El vocero presidencial, Manuel Adorni, cuestionó el reclamo de la fundadora de Los Piletones, Margarita Barrientos, por la falta de asistencia a sus establecimientos comunitarios, y aseguró que “no se ha dejado de asistir a ningún comedor que haya cumplido con los requisitos”.
“Preguntenlé a Margarita Barrientos si cumplió con los requisitos que le ha pedido el Ministerio de Capital Humano para seguir con esa provisión”, apuntó el portavoz del gobierno de Javier Milei, al dejar entrever que la reconocida dirigente social estaría fuera de regla en los requerimientos oficiales.
Según Adorni, la discontinuidad en la asistencia a algunos comedores obedecería únicamente a incumplimientos requerido o a la finalización de “acuerdos previos” con el ex Ministerio de Desarrollo Social, y que no han sido renovados según las auditorías que lleva adelante la cartera que encabeza la ministra Sandra Pettovello. Por lo tanto, remarcó que es “falso” que se haya cortado ese tipo de asistencia social.
“No habría ninguna razón para dejar de enviar alimentos a los comedores”, insistió el vocero en declaraciones al programa “Ahora Dicen” por FM Futurock.
En un marco de crecientes protestas organizaciones sociales y piqueteras por la falta de asistencia alimentaria, esta semana sumó su voz Margarita Barrientos a las quejas por la falta de entregas de alimentos y provisiones. “No están mandando alimentos a los comedores y no están dando soluciones. Nosotros damos de comer a muchísima gente, dejamos familias completas sin comer”, sostuvo la referente del comedor Los Piletones, ubicado en el barrio porteño de Villa Soldati.
En esas declaraciones, Barrientos señaló que no había tenido ninguna conversación personal con la ministra Pettovello, pero sí con su secretario que “está al tanto de todo lo que pasa”. Y advirtió que está creciendo la demanda de alimentos al comedor, que habitualmente asiste a unas 400 familias. “Hay trabajadores formales que están viniendo al comedor. Hay cosas que no puede solventar la familia”, graficó.
El giro en la asistencia alimentaria
Diversas organizaciones sociales y comunitarias, entre ellas la Iglesia Católica, cuestionaron al Gobierno y expresaron su preocupación por la discontinuidad de la ayuda de alimentos secos a las instituciones que trabajan con los barrios populares y población en situación de vulnerabilidad. En ese marco, Manuel Adorni ratificó hoy el camino de “eliminar a los intermediarios” de la asistencia social, entre ellos, la mercadería que se entrega a las cooperativas a cargo de movimientos sociales.
En medio de esa disputa por los alimentos y el aumento de la tensión política por el alza de los índices de pobreza, el ministerio de Capital Humano informó que en la política de asistencia alimentaria se están “haciendo cambios de raíz” y que el destino de recursos a la Tarjeta Alimentar es “la política más eficiente a la hora de asegurarnos que no haya un argentino que pase hambre”. Según el Gobierno, el crédito de esa tarjeta “llega de forma directa al bolsillo de 3,8 millones de personas sin ningún intermediario” y además permite que “las familias coman juntas en sus casas y que puedan consumir alimentos frescos como carne, pollo y queso que tienen mejor calidad nutricional”.
“Por eso, duplicamos la cantidad de dinero que reciben los beneficiarios de la tarjeta Alimentar para asegurar su acceso a la canasta básica de alimentos”, apuntaron fuentes oficiales desde la cartera de Pettovello, y aseguraron que la provisión de mercadería basada en la compra de alimentos secos como “fideos, arroz y yerba que administraban las organizaciones sociales representa solo el 4,2% de la inversión del Estado en materia alimentaria”.
Para el Gobierno, en la gestión de los alimentos por parte de organizaciones sociales hay una “discrecionalidad total” en la elección de los beneficiarios y buscan “terminar con la extorsión”. También plantearon que este tipo de distribución supone una “calidad de los alimentos más baja en términos nutricionales y los costos de los alimentos mucho más altos que en cualquier supermercado por la burocracia que implica la compra y la distribución”. “El control de lo que sucedía con la mercadería una vez que abandonaba los depósitos del estado era nulo”, señalan las fuentes oficiales de Capital Humano.
Sin embargo, el Gobierno resolvió mantener este tipo de asistencia al decidir avanzar en convenios con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que involucra a 3000 comedores y tiene mecanismos de auditoría internacional. En ese marco, también señalaron que “en los últimos dos meses se han aumentado las partidas un 75% y se firmaron nuevos convenios con comedores e instituciones”.
En lo referido a la compra directa de alimentos secos, el ministerio de Capital Humano señaló que el 50% se encuentra en proceso licitatorio, mientras que para el otro 50% se están reasignando los fondos a los otros programas alimentarios que tienen mayor alcance.
Las explicaciones oficiales coinciden con una jornada nacional de protesta que se lleva a cabo este viernes en distintos puntos del país, encabezada por las organizaciones que integran la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), cercanas al peronismo, el bloque de Unidad Piquetera y el Polo Obrero, que consistirá en la realización de al menos 500 acciones callejeras y que tiene como epicentro la sede del ministerio de Capital Humano, en Juncal y la avenida 9 de Julio.