El Gobierno giró más plata para la Tarjeta Alimentar, pero redujo a cero las partidas para comedores y asistencia directa

Según la información que se desprende de la base de datos oficial del Presupuesto Abierto, el gobierno de Javier Milei, en el mes de enero, no ejecutó ni un peso en ocho de las nueve partidas del programa de políticas alimentarias. Entre ellas, la destinada a comedores comunitarios y merenderos, que tiene asignado un monto de 34.339 millones de pesos. En enero de 2023, la administración de Alberto Fernández había distribuido 3.179 millones de pesos en ese concepto, según el análisis de Infobae.

De las 9 actividades con presupuesto asignado que forman parte del programa de políticas alimentarias, y que depende de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (ex ministerio de Desarrollo Social), a cargo de Pablo De la Torre, en lo que va de 2024, sólo se ejecutó la partida de la Tarjeta Alimentar, con un desembolso de 132.347 millones de pesos, al 6 de febrero de este año. En enero del año anterior, la entonces ministra Victoria Tolosa Paz desembolsó 32.591 millones de pesos para el mismo programa.

Esto quiere decir que el gasto en 2024 subió 306% respecto al año anterior, frente a una tasa de inflación que en el período fue de 211%. De ahí surge que en valores reales el gobierno de La Libertad Avanza aumentó la cuota poco más de 30%, esto es ajustado por el ritmo de aumento del Índice General de Precios (IPC) del Indec.

En ese mismo mes, la administración Fernández había invertido 1.614 millones de pesos en el denominado “Complemento Alimentario”. Es una transferencia monetaria a los hogares con el fin de brindar una prestación mensual para la compra de alimentos.

Según la resolución ministerial, el beneficio está destinado “a la población en situación de vulnerabilidad social, para cubrir los requisitos nutricionales de niñas y niños de hasta 14 años, embarazadas, personas con discapacidad y personas adultas desde los 70 años en condiciones socialmente desfavorables y de vulnerabilidad nutricional”. En enero de 2024 la ministra Pettovello tampoco destinó un solo peso de esta partida.

Otro ítem que tuvo ejecución en enero del año pasado fue el de Asistencia a Prohuerta y Proyectos Especiales, cuando se destinaron 21 millones de pesos, mientras este año la ejecución fue cero.

Lo mismo ocurre con las otras partidas del Programa Alimentario, el más importante -junto al Potenciar Trabajo- del ex ministerio de Desarrollo Social, ahora reducido a secretaría.

En la gestión del Frente de Todos, en el primer mes del año 2023 se giraron tres millones de pesos para el Apoyo al Plan Nacional Argentina Contra el Hambre en la Emergencia Socio Sanitaria (BID N°5295 OC/AR); y una cifra idéntica se destinó al programa Apoyo al Plan Nacional Argentina Contra el Hambre en la Emergencia Socio-Sanitaria COVID-19 (CAF N°11367). Ambos ítems tienen ejecución cero en enero pasado.

Para comedores escolares, tanto en 2023 como en 2024 durante enero no se ejecutaron partidas, pues mayormente se encuentran cerrados por el período vacacional.

El programa de Políticas Alimentarias está bajo la órbita de la sub jurisdicción de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia, que ejecuta el área de Desarrollo Humano y Economía Social Solidaria. El presupuesto total es de 2.117.666 millones de pesos (más de dos billones de pesos).

El presupuesto del programa de Políticas Alimentarias que implementa la citada secretaría es de 875.640 millones de pesos, es decir el 41% del presupuesto total del área de Desarrollo Humano y Economía Social Solidaria. Junto al Potenciar Trabajo es el programa más importante.

En 2023 la estructura era diferente pero tenía un presupuesto casi idéntico: el área bajo la cual se desarrollaba el programa de Políticas Alimentarias contaba con un presupuesto de 2.153.936 millones de pesos. Esa partida se ejecutó casi en su totalidad: 1.982.978 millones.

Cabe destacar que, como Javier Milei decidió no enviar al parlamento el presupuesto nacional 2024, el actual presupuesto para la partida de Políticas Alimentarias es el mismo que el de 2023, cuando la inflación acumulada en el último año fue del 211,4%.

La decisión del mandatario tuvo su orígen en agosto del año pasado. Después su excelente performance en las primarias de septiembre, le pidió, en al entonces ministro de Economía y candidato presidencial por el oficialismo, Sergio Massa, que el Gobierno postergue hasta después de las elecciones del 22 de octubre la presentación del proyecto de Presupuesto 2024 una vez que, una vez que el texto sea acordado con la fuerza más votada.

