual se había determinado que la unidad especial funcione bajo dependencia del entonces ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria. Ahora, “por cuestiones operativas y de organización”, el Poder Ejecutivo consideró que “resulta necesario” establecer que la unidad especial de investigación “actúe bajo la órbita de la Secretaría de Justicia del Ministerio de Justicia de la Nación”.

De acuerdo con la decisión oficializada esta madrugada, el secretario de Justicia Sebastián Javier Amerio pasa a estar facultado a “encomendar funciones al personal actuante” en dicha unidad “y a dictar aquellas normas y actos de carácter operativo necesarios para el cumplimiento de los objetivos que le fueron oportunamente asignados”.

La unidad en cuestión fue creada en el año 2000 con la finalidad de asistir de modo directo a los requerimientos judiciales o provenientes del grupo de fiscales designados por la Procuración General de la Nación que fueren formulados en la causa instruida con motivo de ese atentado, como así también en las investigaciones conexas desprendidas del expediente principal, o que de cualquier manera se vincularan con él. A su vez, se la facultó a abrir investigaciones por iniciativa propia.

En el artículo 4°, la cartera a cargo de Patricia Bullrich autorizó al titular de la Secretaría de Justicia a encomendar el ejercicio de los cometidos inherentes a la unidad especial de investigación del atentado a la AMIA al subsecretario de Política Criminal, Alberto Nanzer.

En 2004, cuatro años después de la creación de la unidad especial de investigación, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 de la Capital Federal resolvió absolver a todos los imputados por los delitos que se les atribuían en relación al atentado y formular denuncia penal contra distintos funcionarios nacionales y sujetos particulares, por la desviación y entorpecimiento de la investigación.

Al año siguiente, el Estado argentino reconoció la responsabilidad que le incumbe en relación al atentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Allí el Estado Nacional se comprometió a abordar una agenda de trabajo que incluyó diversas acciones destinadas a profundizar los esfuerzos para el esclarecimiento de los hechos antes indicados, entre ellas el fortalecimiento de la unidad especial de investigación”, recordó el Gobierno en la resolución publicada este viernes.

El 1° de marzo de 2006 se dispuso la ampliación de los cometidos de la referida unidad especial, a la que se le encomendó el impulso de las pesquisas sobre las irregularidades cometidas en el curso de la investigación del atentado contra la sede de la AMIA.

A casi 30 años de la masacre, existe la posibilidad de juzgar a al menos uno de los últimos sospechosos en el caso: Farouk Abdul Hay Omairi, un hombre de casi 80 años, origen libanés y con residencia en la zona de la Triple Frontera que se hizo brasileño. Precisamente, Brasil ya dijo que por su legislación no entregará a un ciudadano suyo a la Argentina pero sí ofreció juzgarlo en sus tierras, tal como lo detalló Infobae en noviembre pasado.

Eso es lo que debe resolver ahora el Gobierno argentino. La respuesta de Brasil llegó en el último tramo de la gestión de Alberto Fernández. El entonces ministro de Justicia y hoy diputado, Martín Soria, había sido un impulsor para llevar adelante las gestiones y por lo tanto se descontaba que esa administración avalara la iniciativa brasileña. Pero en ese contexto se dio la llegada de Javier Milei al Gobierno. Y la respuesta quedó pendiente. Vía Cancillería, el Ejecutivo tiene la posibilidad de aceptar la oferta y rechazarla. Mientras no haya ninguna contestación, Brasil no puede avanzar porque no tiene caso, precisaron a Infobae las fuentes consultadas semanas atrás.