La diputada libertaria Rocío Bonacci tomó notoriedad días atrás por un proyecto que reclama la derogación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. A 24 horas de haber firmado ese texto, la legisladora oficialista volvió a generarle un dolor de cabeza al Gobierno: presentó una iniciativa que demanda “la continuación del Plan e jerarquización salarial de las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad dispuesto por Resolución Conjunta Nro. 12/2023 del Ministerio de Economía y Ministerio de Seguridad”.
Con el proyecto en cuestión, Bonacci queda pegada al cristinismo, principal oposición del Gobierno de Javier Milei. Sobre la jerarquización en debate, el ex ministro de Defensa Jorge Taiana manifestó que “la decisión explícita del gobierno de Milei” de no aprobar el Presupuesto 2024 que envió la última gestión kirchnerista “y reconducir el del 2023 tuvo el único objetivo de licuar los gastos del Estado, las jubilaciones y los salarios de toda la Administración Pública, incluido el de las Fuerzas Armadas”.
En los fundamentos de su iniciativa, Bonacci aseguró que “para sorpresa el Ministerio de Defensa -manejado por el radical Luis Petri-, por disposiciones Presidenciales ha decidido dar marcha atrás con esa normativa de equiparación, que coloca a las Fuerzas Armadas de todos los argentinos en una situación de inequidad y, por ende, parecen ser castigadas nuevamente”. En ese sentido, agregó: “Antes, por razones ideológicas; hoy, por razones económicas. Pero lo preocupante es que ese mismo criterio de ‘esfuerzo y austeridad’ no parece aplicarse para los casos de nepotismo, donde un asesor cobrará más que el Comandante en Jefe del Ejército. Un verdadero dislate”.
La legisladora también dijo: “En el año 2022 se puso en marcha un plan de jerarquización salarial de las Fuerzas Armadas para equipararlas con las Fuerzas de Seguridad. Dicho plan de adecuación salarial se comenzó a implementar en 2023, con el firme objetivo de mejorar el bienestar de nuestras Fuerzas Armadas y en reconocimiento al trabajo que realiza el personal militar en defensa de nuestra soberanía”.
En otro tramo de argumentos, Bonacci manifestó que “el destino de las Fuerzas Armadas depende exclusivamente de una decisión política” y preguntó: “¿Para qué queremos a las FF.AA. en Argentina? ¿Las mantenemos por tradición o porque las consideramos realmente necesarias? En caso de que el gobierno se las considere necesarias, ¿necesarias para qué? Si la necesidad está vinculada con el cumplimiento no sólo de la misión principal, sino también de las misiones subsidiarias”.
Por su parte, Taiana explicó días atrás que llamaba “la atención el incumplimiento del plan de jerarquización salarial por parte de un gobierno que hizo campaña con promesas de aumentos de presupuesto en el área de defensa, tanto en lo salarial como en lo referido al equipamiento y el fondo de inversiones para de la defensa”.
El ex ministro expresó que durante su gestión se recuperaron los ingresos del personal militar. En esa línea, aseveró: “Esto se logró con la voluntad política del gobierno anterior, que se comprometió desde el primer momento con el mejoramiento del bienestar de las FFAA. Primero, consiguiendo la tan demandada regularización de haberes, saneando la situación del IOSFA y, luego, implementando la jerarquización salarial”.
A inicios del corriente mes, Bonacci firmó un proyecto para derogar “la Ley 27610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE)”. En el texto también se reclaman penas de uno y hasta 15 años a quien practicara un aborto, según contara o no con el consentimiento de la mujer. Horas más tarde, el Gobierno se desligó del asunto y aclaró que no estaba en su agenda. La situación generó revuelo en la bancada que comanda Oscar Zago, que venía de un fuerte traspié con la caída de la Ley Ómnibus.
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