Los trabajadores estatales convocaron a un nuevo paro: una por una, todas las medidas de fuerza contra el Gobierno

En medio de un clima de creciente tensión con el Gobierno, y a solo 90 días de la asunción de Javier Milei como presidente, diversos gremios anunciaron la realización de distintos paros y huelgas en los próximos días. Es más, la Confederación General del Trabajo (CGT) amenazó con otra huelga general.

Las principales demandas de los sindicatos se centran en una urgente recomposición salarial que supere la inflación, la cual alcanzó el 20,6% en enero y acumuló un 254,2% en el último año. Además, reclaman la falta de discusión en las paritarias.

Tras el paro total de trenes llevado a cabo ayer por el sindicato La Fraternidad, bajo el ala de Omar Maturano, que dejó paralizado el servicio de pasajeros y de cargas durante 24 horas, y el actual paro de sanidad iniciado este jueves por la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA), a cargo de uno de los tres secretarios generales de la CGT, Héctor Daer, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció una nueva medida de fuerza para el próximo lunes 26 de febrero.

La convocatoria a la huelga por parte del gremio de los estatales fue anunciada por el secretario general, Rodolfo Aguiar, quien a través de sus redes sociales precisó que se trata de “una nueva jornada nacional de lucha con paros, asambleas y movilizaciones”.

Según informaron desde ATE Nacional, la medida de fuerza fue acordada en conjunto con sindicatos del sector y gremios de empresas públicas, con el propósito de demandar un “urgente aumento salarial por encima de la inflación, la inmediata reincorporación de despedidos sin causa, pase a planta permanente y el rechazo a cualquier intento de privatización”.

Cabe recordar que esta semana, en medio del avance del plan de ajuste de Milei, la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, liderada por Omar Yasín, mantuvo una reunión con los sindicatos del sector en el contexto de las negociaciones paritarias.

Durante el encuentro, el Gobierno logró que uno de los gremios de trabajadores estatales, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), dirigida por Andrés Rodríguez, aceptara un aumento del 12%, propuesta que fue rechazada por ATE, que remarcó que la suba está por debajo del índice inflacionario. “Hasta el momento, salvo la reunión paritaria de unos días atrás, no hubo diálogo con el Gobierno”, indicaron fuentes del gremio a Infobae.

“Le ponen techo a las paritarias y las quieren hacer desaparecer. El ajuste es intencional y deliberado. Además, continúan con las amenazas de despidos y los intentos de privatizar empresas públicas”, expresó Aguiar. “Cuando el Presidente hace alusión a que en marzo o abril vamos a tocar fondo, se refiere a un concepto económico, que supone que luego existirá un rebote. Es bueno que sepan que cada vez que los trabajadores y los jubilados tocaron fondo, no rebotaron, siempre se quedaron ahí, en el fondo”, completó.

Desde ATE, esperan que la medida alcance “una potencia importante”. Según señalaron, del paro participarán más de 20 organizaciones de todo el país.

Esta semana, los cuatro gremios docentes afiliados a la CGT (UDA, CEA, AMET y SADOP) también habían anunciado un paro nacional para este lunes 26, que coincide con el inicio de clases en varias regiones del país. Sin embargo, ayer la Secretaría de Trabajo del Ministerio de Capital Humano convocó a los sindicatos para discutir la actualización del salario mínimo docente el próximo martes 27 de febrero, a las 18. Por este motivo, la medida de fuerza quedó en suspenso.

Los próximos pasos a seguir en el reclamo docente se definirán este jueves, durante el congreso nacional de CTERA, que comienza a las 11, según pudo confirmar Infobae.

La posibilidad del paro había sido acordada por los secretarios generales de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), Edgardo Tomaselli; de la Confederación de Educadores Argentinos (CEA), Fabián Felman; del Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop), Marina Jaureguiberry; y de Unión Docentes Argentinos (UDA), Sergio Romero.

