Los gobernadores evalúan una ofensiva judicial por la quita de subsidios que dispuso Milei

El presidente de la Nación, Javier Milei, continúa su estrategia política de confrontación contra el Congreso y los gobernadores tras el traspié que implicó no poder aprobar la Ley de Bases y Puntos de Partida Para la Libertad de los Argentinos. Durante la semana, expulsó su furia en las redes sociales con ataques directos a mandatarios provinciales y legisladores por considerarlos “traidores” y “delincuentes”. Esas diatribas prepararon el terreno para la declaración formal de guerra: el Gobierno dio a conocer el jueves la decisión de eliminar el Fondo Compensatorio del Interior que era destinado para subsidiar las tarifas del transporte público en las provincias. La medida puso en alerta a los gobernadores.

Ese fondo contemplaba unos $102.000 millones. Sin la Ley Ómnibus, el Gobierno decidió avanzar en la meta de déficit fiscal serio mediante recortes a fideicomisos y partidas presupuestarias destinadas a las provincia. Según analizan los mandatarios provinciales, se trata de una embestida que busca garantizar el equilibrio fiscal nacional a costa de desequilibrar a las provincias. Detrás de la medida económica existe una intención política de acorralar a los gobernadores para que cedan sus presiones y acompañen a sobre cerrado el programa económico de Milei.

A su vez, los gobernadores del interior analizan que la medida de Milei tiene un sesgo unitario, al excluir de la decisión al Área Metropolitana de Buenos Aires. Según pudo conocer Infobae a través de Presupuesto Abierto, y en diálogo con las provincias, el Gobierno nacional destina actualmente $88 mil millones en subsidios mensuales al AMBA sólo por colectivos. Esa cifra no incluye subtes ni trenes, medios de transporte que prácticamente no hay en el interior (el tren no llega a todas las ciudades). En cambio, a todo el interior, el Estado le giró en el último trimestre alrededor de $11 mil 500 millones por mes.

Conforme la última devaluación que dispuso el Gobierno nacional en diciembre último, que llevó el dólar oficial a $800, y al crecimiento de la inflación, en las provincias estiman que la cifra por subsidios al transporte se iría a iría a $150 mil millones por mes para el AMBA, mientras que para el interior sería cero. “Esto es reeditar la pelea entre unitarios y federales antes de la federalización de Buenos Aires en 1860″, renegó ante este medio un gobernador del norte.

En este escenario, algunos mandatarios ya instruyeron a sus equipos legales para evaluar alguna estrategia judicial. En Córdoba, por ejemplo, no descartan insistir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación con el histórico reclamo de la deuda con Nación por las Cajas de Jubilaciones. En Santa Fe no contemplan aún un escenario de judicialización, aunque señalan que el Estado nacional les debe $660 mil millones del sistema previsional.

En Chubut y en Mendoza no descartan interponer una acción cautelar ante el máximo tribunal para impedir que la Nación recorte los fondos destinados al transporte en esas provincias. De hacer lugar la Justicia, el Gobierno se vería obligado a sostener las partidas a esos distritos mientras los cortesanos analicen y resuelvan el problema de fondo.

Si bien cada provincia y cada caso es particular, con una sola provincia que obtenga el visto bueno de la Corte Suprema será suficiente como precedente para que el resto de los estados subnacionales apelen a la misma vía. La vía judicial es una posibilidad que evalúan los gobernadores si Milei no depone la confrontación contra las provincias.

A la par de los subsidios al transporte, hay 13 provincias que tienen un sistema previsional propio. En esos casos, la Anses cubre una parte del déficit de las cajas de jubilaciones no transferidas. El resto de las provincias, en cambio, transfirieron sus cajas jubilatorias al Estado central luego de la reforma constitucional de 1994.

