La Justicia avanza con la investigación de sobreprecios en la compra de remedios contra el cáncer y HIV

El juez Federal Julián Ercolini decidió investigar una grave denuncia que realizó la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, sobre la compra de medicamentos de alto costo. Esto incluye drogas para enfermedades oncológicas, HIV-SIDA, hematológicas, para evitar rechazos en trasplantes de órganos e insumos médicos, como prótesis.

La auditoría interna de esa cartera detectó sobreprecios, compras dirigidas y, entre otras cuestiones, falta de controles durante los últimos ocho años, sobre todo en la administración de Alberto Fernández, en la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE), que tiene un presupuesto anual de $38 mil millones.

Según pudo reconstruir Infobae de fuentes oficiales, la lista de proveedores que será entregada al magistrado está integrada por 78 droguerías, laboratorios, farmacias, personas físicas, posibles “sellos de goma” y hasta grupos farmacéuticos, Sociedades Anónimas e ignotas Sociedades de Responsabilidad Limitada, sin ningún tipo de antecedentes en la industria farmacológica o médica. Los nombres que figuran en una planilla Excel numerada se reservan ya que están bajo investigación.

Durante la pandemia del coronavirus, la administración del Frente de Todos decidió trasladar esa área destinada a otorgar “asistencia directa y subsidios” a las personas más vulnerables de la Secretaría de Salud a la cartera de Desarrollo Social, -ahora Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia-. En los últimos días, el gobierno de Javier Milei decidió trasladar la administración de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales al Ministerio de Salud, a cargo de médico Mario Russo.

Fue a esa repartición a la que se dirigió el escrito del juez federal Ercolini que solicitó “un informe completo de compras, proveedores y, entre otra documentación el métodos utilizado para la selección de presupuestos y los controles que se realizaban por parte de los funcionarios responsables”.

Infobae publicó de manera exclusiva la auditoría cuando la DADSE aún estaba en manos de Capital Humano, y el traslado de jurisdicción a través de la “Decisión Administrativa 76/2024″. Para Pettovello, la DADSE “nunca debió salir del área de Salud” ya que se trataba de la compra de medicamentos de alta complejidad y altos costos como valiosos insumos médicos.

En la denuncia penal se destaca que desde 2016, pero sobre todo en los últimos cuatro años, se habrían realizado “negocios imperdonables a expensas de los más necesitados y por temas sumamente sensibles”, es decir de los pacientes enfermos con enfermedades como cáncer, lupus, HUV-SIDA, solo por nombrar algunas.

El mecanismo, según se describe en la presentación penal, es “burdo” y escapa a las normas de transparencia en las compras del Estado.

“La administración correspondiente, siguiendo la disposición dictada en 2016, selecciona antojadizamente al proveedor al que comprarle los costosísimos medicamentos”, destaca el escrito judicial.

Desde ese año, y por resoluciones administrativas expresas dictadas a tal fin, el trámite para acceder con los medicamentos y otros insumos de alto valor comenzaba “con el envío de un correo a una lista de contactos” desde el correo electrónico urgentedadse@desarrollosocial.gob.ar.

En uno de los párrafos más salientes, el escrito señala: “La selección de los proveedores de la DADSE a los efectos de que el Estado argentino adquiera medicamentos por miles de millones de pesos se realiza vía e-mails (correos electrónicos simples y comunes, no encriptados, sin sobre cerrado ni seguridad) a una cadena de usuarios que no se actualiza periódicamente ni se certifica su titularidad”. Es decir que se desconocía la solvencia y seriedad del proveedor.

Una vez recibidos dichos mails, insiste el escrito que “ciertos supuestos proveedores remiten presupuestos informales sin firma ni rigorismo alguno y es, en virtud de tales presupuestos, que la administración correspondiente, siguiendo la disposición dictada en 2016, selecciona antojadizamente al proveedor al que comprarle los costosísimos medicamentos, sin siquiera un cuadro comparativo como exige dicha norma” y que están regidos por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).

Además de las “graves irregularidades” que las autoridades detectaron existían dos advertencias, una durante la gestión de Mauricio Macri, en 2019 y otra en la de Alberto Fernández, en 2022, confeccionada por la Unidad de Auditoría Interna (UAI), a las que se desoyó y se siguió con la cuestionada forma de Comoras que vulnera las disposiciones para la totalidad de la Administración Pública Nacional (APN).

Los subsidios que se le otorgaban a los pacientes vulnerables social y económicamente, no eran menores, aunque hasta a veces ni eso alcanzaba para cubrir el costo de los medicamentos y prótesis: eran de hasta el 50% del salario mínimo, vital y móvil” pero también había excepciones y existían -aún lo hacen- “Subsidios para Ayudas de Alto Costo: destinados a la adquisición de medicamentos o insumos médicos por un importe superior al 50% del salario mínimo, vital y móvil”.

Para tener una idea de la importancia que tiene esa Dirección y lo relevante de las irregularidades que el gobierno de la Libertada Avanza envió a la justicia y que ahora investiga, se determinó que “en los últimos tres años se tramitaron 61.602 subsidios directos y 17.093 subsidios de alto costo, que representaron una inversión de más de $56.000 millones.

