El Gobierno eliminó el Fondo para el Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires

Javier Milei avanza con el ajuste y con el enfrentamiento con los gobernadores. En medio de la disputa con el chubutense, Ignacio Torres, el Gobierno abrió un nuevo foco de conflicto al eliminar el Fondo para el Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires con un claro mensaje a la administración de Axel Kicillof.

A través del Decreto 192/2024, publicado hoy en el Boletín Oficial con las firmas del Presidente, del jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y del ministro de Economía, Luis Caputo, se establece la eliminación del fondo que había sido creado durante la gestión de Alberto Fernández, en medio de la pandemia, con recursos obtenidos a partir de la quita a CABA de un porcentaje de los fondos correspondientes a la coparticipación federal.

La medida, que marcó un punto de conflicto entre Casa Rosada y el entonces jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se había anunciado tras una protesta policial por mejoras salariales contra la gestión Kicillof. “Tenemos que buscar los recursos en una situación fiscal complicada. Estamos derivando muchos recursos del Estado a los sectores más desprotegidos”, afirmó Alberto Fernández en aquel momento.

Se trató, en definitiva, de la quita de un punto de la coparticipación a la Capital Federal y le transfirió a la provincia de Buenos Aires más de 30 mil millones de pesos.

En el mencionado decreto, el Gobierno argumentó que “la severidad de la crisis pone en riesgo la subsistencia misma de la organización social, jurídica y política constituida, afectando su normal desarrollo en procura del bien común”. A su vez, reiteró que “ninguna otra administración nacional ha recibido una herencia institucional, económica y social tan crítica como la que recibió la actual, por lo que es imprescindible adoptar medidas que permitan superar la situación de emergencia creada por las excepcionales condiciones económicas y sociales que la Nación padece, especialmente como consecuencia de un conjunto de decisiones intervencionistas”.

“Con el fin de solucionar la enorme cantidad de problemas derivados de la herencia que la administración saliente dejó a todos los argentinos, es necesario efectuar un ajuste fiscal en el Sector Público Nacional de 5 puntos del PBI y, al mismo tiempo, resolver la situación de los pasivos remunerados del Banco Central de la República Argentina, los que son responsables de los 10 puntos de su déficit”, se agregó.

“En consecuencia, no hay solución alternativa a un urgente ajuste fiscal que ordene las cuentas públicas, siendo ello una condición indispensable para la estabilización macroeconómica que requiere nuestro país”, continuó Casa Rosada señalando que “la situación fiscal de las Provincias y de la Ciudad ha sido menos restrictiva a costa de las transferencias discrecionales que ha realizado el Gobierno Nacional”.

En el siguiente párrafo, el Gobierno de Milei elevó su nivel de confrontación con Axel Kicillof al manifestar que “el mencionado Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, afectó los intereses generales de la Nación en su conjunto, privando al Estado Nacional de recursos necesarios para el ordenamiento de las cuentas públicas, por lo que resulta necesario derogar el artículo 4° del Decreto N° 735 del 9 de septiembre de 2020″.

El cobro de este fondo había sido uno de los reclamos que Kicillof, a través de su ministro de Economía, Pablo López, le planteó días atrás a Caputo exigiendo el “inmediato pago del saldo adeudado por los meses de noviembre y diciembre del año 2023 y enero de 2024″.

Por otro lado, el Poder Ejecutivo avanzó este lunes con modificaciones en la distribución de los porcentajes del impuesto PAIS. A través del Decreto 193/2024, se oficializó que la asignación específica del 30 % establecida mediante este tributo tendrá un cambio: al Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), utilizado para la urbanización de barrios populares, se le destinará para el financiamiento de las obras de vivienda social apenas el 1%.

El Gobierno, en tanto, aclaró que a obras de infraestructura económica se destinará el 94 % y el restante 5% para el fomento del turismo nacional.

El Fondo de Integración Socio Urbana fue creado por el Decreto 819/2019 al final del gobierno de Mauricio Macri. Su objetivo era financiar proyectos de integración socio urbana para los Barrios Populares que están inscritos en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP) y crear Lotes con servicios. Según su página web, el Fondo en la actualidad depende del Ministerio de Capital Humano.

En lo que respecta a esas cooperativas, con mínimas excepciones, como algunas organizaciones de izquierda, pertenecen a los movimientos sociales nucleados en la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), integrada por dirigentes sociales como Juan Grabois, Emilio Pérsico, Daniel Menéndez, entre otros.

Los fondos del FISU eran alimentados por el impuesto PAIS después de lo que se dictó a través de la ley 27.541. Según el artículo 42 de esa disposición, el Poder Ejecutivo debía distribuir el producto de dicho impuesto de la siguiente forma: un 70% destinado a programas y prestaciones de la ANSES y el PAMI. Y un 30% a distribuir entre el FISU, obras de infraestructura económica y el fomento del turismo nacional.

Dicha normativa fue complementada, entre otros, por el Decreto 184/2020 en el cual el Ejecutivo, en el marco del artículo citado anteriormente, define que el 30% se divida de la siguiente manera: un 30% al FISU, un 65% a obras de infraestructura económica y un 5% al fomento del turismo nacional.

Es decir, al Fondo de Integración Socio Urbana se destinaba un 9% del total del impuesto. En 2023, el monto que alcanzó fue de casi seis mil millones de pesos.