Los planes sociales han ido en aumento durante los últimos 40 años. Pero en la gestión de Alberto Fernández tomaron una velocidad sin precedentes. Antes de la pandemia del coronavirus, el exmandatario tomó la decisión, a partir del día de su asunción, de profundizar la tercerización de los principales programas sociales como el Potenciar Trabajo, la ayuda alimentaria y hasta la urbanización de los barrios populares, a través de las organizaciones piqueteras afines.
Fernández decidió nombrar en puestos claves a dirigentes afines con despliegue territorial que él no tenía y que están agrupados en la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). Superada la pandemia, la asistencia social, lejos de disminuir, siguió creciendo por la suba de la inflación, la pobreza, la indigencia y la falta de empleo. El último trabajo de la Fundación Éforo -ya publicada por este medio- destacó un hecho incontrastable: el gasto en planes se multiplicó por cinco desde que los movimientos populares, con Emilio Pérsico y el Movimiento Evita a la cabeza, distribuyeron los recursos durante los cuatro años de gestión del Frente de Todos.
Las conclusiones de la Fundación Éforo son reveladoras y parecen remarcar el fracaso de la ayuda social desde que fueron “tercerizados”. “Cada año hay que distribuir las transferencias entre más personas”, señala y refuerza: “Si bien se asignan cada vez más recursos públicos a la Seguridad Social, la necesidad de otorgar más beneficios afecta al valor monetario que estos representan en la vida cotidiana”. Pérsico estaba a cargo de la Secretaría de Economía Social, el área que manejaba el Potenciar Trabajo.
Era Pérsico quien tenía la llave de las altas y las bajas de los beneficiarios. Era él quien decidía a que unidades de gestión se destinaban los recursos del Estado para solventar los emprendimientos laborales, como panaderías, carpinterías, de construcción, etcétera, a través de las cuales los acreedores del plan realizaban sus 20 horas semanales de trabajo.
La mayoría de esas unidades de gestión eran cooperativas que dependían de los piqueteros y entre ellas, el mayor número eran del Movimiento Evita y otras organizaciones de la UTEP, como la Corriente Clasista y Combativa (CCC), el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), y Somos/Barrios de Pie. Esta última es coordinada a nivel nacional por Daniel Menéndez, también funcionario de la cartera de Desarrollo Social.
En la justicia federal tramitan varias causas judiciales por el supuesto descontrol que existía en ese programa social. Por ejemplo, lo cobraban personas que viajaron al exterior en aviones y yates de lujo. O que eran empleados públicos de gobernaciones. Por estas incompatibilidades la actual administración ya dio de baja a casi 40.000 beneficiarios del Potenciar Trabajo.
Ayer, en una decisión que ya genera crítica e inquietud entre los principales dirigentes sociales, tanto peronistas como de izquierda -que esta tarde evaluarán posibles medidas de fuerza- Javier Milei decidió eliminar el Potenciar Trabajo y quitarle a los piqueteros el control de los planes sociales que manejaban de forma discrecional.
Entre las razones, según reconstruyó Infobae, las autoridades nacionales resolvieron terminar con el programa que se administraba desde el ex Ministerio de Desarrollo Social por estar “mal diseñado”. Durante el lapso en el que estuvo vigente no cumplió con los objetivos para los que fue creado. De hecho, de las aproximadamente 1,4 millones de personas que se encontraban registradas en ese programa, tan solo el 1,3% termina consiguiendo empleo. Es decir, el Potenciar Trabajo nunca consiguió ser un puente laboral, como esgrimieron los tres ministros que pasaron por esa cartera: Daniel Arroyo, Juan Zabaleta y Victoria Tolosa Paz.
Política, pobreza y “gerentes”
En una de sus habituales conferencias de prensa, el vocero presidencial, Manuel Adorni, llamó a los dirigentes sociales que manejaban los planes “gerentes de la pobreza”. Cristina Fernández de Kirchner, dos veces jefa de Estado y Vicepresidenta de Alberto Fernández, lo acusó a este de haber perdido el control de las políticas sociales y “tercerizarlas” a través de organizaciones sociales como el Movimiento Evita que lidera Emilio Pérsico.
El dardo de Cristina de Kirchner estaba envenenado: “Si Evita los viera. ¡Mamita!”, dijo. La respuesta de Pérsico, exintegrante de la organización guerrillera Montoneros, no se hizo esperar: “Si Evita viviera, estaría orgullosa”, escribió en sus redes sociales. Era mediados de 2022.
