El gobierno de Javier Milei destinará este año un billón setecientos setenta y siete mil pesos en alimentos para comedores comunitarios, escolares y otros programas alimentarios. La cifra fue confirmada a este medio desde el Ministerio de Capital Humano. A pesar de eso, los movimientos sociales agrupados en la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y piqueteros de izquierda anunciaron marchas y protestas para hoy y mañana.
La pulseada entre los funcionarios de La Libertad Avanza y los dirigentes sociales no deja de tensarse. Por un lado, se denuncia que los alimentos no llegan a los más necesitados a los sectores vulnerables desde noviembre de 2023.
Por otro, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, reveló el resultado de una auditoría que demostraría que el gobierno de Alberto Fernández tercerizaba, a través de los dirigentes populares que formaban parte de su gobierno, parte de la entrega de alimentos; y que las licitaciones que se realizaban desde el ex Ministerio de Desarrollo Social se concentraban en unas pocas empresas y se llegó a pagar hasta un 500% de sobreprecio. También que había “cartelización” y que el 80% de los alimentos secos que manejaban los piqueteros no fueron rendidos. “Se perdió la trazabilidad”, asegura el estudio.
El informe de Pettovello también destaca que el ex ministerio de Desarrollo Social, -ahora Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, y que está bajo Capital Humano- no dejó en marcha “ninguna licitación de alimentos” y que “los galpones estaban vacíos”.
Dentro de esa tirantez, que por ahora parece insalvable y que tomó un cariz político, desde Capital Humano se destaca que se inició “el proceso de normalización de la economía” y que este hecho “afecta sobre todo a los que menos tienen”. Por esa razón, aclararon, “en el área más sensible también estamos haciendo cambios de raíz”, como evitar la intermediación y firma de convenios para adquirir “de manera trasparente” alimentos de mejor calidad y de más alto nivel nutricional.
Si bien Pettovello no recibió a los líderes piqueteros, sus segundas líneas mantuvieron diálogo con referentes sociales a los que se les aseguró que la asistencia alimentaria “ya está llegando de manera directa” a través de la Tarjeta Alimentar y que los alimentos secos se normalizará en menos de 40 días. En ese marco, se explicó las razones de esta demora no es antojadiza y responde a falta de previsión de la administración del Frente de Todos.
Ningún razonamiento fue suficiente. Las protestas contra la política social de Milei avanzan. Hoy habrá una marcha frente al histórico edificio de Moreno y 9 de Julio a partir de las 10.30. Se denomina “Ollazo Nacional por la Emergencia Alimentaria”. En la convocatoria, se explica que “la situación en los barrios populares de todo el país se está agravando”.
Es la continuación de la misma medida adoptada la semana y que fue el puntapié inicial a “un plan de lucha ante el desabastecimiento de los comedores comunitarios y la falta de respuesta del gobierno”. Por esa razón, insisten los dirigentes: “No vamos a bajar los brazos hasta que se vuelvan a llenar las ollas”.
Mañana la medida será frente al Ministerio de Economía. ¿La razón? Para que se “liberen partidas presupuestarias para adquirir alimentos” y contra el recorte de un fondo que manejaban los movimientos sociales para la urbanización de barrios populares.
A estos hechos se le sumará una medida no menor y que no se conocía al momento de convocar a las concentraciones. La decisión del Gobierno de Javier Milei de eliminar el programa Potenciar Trabajo y crear otros dos nuevos planes para continuar con la asistencia que se brinda, pero quitar del proceso a los intermediarios, como los movimientos sociales y municipios, que actualmente demandan una inversión de unos 34 millones de dólares al año.
Las protestas por la falta de alimentos secos se realizan más allá de las explicaciones de los funcionarios de La Libertad Avanza: “La prestación Alimentar representará el 90% del presupuesto -de la ex cartera de Desarrollo Socia- , lo que corresponde a un billón quinientos ochenta y ocho mil millones de pesos ($1.588.000.000.000) para este año”, una decisión que ya conocen los dirigentes piqueteros y que si es necesario, a causa de la inflación ese monto podría ser superior.
Además -explicaron- “47.000 millones estarán destinados a los servicios alimentarios escolares (SAE); 53.000 millones al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); 74.000 millones de pesos para la compra de alimentos y 14.585 millones a otros programas”.
Para la administración de Milei, “la tarjeta Alimentar es la política más eficiente a la hora de asegurar que no haya un argentino que pase hambre: llega de forma directa al bolsillo de 3,8 millones de personas sin ningún intermediario”, explicaron. En tanto, opinaron que “permite que las familias coman juntas en sus casas y que puedan consumir alimentos frescos como carne, pollo y queso que tienen mejor calidad nutricional”.
Por esa razón, recordaron: “Duplicamos la cantidad de dinero que reciben los beneficiarios de la tarjeta Alimentar, para asegurar su acceso a la canasta básica de alimentos”.
En diálogo con este medio, desde Capital Humano relativizaron la cantidad de alimentos secos que reclaman los piqueteros y que llegaban a través de su tercerización: “La compra de alimentos secos como fideos, arroz y yerba que administraban las organizaciones sociales -como el Movimiento Evita, la CCC, el MTE, Somos/Barrios de Pie y el Polo Obrero- representa solo el 4.2% de la inversión del estado en materia alimentaria”.
Según el análisis de las autoridades de Capital Humano: “La discrecionalidad en la elección de los beneficiarios -durante la última gestión- era total, la calidad de los alimentos más baja en términos nutricionales y los costos de los alimentos mucho más altos que en cualquier supermercado por la burocracia que implica la compra y la distribución. El control de lo que sucedía con la mercadería una vez que abandonaba los depósitos del estado era nulo”.
Para los colaboradores de Pettovello, esa era “una herramienta de extorsión y un negocio multimillonario para el cartel de empresas proveedoras de alimentos del estado”.
Por esa razón, Pettovello decidió que ese “4,2% de asistencia que controlaban las organizaciones sociales sea destinado directamente a los comedores que, a su vez, deberán rendir cuenta de la comida que compran”. Dicho en otras palabras, se girará el dinero para que los responsables directos de los comedores compren los alimentos y rindan los gastos -o la inversión- con las facturas.
“Como gobierno nos comprometimos a eliminar la intermediación y lo estamos haciendo. Ya no van a ser las organizaciones piqueteras las que tengan a su cargo la distribución de los alimentos y de los planes sociales que paga el estado nacional con el dinero que aportan los argentinos que trabajan”, sostienen desde la cartera de Pettovello.
La ex cartera de Desarrollo Social está a cargo de Pablo de la Torre, el secretario de Niñez, Adolescencia y Familia.
“Los argentinos estamos realizando un esfuerzo muy grande para salir adelante. Desde el gobierno estamos cumpliendo con nuestro compromiso de acompañar a los que más lo necesitan”, sostienen desde esa cartera.
El enfrentamiento entre los movimientos sociales y las autoridades de Capital Humano lejos de disminuir irá en aumento, no solo por los alimentos y el desfinanciamiento del fondo destinado a urbanizar los barrios populares, sino también por la decisión del Gobierno de eliminar el Potenciar Trabajo y quitarle a los piqueteros el control de los planes sociales.