La primera etapa de la gestión duró muy poco. Apenas dos meses. Intensos, conflictivos, vertiginosos, populares. Pero dos meses. Demasiado poco para un gobierno de cuatro años. El golpe legislativo por la caída de la Ley Ómnibus fue duro. Aunque el oficialismo lo intente relativizar asegurando que era un escenario posible.
El impacto y sus consecuencias están íntimamente ligados a la reacción de Javier Milei y su gobierno. De la acusación de traidores a los opositores dialoguistas y gobernadores, a la decisión de rediseñar la estructura gubernamental y encaminarse a la fusión ejecutiva y legislativa con el PRO. La reconversión de la identidad política.
El viernes por la tarde el Jefe de Estado ejecutó lo que durante toda la semana se cultivó en los pasillos de la Casa Rosada: le pidió la renuncia al cordobés Osvaldo Giordano, a cargo del ANSES, y a la salteña Flavia Royón, titular de la Secretaría de Minería. Ambos fueron desplazados del Gobierno como consecuencia del fracaso de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos.
Ninguno de los dos votó ni estuvo inmiscuido en las negociaciones parlamentarias. Y el Gobierno no hizo ningún tipo de planteo público relacionado a inconvenientes en la gestión. El vocero Manuel Adorni había planteado en conferencia de prensa que si había alguna salida del gobierno nacional iba a estar relacionada a la gestión, no a la política. No fue así y quedó a la luz.
Giordano, reconocido en el mundo de la política nacional como uno de los dirigentes que más conocen el sistema previsional, fue echado porque su esposa, la diputada Alejandra Torres, del bloque Hacemos Coalición Federal, rechazó en su votación algunos incisos de la Ley Ómnibus. Royón fue despedida porque los diputados Pamela Calletti, Pablo Outes y Yolanda Vega, del bloque Innovación Federal, votaron en sintonía con Torres. Ningún problema de gestión.
El corrimiento de esos funcionarios fue absolutamente político. Incluso así lo argumenta el comunicado oficial emitido por la oficina del Presidente. “La crisis económica heredada y el momento histórico actual requieren funcionarios públicos comprometidos con la modernización, simplificación y desburocratización del Estado”, indicó el texto.
A través de esos desplazamientos Milei buscó castigar a los gobernadores de Córdoba, Martín Llaryora, y de Salta, Gustavo Sáenz, con los que había trabado una buena relación apenas sesenta días atrás. Un puñal más sumado a la eliminación de las transferencias discrecionales, el freno a las transferencias de fondos para el incentivo docente, el freno a la obra pública y la quita de subsidios del estado nacional a las empresas de colectivos del interior del país.
El Presidente está dispuesto a ir a fondo en su enfrentamiento con los gobernadores. En la lista de traidores también incluye al jujeño Carlos Sadir, el neuquino Rolando Figueroa y el santafesino Maximiliano Pullaro. A todos ellos se suman los mandatarios de Unión por la Patria, salvo el tucumano Osvaldo Jaldo, que rompió el bloque que conduce Germán Martínez y se mostró en sintonía con la Casa Rosada.
En paralelo, en la vida del Gobierno, las renuncias de ambos fue una batalla interna ganada por el asesor Santiago Caputo, quien venía insistiendo en la necesidad de dar un golpe de timón y echar a todos los funcionarios ligados a los gobernadores. En esa pequeña disputa salió perdiendo la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, que en los últimos días le había pedido al Presidente que no saque de su cargo a Giordano. Una puja de poder con un claro ganador.
Es Caputo también quien apoya e incentiva la nueva grieta que está construyendo Milei y que ha dejado expuesta en sus últimas intervenciones mediáticas. “Lo que ha pasado es muy interesante porque demostró quiénes son los que están del lado del cambio y quiénes son los estafadores y están en política no para servirle a la gente sino para hacer negocios”, explicó este sábado el Presidente durante una entrevista con Radio Mitre.
El relato sobre políticos que aceptan el mandato del pueblo y traidores que resguardan sus privilegios de la vieja política estaba construido antes del fracaso de la Ley Ómnibus. Es la apertura de una grieta peligrosa que tiene una intencionalidad política: mantener el respaldo popular culpando a los que no están alineados al Gobierno por oponerse a lo que Milei considera que son cambios fundacionales. El oficialismo busca exprimir al máximo los votos del balotaje.
Amigo o traidor. No existen los grises.
En Córdoba no hubo ecos de la salida de Giordano. Aseguran que la convocatoria fue hecha exclusivamente por el Presidente y que si no hubiese ido al gobierno nacional, seguramente hubiese formado parte del esquema de gestión de Llaryora. “Giordano no está vinculado a nosotros. No nos genera nada su salida. No le debemos nada a Milei y no nos va a llevar puestos”, sentenciaron muy cera del gobernador cordobés.
“No es tiempo de responder agravios ni insultos, es tiempo de diálogo y consensos. Córdoba nunca se arrodilló, y tampoco lo hará ahora, porque es el legado que su pueblo le dio con el voto, también a este Gobernador”, fue la sentencia del gobernador Llaryora en sus redes sociales. Una respuesta clara a las acusaciones del Jefe de Estado.
“No jodan que sin nuestros puertos no van a tener ni para pagarle a los trolls”, fue la advertencia del secretario general del Gobierno de Santa Fe, Juan Cruz “Cacu” Cándido, después de la eliminación del fondo compensador que subsidiaba los pasajes de colectivos. El gobernador Pullaro dijo esta semana que el Gobierno “discrimina al interior” y a su provincia. La guerra está declarada y tiene distintos frentes de batalla.
En Salta la situación es diferente. El desplazamiento de Royón cayó muy mal en la gobernación. “Era sabido que la iban a sacar y pegó muy mal la noticia”, se sinceraron. Milei ataca y los mandatarios contratacan. El comienzo de la gestión nacional está marcada por múltiples conflictos que aumentan la debilidad política del oficialismo y le abren la puerta a una historia de desencuentros políticos, económicos, fiscales y judiciales.
Por eso la fusión con el PRO, que tendría su epicentro en el Congreso, le serviría al Gobierno para robustecer sus equipos técnicos y parlamentarios, refrescar la identidad política luego de un comienzo de gestión traumático, y darle vida a una coalición que tenga uno de los ejes de poder en Mauricio Macri, el ex presidente que ha sido determinante en el hundimiento de Juntos por el Cambio y el triunfo electoral del actual primer mandatario.
En los próximos días el Gobierno cambiará la piel y absorberá las banderas del PRO. Una fusión que el radicalismo, la Coalición Cívica y el ala blanda del partido fundado por Macri ya advertían a mitad del año pasado, cuando el ex jefe de Estado coqueteaba con la candidatura de Milei en detrimento de la de Horacio Rodríguez Larreta. Una alianza que puede terminar siendo el punto de partida de un nuevo reacomodamiento del escenario político.