Las propuestas de Cristina Kirchner en economía, salud, seguridad y educación; ¿una plataforma electoral?

La expresidenta Cristina Kirchner recobró centralidad política este miércoles luego de publicar un documento de 33 páginas que contiene fuertes cuestionamientos al núcleo del programa de gobierno de Javier Milei.

La exmandataria expone su visión económica y apunta especialmente contra el ministro de Economía, Luis Caputo, a quien hace responsable por la tercera crisis de deuda que cree que se está gestando. El funcionario respondió públicamente ese planteo.

El paper también incluye una mirada sobre el futuro del país, en donde la ex jefa de Estado expone varios desafíos que debieran ser abordados. La descripción, en términos políticos, se asemeja a una plataforma electoral de propuestas que -según advierte la exvicepresidenta- no es de carácter taxativo, sino enumerativo.

Incluye definiciones sobre el rol del Estado, economía, seguridad, reforma laboral y educación -entre otros puntos-.

A continuación, las principales propuestas de Cristina Kirchner:

“Estamos de acuerdo en que la Argentina debe revisar la eficiencia del Estado, y que no basta con la consigna del “Estado presente” para resolver los problemas del país, que son demasiados. Se debe analizar y controlar la correcta asignación de recursos para poder corregirla, en caso de ser necesario”.

“Sí nos parece fundamental discutir un sistema tributario simplificado con pocos impuestos en cantidad -para ordenar y facilitar la vida, en especial de las PyMES que por lo general llevan una contabilidad muy doméstica y son las principales generadoras de trabajo en la Argentina- pero muy estricto en su cumplimiento con normas que aumenten la percepción de riesgo por elusión y evasión”.

“Debe tratarse de un sistema progresivo que no solo contemple los flujos, sino también el stock y revise los gastos tributarios que expresan excepciones, exenciones y alícuotas quebradas a distintos grupos y sectores de la economía”.

“Por su parte, sostenemos la necesidad de replantear el actual sistema público de salud, cuya descentralización (entre Nación, provincias y municipios), fragmentación (entre los subsistemas público, de obras sociales y prepagas) y mala regulación, han ido provocando su debilitamiento y, fundamentalmente, su inequidad e ineficiencia en términos de asignación de recursos. Todo ello en un país que tiene uno de los mayores niveles de inversión en salud de toda Latinoamérica. A ello se le agrega que la expansión del complejo médico-industrial (nuevos medicamentos, nueva tecnología, nuevas enfermedades y nuevas prácticas), sin una revisión del sistema, se torna imposible de financiar. Mientras tanto, los “tiempos de acceso” (esperas por turnos, trabas burocráticas, autorizaciones, etc.) se alargan cada vez más tanto en hospitales y salitas como en el sector privado también, condenando al pueblo a una peregrinación sanitaria indigna y a los profesionales de la salud a una tensión que quiebra la relación médico-paciente”.

“Resulta ineludible discutir seriamente un plan de actualización laboral que brinde respuestas a las nuevas formas de relaciones laborales surgidas a la luz de los avances tecnológicos y de una pandemia que trastocó todos y cada uno de los ámbitos de la vida de las personas. Teletrabajo y plataformas digitales, que intermedian entre oferta y demanda, son algunas de las modalidades que se deben amparar normativamente”.

“Sin embargo, las formas de contratación laboral ya incluidas en nuestro sistema legal también deben ser revisadas, mediante la actualización de los convenios colectivos de trabajo -muchos de los cuales datan de décadas atrás- teniendo en cuenta las nuevas realidades antes mencionadas. Estas actualizaciones deben respetar los derechos conquistados por los trabajadores, pero también deben realizarse bajo el concepto de que una vez consagrados, los derechos acarrean obligaciones que deben cumplirse. De lo contrario, el ejercicio de un derecho sin el cumplimiento de sus obligaciones correlativas, no es mas ni menos que un privilegio”.

“También creemos que levantar la escuela pública de la que somos hijos significa pensar cuál es la razón entonces por la que parte de los sectores medios y medios bajos hacen un esfuerzo para enviar a sus hijos a escuelas de gestión privada para que tengan clases todos los días”.