La Coalición Cívica, liderada por Elisa Carrió, a través de sus principales dirigentes, como Hernán Reyes, Héctor “Toty” Flores, María Fernanda Reyes, Juan Manuel López y Maximiliano Ferraro, entre otros, presentó ante la justicia una extensa denuncia cuyos datos subieron a una página web bajo el nombre de “No usar a los pobres”. Allí acusaron a Pérsico de “estar de los dos lados del mostrador”.
El dirigente social subió la apuesta, “Ya van a saber que es estar de los dos lados del mostrador”, le dijo a Infobae. Era septiembre de 2023. La motosierra de Milei aún no había arrasado en las elecciones.
En la causa 2614/22 se afirma que, desde la Secretaría de la Economía Social, a cargo de Pérsico, se habría derivado el 55% de los convenios del programa Potenciar Trabajo a organizaciones sociales vinculadas a la UTEP, y peor aún, a cooperativas en las que Pérsico había formado parte o y a la Federación de Cooperativas Evita Limitada (FECOEVITA), integrada, según su página web, por casi 200 cooperativas de trabajo.
“Tenemos registro de los pagos realizados a las cooperativas, asociaciones, fundaciones y federaciones mediante los mencionados convenios de financiamiento por un total de $17.854.976.107″, precisa la denuncia penal de la Coalición Cívica y aclaran: “Considerando la fecha de cada uno de los convenios y actualizando por el índice de inflación, hemos actualizado el valor de esos convenios a agosto de 2023 resultando en más de 50 mil millones de pesos”.
Los referentes de Elisa Carrió identificaron que a las principales organizaciones sociales le fueron asignados $10.376.529.711,87 nominales o $30.815.537.778,43, actualizados. De ese total, El Movimiento Evita recibió el 55,1% de esos beneficios.
“La distribución de los recursos son asignados con absoluta discrecionalidad por parte de la Secretaría de Economía Social (Pérsico). No existen criterios de evaluación de ninguna característica, como tampoco de priorización de planes de actividades por sobre otros o de distritos con condiciones de vulnerabilidad mayor que otros”, se puntualiza en el escrito judicial. Los dirigentes de la CC también especularon que ese manejo de fondos, con escasos controles -según denunciaron y también lo advirtió la actual gestión- favoreció su desarrollo territorial en distritos que se suponían claves para ganar las pasadas elecciones.
La UTEP, y sobre todo el Evita, ya había perdido parte del poder que ejercía sobre los planes sociales al ganar las elecciones presidenciales La Libertad Avanza, pero seguía manteniendo el manejo del presentismo a los lugares de trabajo para después ser elevados a la excartera de Desarrollo Social, subsumida como Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, dentro del Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello. Ese hecho, tal como quedo hasta filmado por las cámaras de TV, otorgaban la posibilidad a los piqueteros de “tomar lista” en las marchas y manifestaciones que realizaban. Es decir, el beneficiario no asistía a su lugar de trabajo, pero debía dar el presente en el lugar de protesta.
Pettovello y Milei también les quitaron a los dirigentes sociales ese poder. Dividieron al Potenciar en dos programas: “Volver al Trabajo”, que dependerá de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que encabeza Omar Yasin, mientras que el otro, denominado “Acompañamiento Social”, será una asistencia que gestionará la Secretaría de Niñez y Familia, la cual está en manos de Pablo de la Torre.
Para los beneficiarios de “Volver al Trabajo” dejará de ser obligatorio que cumplan con tareas específicas, como pintar o barrer en espacios públicos, sino que solamente se les pedirá que completen diferentes cursos de capacitación. De esta manera, el Gobierno prescindirá de las denominadas unidades de gestión, que son organismos de distinto tipo que se encargan de controlar que los beneficiarios de los planes cumplan con las contraprestaciones, como las cooperativas ya mencionadas, o dependientes de gobernaciones y municipios.
En La Libertad Avanza aseguran que, dentro de esos dos nuevos programas, se contendrá a los beneficiarios actuales del Potenciar Trabajo. Que con la medida se eliminó de manera completa la “tercerización” del manejo de los planes por parte de los piqueteros peronistas y de izquierda y que, además, especulan, será una forma de evitar “las extorsiones de los punteros” para obligar a los más vulnerables a asistir a las protestas. ¿Este último objetivo se logrará?
Las próximas horas serán clave: desde el Evita de Pérsico y otras organizaciones de la UTEP mantendrán encuentros para planificar, junto a la Unidad Piquetera, medidas de protestas contra la decisión del Gobierno de Milei.