Esa situación implicó numerosas demandas judiciales entre las provincias que tienen un sistema previsional propio contra la Nación. El caso de Córdoba es, posiblemente, de los más icónicos. Esa provincia estuvo en pie de guerra con la Casa Rosada durante años. Durante la presidencia de Mauricio Macri y la gobernación de Juan Schiaretti, ambas partes habían llegado a un principio de acuerdo. Sin embargo, los cordobeses sostienen que aún Balcarce 50 no canceló la deuda por las cajas jubilatorias y evalúa con insistir en la Corte con el mismo planteo.

Tras la caída de la Ley Ómnibus, Milei apuntó centralmente contra Córdoba, Salta, Misiones, Río Negro y Santa Fe como las provincias que “no cumplieron lo pactado” para apoyar al Gobierno en el Congreso. El santafesino Maximiliano Pullaro se desmarcó de esa acusación. Integrante de la Liga de 10 gobernadores de Juntos por el Cambio, asegura que los legisladores de su partido, la Unión Cívica Radical, y de su provincia, acompañaron la normativa.

Desde el Gobierno señalan que hubo legisladores de Santa Fe que votaron en contra de la Ley. Se trata de las bancadas socialistas, que habitan en el bloque Hacemos Coalición Federal. Pullaron aclara que no son legisladores que le respondan, pese a que en su provincia tiene una alianza con el ese partido. El santafesino mira para adelante, no repara en los ataques personales que recibió de Milei y apuesta a “seguir dialogando”.

Idéntica actitud adoptan gobernadores como Rogelio Frigerio, de Entre Ríos, Marcelo Orrego, de San Juan, o Jorge Macri de la Ciudad de Buenos Aires. Nacho Torres, de Chubut, y Alfredo Cornejo, de Mendoza, no ocultan su malestar por la actitud de Milei. Ambos, así como también el resto de sus colegas de JxC, fueron de la idea original de “colaborar con la gobernabilidad” del Poder Ejecutivo. Eso dado que se trata de un Gobierno que asumió en hiper minoría parlamentaria y sin ningún gobernador, es decir, sin poder territorial.

Sin embargo, están en alerta por la actitud agonal que sostiene el Jefe de Estado. Martín Llaryora, gobernador de Córdoba, fue uno de los impulsores de la idea de coparticipar el Impuesto PAÍS, ante la negativa de Milei a ceder en otros puntos del capítulo fiscal de la Ley Ómnibus. Los legisladores cordobeses votaron por la negativa varios incisos clave de las bases para instrumentar las facultades delegadas que pedía el Ejecutivo en la Ley Ómnibus.

Desde entonces, Llaryora quedó en la mira del Gobierno. Idéntica postura asumió Milei con Gustavo Sáenz, el salteño. El Presidente les pagó a ambos con el mismo castigo: echó a los dos funcionarios nacionales provenientes de esas provincias. El cordobés Walter Giordano fue eyectado como titular de la ANSES, mientras que la salteña Flavia Royón quedó afuera de la Secretaría de Minería.

Esta confrontación con la Nación unió a los gobernadores. A la Liga de JxC se le sumaron las provincias del peronismo no kirchnerista, que tienen a Llaryora como principal exponente. No obstante, los gobernadores no tienen una estrategia clara, persiguen intereses y reclamos distintos, por lo cual no hay certezas de que la concertación devenga en un dispositivo político de resistencia a Milei.

Una idea que sí gana fuerza es la de avanzar en un nuevo pacto fiscal. El último intento fue en 2017, en el gobierno de Macri. Rogelio Frigerio, entonces ministro del Interior, fue uno de los arquitectos de aquel acuerdo. Por estos días, el entrerriano apela a la prudencia y trata de tender puentes entre sus colegas para aunar criterios y generar una propuesta a la Casa Rosada. El primer paso en ese sentido será rencauzar el diálogo. Hoy los puentes están cortados. Si no se encuentra una salida política, la confrontación entre el interior y la Casa Rosada amaga con una judicialización que conduzca a una parálisis decisional del Ejecutivo y a una crisis institucional.