“También queremos discutir la integración de la empresas del estado tanto por vía de la participación del capital privado como de las provincias, en el caso de que sus recursos estén afectados a la explotación económica de aquellas, como así su cotización en bolsa para agregar valor y eficiencia bajo la forma de una asociación pública y privada virtuosa”.

“Estamos dispuestos a discutir un régimen de incentivo a las grandes inversiones pero que agreguen valor y transfieran tecnología. Lo contrario sería reprimarizar nuestra economía y condenarnos al extractivismo”.

“En materia de seguridad debemos abandonar el consignismo. Con la desigualdad social por un lado o el gatillo fácil por el otro, no puede elaborarse ningún plan de seguridad. Que no nos vengan a correr los que durante la gestión de Macri designaron a cargo de la escuela de inteligencia del Ministerio de Seguridad a una Miss Argentina. Se debe desarrollar más inteligencia para desarmar la criminalidad organizada y policía de proximidad para la prevención”.

“En este sentido, la video vigilancia puede ser un método eficaz en el marco de las nuevas tecnologías (drones de vigilancia, cámaras operadas con inteligencia artificial, anillos de seguridad, entre otros). Existen experiencias provinciales y municipales para tomar como referencia. Un plan de seguridad exige una conducción política que apunte a la transparencia y combata la corrupción de las fuerzas de seguridad, al tiempo que también evite la autonomización de las mismas”.

“A diferencia de lo que se afirma habitualmente, en cuanto a que el principal problema de la economía argentina es el déficit fiscal y la principal causa de la inflación, la emisión monetaria necesaria para cubrirlo; nosotros sostenemos que la inflación en Argentina se dispara ante la escasez de dólares y que el endeudamiento compulsivo en dicha moneda no hace más que agravar dicha escasez al profundizar la ya conocida y estructural restricción externa de nuestra economía bimonetaria”.

Hay tres puntos en los que sí CFK pide ser taxativos.

“Significaría perder para siempre la posibilidad de desarrollo de nuestro país”.

“Otorgar patente de corso para que Milei y Caputo sigan endeudando al país en dólares, mediante la derogación de las leyes de Sostenibilidad de la Deuda y la eliminación de las restricciones existentes en materia de reestructuración de deuda externa, significaría una verdadera catástrofe de carácter irreparable”.

“La actual conformación política del sistema de poderes en Argentina, puede caracterizarse a partir del análisis del proceso iniciado en las elecciones del año pasado que marcó la constitución de tercios exactos en las PASO; que en las elecciones generales se reacomodó cuando uno de esos tercios obtuvo la mayor cantidad de votos alcanzando el 36,6%, el que había salido primero mantuvo su tercio y el tercero se desplomó por completo, obteniendo apenas el 23,8%. Ya es sabido que en el balotaje la gente determinó que Javier Milei sea el titular del Poder Ejecutivo. El resultado electoral y las divisiones políticas posteriores conformaron un Poder Legislativo más fragmentado aún.
La situación del país y la responsabilidad de quienes han sido elegidos para gobernar y legislar van a requerir la construcción de un sistema de acuerdo parlamentario”.

“Ese sistema de acuerdo parlamentario no puede tener una lógica de mercado persa o de toma y daca indigno por cargos, recursos y vaya a saber qué otra cosa -antecedentes históricos gravísimos hay-. Las Provincias necesitan los recursos que les corresponden por leyes, decretos o acuerdos previos que surgen del presupuesto 2023 -que es ley de leyes- y que les están siendo ilegalmente retenidos. Esto no es “castigar a los gobernadores”, sino perjudicar a todos los argentinos y las argentinas que, salvo en CABA, viven en las 23 Provincias. Cuando hablamos de toma y daca queremos ser claros: canjear recursos para las provincias a cambio de facultades extraordinarias o permiso ilimitado para endeudar aún más al país en dólares y privatizar patrimonio nacional a ciegas, coloca a quienes lo hagan en abierta contradicción con el Art. 29 de la Constitución Nacional”.