Por su parte, el gremio docente porteño Ademys llevará a cabo una asamblea esta tarde para definir un “plan de lucha”. ”Desde Ademys hoy tenemos asamblea para decidir el plan de lucha, debatiremos que medidas tomar ante los ataques a la educación pública del (presidente) Javier Milei y (el jefe de Gobierno porteño) Jorge Macri. Salario, comedores, infraestructura. Exigimos a Ctera paro nacional y plan de lucha, empezando por este lunes 26″, detallaron desde el gremio a través de sus redes sociales.

A nivel nacional, el salario mínimo docente se estableció en 250.000 pesos a partir de diciembre. El último acuerdo paritario fue firmado en septiembre del año pasado, coincidiendo con la última actualización del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), el cual fue eliminado por el Gobierno nacional.

Sin embargo, la situación del salario docente varía significativamente entre las provincias: algunas mantuvieron abiertas sus negociaciones paritarias durante diciembre, enero y febrero, mientras que otras apenas comenzaron a dialogar con los sindicatos en los últimos días.

La tensión entre el Gobierno nacional y los gremios docentes se intensificó el martes después de que el vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmara que el Poder Ejecutivo considera declarar la educación como servicio esencial, con el objetivo de limitar los paros docentes. De materializarse esta medida, sería la tercera ocasión en que el Poder Ejecutivo Nacional intenta promoverla en estos casi tres meses de gestión: inicialmente estaba contemplada en el DNU 70/2023 firmado por el presidente Javier Milei poco después de asumir su mandato, cuyas disposiciones laborales fueron suspendidas por la Justicia, y también se propuso en la Ley Ómnibus, que terminó por dar marcha atrás en el Congreso.

A principios de semana, Jorge Sola, secretario de Prensa y Comunicación de la CGT, adelantó en declaraciones radiales que la central sindical evaluará medidas de fuerza de acuerdo a la reacción del Gobierno ante los reclamos gremiales. Sin embargo, advirtió: “La conflictividad está creciendo cada vez y está siendo por actividades, que seguramente terminará en una general”.

El secretario general de Camioneros no descartó una convocatoria a un paro para marzo ante el estancamiento en las negociaciones paritarias. Según el dirigente gremial José Taboada, el sindicato recibió una oferta del 15% para marzo y otro 15% para abril, y fue rechazada, porque el pedido de Camioneros fue de un aumento del 35% para cada mes y mejoras en la categoría más baja.

“Lo que ofrecieron no llega a cubrir ni siquiera el 50% de lo que estamos pretendiendo. Tenemos que hacer una recomposición salarial teniendo en cuenta el inicio de las clases y la disparada de los precios de la canasta básica, además de los servicios”, precisó.

El ministro de Interior, Guillermo Francos, cuestionó a los gremios que llamaron a realizar medidas de fuerzas, como ayer en el servicio de trenes y hoy en el área de salud, y aseguró: “La naturaleza política de todos estos paros es evidente”. Para el funcionario, “llaman mucho la atención” las medidas de los gremios y recordó que no hubo protestas durante la gestión de Alberto Fernández.

“Las protestas, al margen de sus características políticas, cuestionan la situación económica compleja que están viviendo los argentinos, producto de una economía desquiciada”, planteó Francos en diálogo con Radio Rivadavia.

El ministro, de manera puntual, se refirió a la medida de fuerza convocada por el secretario general de la Federación de Asociaciones Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA), Héctor Daer: “Uno de los temas que preocupaba a Daer era el tema de la desregulación de las obras sociales”, aseguró.

Y añadió: “Cada gremio que tiene una obra social puede perder muchos clientes si los pacientes optan por ir a un sistema privado, y le quita recursos a las sindicales; (el paro) puede ser que sea una reacción de parte de estos sectores, acostumbrados a este tipo de cosas”. En este sentido, Francos señaló que “hay un sistema gremial anquilosado, que no permite generar nuevas modalidades de trabajo”.