Javier Milei lleva 68 días de gobierno. Una mínima expresión de los cuatro años de duración de su mandato. Ese corto tiempo en el poder fue utilizado para tomar un paquete de profundas medidas económicas -devaluación, quita de subsidios, ajuste de cuentas públicas- e intentar aprobar la Ley Ómnibus, plan de acción que quedó trunco y desnudó la falta de praxis política y legislativa para lograr sacar adelante el ambicioso proyecto.
En esa misma cantidad de tiempo el Presidente abrió, en forma incesante, múltiples frentes de conflictos. La última semana estuvo marcada por apreciaciones agresivas a la cantante Lali Espósito, un nuevo capítulo de la pelea con los gobernadores, una denuncia penal del bloque de diputados de la UCR y un ida y vuelta con Cristina Kirchner, mayoritariamente ejecutado por voceros del gobierno.
“Falta que el Presidente le pegue al Chapulín Colorado y no queda nadie en la Argentina”, dijo, con humor cordobés, el gobernador Martín Llaryora, uno de los que comenzaron apoyando la gestión y, desde el fracaso legislativo, del que fue responsabilizado, pasó a ocupar el podio de los “traidores”. Esa descripción de dieciséis palabras es una foto fehaciente del momento que vive Milei.
El Presidente se pelea con todos. En el Gobierno explican que es la lucha pública que deben dar, amparados en la idea de que esa discusión tiene como objetivo de fondo exponer los privilegios de la política y las cajas negras desde donde se financian. Una batalla cultural, asentada en las redes sociales, que infla el relato político del gobierno libertario.
“Estamos llevando adelante una batalla pública muy fuerte para que algunas cuestiones de la vieja política no existan más y las conozca la gente. La esencia de la discusión tiene que pasar por ahí. Que la gente pueda entender en que gasta la política los impuestos”, sostuvo este viernes el vocero presidencial, Manuel Adorni. Esa línea argumental es la que atraviesa a todo el gobierno nacional y que Milei cumple a la perfección.
La pelea más extraña de los últimos días fue la que protagonizó con Lali Espósito a la que llamó, irónicamente, como “Lali Depósito”, asegurando que cobra de parte de las provincias dinero del Estado. Su avanzada contra la cantante tuvo una respuesta inmediata en el mundo digital, donde los libertarios se sienten fuertes. Seguidores, fanáticos y artistas respaldaron a Lali luego de que el Presidente volviera a apuntar contra ella y la acusara de vivir de “la teta del Estado”.
Ese descontento se sumó al rechazo que hay en el mundo artístico respecto a los recortes a la industria cultural, lo que genera, día a día, que músicos y actores sean consultados en distintas entrevistas y expresen su rechazo a la política libertaria. Cada una de esas expresiones se viralizan y se acumulan en las redes sociales. Una nube negra sobre la gestión de la cual Milei parece no tener intenciones de desmarcarse.
Recién el viernes, durante una entrevista radial, el Presidente decidió no nombrar a Lali Espósito. Evitó profundizar el conflicto con la artista. No hay argumentos para sostenerlo. Si el Gobierno quiere mostrar la utilización de los fondos de las provincias, nada tiene que ver lo que cobre la cantante. En la Casa Rosada nadie habla de estrategia política, si no de la esencia de Milei. Es lo que es. Antes, ahora y siempre.
En el Gobierno no hay una explicación concreta sobre los motivos que lo llevaron a Milei a pelearse públicamente con Espósito, solo hacen hincapié en que los gobernadores que se quejan por la quita de subsidios al transporte, son los mismos que “pagan fortunas” por contratar a cantantes populares como ella. El debate público pasa por la quita de fondos a las provincias. Es una discusión económica y política en la que la la cantante poco tiene que ver.
Milei está enfrentado a la mayoría de los gobernadores - sin distinción de partidos políticos - y a los bloques de legisladores de la oposición dialoguista - donde sobresalen Hacemos Coalición Federal y la UCR. Su decisión de quitar los subsidios al transporte en el interior del país y frenar la obra pública generó que en las últimas horas los intendentes que se nuclean en la Federación Argentina de Municipios (FAM) y un grupo de jefes comunales que gobiernan las principales ciudades del país apunten directamente contra la Casa Rosada.
