El Congreso se muestra otra vez como prueba central para Milei: sesiones extraordinarias y negociación con Macri

El círculo de Javier Milei deja trascender que no existe apuro para definir los alcances de un posible acuerdo con Mauricio Macri. Cerca del ex presidente señalan un recorrido propio en terreno interno como paso previo a tratativas mayores. Y las especulaciones, nunca del todo cerradas, dicen que el foco se habría ceñido al terreno legislativo. Eso, por lo pronto, repone el foco en una realidad difícil de eludir: el Congreso como ámbito y prueba política. El Presidente debe decidir si extiende las sesiones extraordinarias y con qué sistema de alianzas, coyunturales o más de fondo, se mueve después del desenlace de la Ley Ómnibus.

Los tiempos y algunos objetivos expuestos en el discurso del oficialismo agregan pinceladas de incertidumbre al cuadro. Mañana, jueves, finaliza esta etapa de sesiones extraordinarias y Milei debe resolver si la extiende hasta fin de mes. Después, comenzará el ciclo ordinario y se verá qué hace el Ejecutivo, empezando por el acto formal de apertura. El temario, entonces, ya no dependerá exclusivamente de su voluntad.

No sólo se trata del calendario, breve. También sobresalen algunos pasos que se propondrían al Gobierno y otros provocados por frenos a la estrategia inicial. El ejemplo más notorio es la reforma laboral, con el agregado de la batalla que asoma en el horizonte por el manejo de los fondos especiales destinados a las obras sociales de los sindicatos. El tramo del DNU destinado a modificar legislación del trabajo fue bloqueado en la Justicia, como consecuencia de recursos de los jefes cegetistas. Y desde hace rato circula la versión sobre la insistencia por la vía de un proyecto de ley.

El interrogante es qué movida imagina el Gobierno para recomponer relaciones en Diputados, luego de la carga especialmente dirigida a sectores de la oposición “dialoguista”, es decir, la UCR, Hacemos Coalición Federal y otros espacios, vinculados casi todos a gobernadores. Constituye el epílogo del desmanejo con la Ley Ómnibus y su caída. El PRO acompañó de manera bastante amplia y, como se verá, la tensión fue repuesta por los lugares que podría ocupar si finalmente hay acuerdo para funcionar en conjunto.

El asunto puede ser visto de otro modo en el Senado, pero con similar interrogante sobre del juego que busca imponer LLA, en su condición de minoría. El oficialismo logró un delicado tejido que le permitió garantizarse los cargos decisivos para el manejo de la Cámara. Fue un entendimiento con el PRO, la UCR y espacios provinciales. Todo con números ajustados. No pudo, en cambio, imponer la ley de Boleta Única de Papel. Y ahora intentaría, si dan los tiempos, avanzar con el proyecto sobre lavado de activos.

En este último caso, el punto es si son extendidas las sesiones, como un gesto que debería trascender al Congreso y atender recomendaciones internacionales. Pero antes, la cuestión es si el oficialismo consagra, aunque funcione ley por ley, algún sistema de alianzas como el que le permitió asegurar las autoridades de las dos cámaras. No se condice eso mismo con la ofensiva discursiva de Milei contra la “casta” legislativa, que cruzó todos los límites con exposición de diputados que rechazaron algunos de los artículos del megaproyecto y, en paralelo, con una andanada sobre los gobernadores.

La explicación sobre la tendencia a la fabricación del “enemigo” parece insuficiente y se transforma en alarmante cuando se proyecta al extremo de una advertencia de gobernar sin el Congreso. En la práctica, surge una contradicción inicial, en el supuesto de que realmente la estrategia apunte a un entendimiento con el PRO, amplio o acotado al Congreso.

La alternativa de un entendimiento entre el LLA y el PRO es considerada -incluso en medios opositores ajenos a las conversaciones de Milei y Macri- como un elemento que podría ordenar el tablero en el Congreso, aun lejos de garantizar el número. Ordenar significaría, en primer lugar, mejorar el ámbito de negociaciones y acuerdos legislativos.

Hay elementos que por repetidos superan las explicaciones sobre inexperiencia y hablarían de un mecanismo, más bien rudimentario, para limar expectativas, en el caso de posibles socios, o especular con el “peso del voto” o el “aval social” del Gobierno, en base a la lectura limitada del balotaje.

Resultó llamativo que las versiones sobre una renovada negociación con Macri partieran en primer lugar desde el circuito presidencial, con el añadido de la referencia a una rápida y amplia coronación, es decir, en el Congreso y en niveles de gestión. Con sentido común y experiencia de recorridos previos, algunos macristas señalaban que este tipo de trato sólo es difundido cuando están cerrados o muy avanzados. En sentido inverso, producirían desgaste o, al menos, le bajarían el precio al aporte del nuevo socio.

Como sea, fuera de versiones sobre ajustes en segundas líneas ministeriales -categoría inaplicable, por ejemplo, a la Anses, que quedó vacante-, la perspectiva de un entendimiento en Diputados -después se vería el Senado- recreó sospechas y recelos en los espacios del oficialismo y del PRO. Para empezar, es recordada la pulseada por la presidencia de la Cámara baja, que fue para Martín Menem y no para Cristian Ritondo. Ese cargo es clave para el manejo legislativo, por encima del jefe de bloque o interbloque oficialista.

Tanto la LLA como el bloque amarillo arrastran sus internas. La posibilidad de alguna compensación fuera del Congreso -reaparece la Anses en el imaginario de las tratativas- parece insuficiente para resolver la cuestión de fondo: el tipo de mecánica que impulsa Milei, lejos del cogobierno -que todos rechazan- pero con sentido práctico y compromisos claros.

En la misma línea se anota el vínculo con los gobernadores. El Gobierno decidió tratar al conjunto de jefes provinciales -ninguno oficialista- como un todo y en la vereda enemiga. Parece insostenible en el tiempo, más allá de que algunas medidas resulten previsibles incluso para gobernadores que mantienen la expectativa de una relación razonable con el Ejecutivo nacional. Milei y, sobe todo, Luis Caputo terminan presentando el “ajuste” sobre las provincias no como una necesidad para enfrentar la crisis sino como un castigo por el voto que precipitó la caída de la ley ómnibus.

También en este terreno, no está claro cómo conjugar tales cargas y supuestos objetivos del Gobierno. Además del riesgo institucional, asoma un interrogante práctico: ¿tiene sentido un entendimiento político -en este caso, con el PRO y aún restringido al Congreso- a la par de un enfrentamiento sin retorno con los gobernadores de todo el país? Los jefes provinciales gravitan en mayor o menor medida en el Senado y, en esta etapa, en Diputados.

Los tiempos corren, no sólo para definir la continuidad o no de las sesiones extraordinarias.