Entre los presuntos delitos se investigan los presuntos delitos de “defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad y violación e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

El escrito no menciona a ningún ex funcionario de los gobiernos de Macri y Fernández. Descrine, en cambio, que “abarca desde 2016, cuando se implementó un procedimiento de compra exprés por urgencia para reemplazar un sistema de compras de facto, hasta el 10 de diciembre de 2023″, fecha en que asumió Javier Milei y decidió “auditar todas las áreas” para detectar presuntos delitos.

El escrito judicial advierte: “En 2019 y 2022, la Unidad de Auditoría Interna advirtió que el procedimiento que se estaba utilizando desde 2016 para la adquisición de drogas y otro tipo de insumos de alto costo se apartaba de las normas de compra para la administración pública nacional”. Y menciona: “Se seleccionaban medicamentos de alto costo con presupuestos informales y el procedimiento tampoco era tan rápido porque pasaban dos o tres semanas para que un paciente pudiera recibir el medicamento o el insumo que necesitaba”, explicó un funcionario de la cartera de Capital Humano a este medio.

De la denuncia que instruye Ercolini también se desprende que, si bien esa metodología “oscura e irregular” que comenzó a utilizarse durante la gestión de Cambiemos, continuó en la presidencia de Fernández.

La denuncia que menciona supuestos “negocios imperdonables” consta de 14 fojas y como fue ratificada y acompañada con “documentación sólida y consistente” el magistrado solicitó “una batería de medidas” para acreditar lo que se asegura en el escrito y precisar quiénes estuvieron al frente de esa dirección. Carlos Rívolo es el fiscal. La auditoría de Pettovello destaca que las anteriores auditorías internas -que ya están en el juzgado- revelan que “en algunas de las contrataciones se ha incorporado una nota por medio de la cual se notifica la postergación de la fecha de la apertura de los sobres” pero “no se evidencia en los actuados que dicha información haya circularizada a la totalidad de los proveedores invitados a cotizar”. Es decir que las millonarias adquisiciones podrían haber estado “dirigidas”, como habría ocurrido con la compra de alimentos sólidos para los comedores comunitarios que se repartían a través de los dirigentes sociales y piqueteros, como se destaca en otra auditoría a la que accedió este medio y que también involucra a la ex cartera de Desarrollo Social.

Según la documentación oficial a la que accedió este medio, el gobierno de Cambiemos “por decisión administrativa número 307 del 13 de marzo de 2018, decidió transferir la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE) de la órbita del Ministerio de Desarrollo Social a la del entonces Ministerio de Salud de la Nación”. Fue cuando fusionó lo dos ministerios en uno.

El 10 de diciembre de 2019, el presidente Fernández revirtió los cambios hechos por su predecesor y volvió a dividirlos en dos ministerios. A cargo de Desarrollo Social quedó Daniel Arroyo. En 2021 asumió Juan Zabaleta y en 2022 fue designada Victoria Tolosa Paz.

Según el Boletín Oficial, a través de la Decisión Administrativa 1242 del 7 de julio 2020, se designó “a partir del 5 de mayo de 2020 y por el término de 180 días hábiles a la señora Claudia Noemí Mori en el cargo de Directora de Asistencia Directa por Situaciones Especiales de la Dirección Nacional de Asistencia Directa Compensatoria de la Subsecretaría de Asistencia Crítica de la Secretaría de Articulación de Política Social del Ministerio de Desarrollo Social”.

Ese es el primer dato en el que se revela que la DADSE pasó a la cartera de Desarrollo Social al Ministerio de Salud. Ante la Justicia, la cartera de Capital Humano aseguró que “los pacientes que reciben los insumos no son el motivo de la denuncia y seguirán manteniendo sus medicamentos”.

Desde la cartera de Russo se aseguró a Infobae: “Desde el inicio de la gestión, el Ministerio de Salud de la Nación gestionó la compra de medicamentos de alto costo, tanto oncológicos como para otras enfermedades, por un monto total de 140 mil millones de pesos. Dicho suministro fue destinado a pacientes de todo el país con cobertura pública exclusiva, complementando la asistencia de los bancos de drogas de cada una de las jurisdicciones”. Además, se precisó que: “Se adjudicó la adquisición de medicamentos para pacientes con HIV, por un monto de 2.800 millones de pesos. También se adjudicó la compra para el Plan Remediar 2024″.

La aclaración viene a cuenta que pacientes, asociaciones médicas y desde la oposición se afirmaba que no se estaban entregando medicamentos oncológicos “ante el cierre de las oficinas de la DADSE”, un hecho que no ocurrió ya que solo se transfirió a otro ministerio.

En los próximos días el juez Julián Ercolini recibirá la planilla con los nombres de los 78 proveedores que suministraban las drogas oncológicas a las gestiones anteriores al 10 de diciembre de 2023, así como los antecedentes que ya advertían sobre la discrecionalidad y los sobreprecios que el Estado habría pagado. Hay casos, inclusive que, en vez de realizarse una trasferencia de dinero, el medicamento, o la prótesis, se abonaba “en efectivo en violación a las normas vigentes relacionadas con el régimen nacional de contrataciones para la Administración Pública Nacional”.

“En conclusión -destaca la denuncia penal- la DADSE no implementó nunca un procedimiento seguro, claro, trasparente y razonable para la selección de los proveedores de los medicamentos”.

Estos son solo alguno las presuntas irregularidades que investiga el juez federal Ercolini y que comprende un área tan sensible como la de los pacientes que padecen enfermedades graves y que no pueden acceder a los medicamentos que mejoran su calidad de vida, o se la salvan.