Todo es conflicto. Tono elevado, nuevos enemigos y una avanzada dialéctica que tiene al Presidente como el jefe de la infantería. El clima social está contenido pese a los aumentos que se conocen cada día. Los útiles, la prepaga, el pasaje de colectivo, tren y subte, la carne, la verdura, los alquileres, las expensas, las cocheras, los colegios, los medicamentos. El aumento parece no tocar techo pero, por ahora, la gente lo absorbe y lo banca. Ese es el gran objetivo del oficialismo. Que la tolerancia social se extienda en el tiempo con la promesa de un futuro mejor que corrija las desprolijidades del pasado.
En el oficialismo hablan de un rebote en “V”. Llegar al suelo, tocar el fondo y volver a escalar. Lo que no existe es una respuesta sobre cómo se contendrá a la clase media que se empobreció abruptamente en dos meses. A los que no les llega la ayuda sistemática del Estado y a los que su sueldo formal, en blanco y pagado a principio de mes, no se le modifica. Recesión y pobreza. Es un combo peligroso con el que el Gobierno sabe que convive. Pero aseguran que será solo un invierno duro en medio del otoño. Después vendrá el crecimiento apoyado en el tan preciado déficit cero. Optimismo libertario.
El próximo martes, con la intención clara de bajar el nivel de confrontación, el ministro del Interior, Guillermo Francos, viajará a Salta y se reunirá con el gobernador Gustavo Sáenz y otros mandatarios del norte. Es el primer gesto de distención claro luego de la catarata de acusaciones de Milei. Es una señal que divisa la necesidad de tener cintura política y evitar ir a todo o nada en forma permanente. Francos arregla lo que el Presidente rompe. Esa parece ser la dinámica. Si da resultado o no, se verá en los próximos meses.
El ministro del Interior mantiene activa la comunicación con los gobernadores. Aunque tiene la credibilidad dañada por los vaivenes de las negociaciones en la Ley Ómnibus, los mandatarios siguen viendo en él al único punto de contacto serio con la Casa Rosada. La pata política que intenta, con un esfuerzo pragmático, no desalinearse del modelo libertario que instauró Milei y, al mismo tiempo, generar algún tipo de estabilidad para ralentizar el desgaste de la gestión de gobierno.
La decisión de no girar más el Fondo de Incentivo Docente le abrió un frente de batalla con los docentes estatales, la paritaria trunca de los ferroviarios derivó en un paro general para el próximo miércoles, la CGT está evaluando hacer un segundo paro luego del fracaso de la reunión para establecer el salario mínimo. El peronismo en su conjunto está retraído, esperando que el Gobierno se degrade, a pasos agigantados, por el impacto de sus medidas económicas. El mapa está plagado de minas enterradas.
En el Gobierno estiman que marzo y abril “serán meses muy duros” y creen que la recesión comenzará a licuarse lentamente en el segundo semestre. Mientras tanto, evalúan el pago de un bono para los jubilados durante marzo y un ajuste por la ley de movilidad jubilatoria. Además, analizan alguna otra medida que pueda aliviar el impacto del aumento de precios. En Balcarce 50 no hay precisiones al respecto.
Advierten también que en el momento más duro de la economía doméstica, el peronismo puede volcarse masivamente a la calle. El tema central es que no lo haga la clase media. Es determinante que ese sector aguante la presión del programa económico de ajuste dispuesto por Milei. “¿Cuál es la otra opción a esta propuesta?”, se preguntan los principales funcionarios del Gobierno. Hay un plan A. Solo un plan A.
El 1 de marzo el Jefe de Estado le hablará a los diputados y senadores en el Congreso para abrir las sesiones ordinarias. Se reencontrará con los legisladores a los que llamó coimeros, valijeros, delincuentes y antipatria. Una extraña forma de construir consensos en un Congreso atomizado. Será un momento clave en el segundo tramo del Gobierno. Una instancia para saber si baja su nivel de confrontación con los diferentes integrantes del arco político o si, una vez más, redobla la apuesta y avanza a fondo contra todos.