La caída de la Ley Ómnibus en el parlamento le impide a Javier Milei -al menos por ahora- manejar a discreción los $1,5 billones distribuidos a través de, al menos, 29 fideicomisos. Los gobernadores, y otros sectores, que se oponían con fuerza a la aprobación del inciso “h” del artículo 4° del proyecto que le otorgaba al mandatario “transformar, modificar, unificar o eliminar asignaciones específicas, fideicomisos o fondos fiduciarios públicos creados por normas con rango legal, inclusive los destinados a subsidios, revisar su procedencia y destino para lograr una mayor racionalidad, eficiencia, eficacia, transparencia y control del uso de recursos públicos”.
El gobierno de La Libertad Avanza entiende que esa fortuna, que representa casi dos puntos porcentuales del Producto Bruto Interno (PBI) del país, es una “caja negra” que tiene escasos o nulos controles y que fue defendido a capa y espada por “la casta” para no perder sus “privilegios” que obtienen a través de ellos. Entre los fondos cuestionados se encuentra el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU).
Las organizaciones piqueteras y movimientos sociales peronistas se manifestaron de manera activa para que los diputados no aprueben ese inciso, ya que ellos, a través de sus cooperativas, reciben el 9% de esos fondos destinados a promover la integración socio urbana de asentamientos inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares, y que incluyen tierras de propiedad del Estado Nacional, de las provincias o municipios cedidos para ese fin.
Algunos de esos predios “cedidos” fueron por derivación de mega tomas de tierras como ocurrió en Los Hornos, en La Plata.
Los datos de la Secretaría de Hacienda revelan que, a septiembre de 2023 -último dato publicado-,al Fondo de Integración Socio Urbana le fueron transferidos $58.010 millones, el sexto en importancia. El primero es el Sistema de Infraestructura de Trasporte, que, a la misma fecha, tuvo giros por 441.241.394.679.
Durante la gestión de Alberto Fernández, el FISU estaba bajo la responsabilidad del Ministerio de Desarrollo Social, y era administrado por la Secretaría de Desarrollo Territorial y Hábitat, y con el BICE como fiduciario.
La secretaria de Integración Socio Urbana, que tenía bajo su órbita el Registro Nacional de Barrios Populares y el FISU era Fernanda Miño, la dirigente social del Movimiento Trabajadores Excluidos (MTE), la organización que tiene al ex precandidato presidencial de Unión por la Patria, Juan Grabois como a uno de sus máximos referentes y que en la actualidad conduce Nicolás Corapresi.
El Fondo de Integración Socio Urbana fue creado por el Decreto 819/2019 al final del gobierno de Mauricio Macri conforme lo definido en la Ley 27.453, y “tiene como objetivo principal el financiamiento de proyectos de integración socio urbana para los Barrios Populares que se encuentren inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP) y la creación de lotes con servicios”, según se escribe en su página web y que ahora depende del Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello. “Las obras a realizarse en los Barrios Populares deberán adjudicarse, en un 25% como mínimo, a las cooperativas de trabajo u otros grupos asociativos de la economía popular integradas, preferentemente, por los vecinos y vecinas de los barrios”.
Esas cooperativas, con mínimas excepciones, como algunas organizaciones de izquierda, pertenecen los movimientos sociales nucleados en la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), integrada, entre otras, por el Evita de Emilio Pérsico y Somos/Barrios de Pie, referenciado en Daniel Menéndez; ambos funcionarios de Desarrollo Social durante la gestión Fernández; el MTE del abogado Juan Grabois; la Corriente Clasista y Combativa (CCC) del ex diputado nacional Juan Carlos Alderete -ex integrante de la bancada del Frente de Todos, actual Unión por la Patria; y, entre otros, por el Movimiento Misioneros de Francisco, liderado por Esteban “Gringo” Castro, ex secretario general de la UTEP y dirigente del Evita.
El 4 de noviembre de 2022, Alberto Fernández, que gobernó los cuatro años de su mandato aliado a los movimientos sociales que abrevan en las diferentes vertientes del peronismo (el kirchnerismo incluido), firmó el decreto 728/2022.
En esa medida, el mandatario ponía fin a las nuevas incorporaciones al plan Potenciar Trabajo, pero, a su vez, promovió en favor de las “Cooperativas de Trabajo de la Economía Popular” el otorgamiento del 30% de la obra pública, bajo la modalidad de contratación que corresponda para montos de $300 millones o menos.
Este monto se aclara, “será actualizado conforme lo disponga la autoridad de aplicación, y tomando como indicativas las especialidades de las cooperativas”.
Fernández, además, instruyó a la Oficina Nacional de Contrataciones a incorporar como parte de la evaluación de oferentes para la obra pública un margen de preferencia para aquellos que acrediten tener un 5% de sus trabajadores vinculados a través del programa “Puente al Empleo”, una iniciativa del Gobierno para “transformar planes sociales en trabajo genuino”.
Es decir, beneficiaba de manera directa con sumas millonarias a las cooperativas de trabajo de los movimientos sociales que formaban parte del gobierno o afines a él.
Las organizaciones de izquierda, por lo general no tienen cooperativas, por eso la inmensa mayoría, no calificaban para ese beneficio.
Los fondos del FISU son alimentados por el impuesto PAIS que se dictó a través de la ley 27.541. La alícuota es del 30% en el caso de la compra de moneda extranjera, gastos con tarjeta de débito y crédito en moneda extranjera, y servicios turísticos en el exterior. No obstante, el porcentaje varía según el tipo de operación que se efectúe o el servicio que se consuma.
El artículo 42 de esa disposición define cómo el Poder Ejecutivo deberá distribuir el producto de dicho impuesto: un 70% destinado a programas y prestaciones de la ANSES y el PAMI. Y un 30% a distribuir entre el FISU, obras de infraestructura económica y el fomento del turismo nacional.
Dicha ley fue complementada, entre otros, por el Decreto 184/2020 en el cual el Ejecutivo, en el marco del artículo citado anteriormente, define que el 30% se divida de la siguiente manera: un 30% al Fondo de Integración Socio Urbana, un 65% a obras de infraestructura económica y un 5% al fomento del turismo nacional.
Es decir, que al Fondo de Integración Socio Urbana se destina un 9% del total del impuesto. Esto fue, en 2023, casi seis mil millones de pesos.
Los días previos al tratamiento de la Ley Ómnibus en la Cámara Baja, la UTEP y sus principales dirigentes hicieron campaña para contra la intención de Milei de tomar el control total de los fideicomisos, entre ellos, los del FISU.
“El artículo 211 y el 6 de la Ley Ómnibus planea la eliminación de la asignación específica al financiamiento de la política de integración socio urbana. No se pueden mejorar los barrios populares sin la herramienta del financiamiento”, describía la UTEP a través de sus redes sociales. E informaban que: “En la actualidad existen 6.467 barrios populares en el ReNaBaP” y describe que en cada uno de esos lugares “viven más de 1.200.000 familias”, esto es más de cuatro millones de personas.
Sobre estos fondos, parte de los cuales eran derivados a las cooperativas de los movimientos sociales, y que formaban parte del “inciso h”, quería echar mano Milei para administrarlos a su conveniencia.
Después de más de 50 horas de debate, quedó claro que fueron la clave económica detrás del fracaso de la Ley Ómnibus y a la que se aferran los gobernadores, y también los piqueteros peronistas.