Ungido como nuevo inquilino de la Casa Rosada, Milei decidió no enviar al parlamento a la denominada “ley de leyes” y les dijo a sus legisladores que había decidido “prorrogar” la votada en 2023 para tener un mayor manejo de los recursos excedentes. Eso le permitiría manejar con discrecionalidad y asignando los recursos que ingresen al fisco a partir de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU).

En otras palabras, él mismo decidirá cuánto recibirán los hospitales, o programas tan sensibles como el de alimentos. Con la altísima inflación que dejó el gobierno del Frente de Todos -hoy Unión por la Patria- y la actual, las partidas presupuestarias se licuan, una forma de ajuste que ya se hace sentir.

Los movimientos sociales que integran la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) realizaron una serie de protestas para visibilizar que la Casa Rosada había dejado de asistir a los comedores y merenderos populares. Entre otros nombres denominaron el reclamo como “ollas vacías”. El último de ellos fue una larga fila, de unas 20 cuadras, compuesta por cocineras, responsables de esos centros asistenciales y personas vulnerables que asisten a esos comedores y merenderos.

Antes habían cortado la Ruta Nacional Número 3, a la altura de Isidro Casanova, en La Matanza; un “ollazo” frente a la quinta presidencial de Olivos y hasta un reclamo frente a hipermercados para que donen mercadería para asistir a las familias más desprotegidas.

En el documento que la ex ministra Tolosa Paz presentó en el parlamento, denominado “Políticas alimentarias, resultados y desafíos”, la actual diputada nacional describe que en la Argentina “los comedores comunitarios y merenderos desempeñan un papel crucial en la lucha contra el hambre y la inseguridad alimentaria, especialmente en comunidades vulnerables y sectores de bajos ingresos”.

“Estas instituciones -continúa la descripción- que pueden ser impulsadas por organizaciones sociales, religiosas, barriales o incluso iniciativas privadas, proporcionan alimentos gratuitos o a muy bajo costo a quienes más lo necesitan”.

Y recuerda: “Los comedores comunitarios funcionan como espacios de alimentación colectiva donde se sirven comidas completas (almuerzo y/o cena), garantizando al menos una ingesta nutricional significativa por día. Estos lugares no solo buscan mitigar el impacto de la inseguridad alimentaria, sino también fomentar la cohesión social y comunitaria, siendo puntos de encuentro para los vecinos”.

En ese documento, que pertenece a la serie “Las políticas sociales en perspectiva. Resultados y desafíos” se informa que “hasta agosto de 2023, 1.586 comedores comunitarios brindaron prestaciones a 319.693 personas y para reforzar el trabajo de organizaciones de la sociedad civil, se entregaron 1.060.027 raciones de alimentos secos distribuidas en 1.364 puntos de todo el país. En 2023 se ejecutaron 31.409 millones de pesos para este fin”.

Según el Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios (ReNaCoM) a lo largo y ancho del país hay 34.782 comedores en los que colaboran 134.449 personas, la mayoría beneficiarios del Potenciar Trabajo.

A estos, y otros comedores más pequeños, no registrados en el programa -alguno de ellos funcionan en un garaje, o bajo la parra de un patio- asisten niños, niñas, adolescentes, jubilados y hasta familias enteras. Son a los que se les negó las raciones de alimentos secos. Y, como marcan los números oficiales, la ejecución presupuestaria en enero es de “cero pesos”.

La ministra Pettovello anunció a través de un comunicado de prensa, después de la firma de un convenio para la compra de alimentos por 20 mil millones de pesos a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI): “Desde el comienzo de la gestión, el Gobierno ha iniciado un proceso de transformación profunda de las políticas sociales, con el objetivo de asegurar que la ayuda llegue de manera directa y efectiva a los beneficiarios; eliminando los intermediarios que históricamente han desviado recursos”.

El cambio de modalidad evitaría la “tercerización” de los alimentos a través de los dirigentes sociales de organizaciones como el Movimiento Evita, Somos/Barrios de Pie; la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), el Polo Obrero y, entre otros, Libres del Sur y MST.

Entre los dirigentes de esas organizaciones se destacan Emilio Pérsico, Daniel Menéndez, Juan Carlos Alderete, Juan Grabois y Eduardo Belliboni. Sin nombrarlos, el vocero presidencial, Manuel Adorni, los llamó “gerentes de la pobreza”.

En medio de esta pulseada, en la que los más necesitados son rehenes, la Iglesia, a través de un comunicado de Cáritas Argentina, aseguró que los movimientos populares deben ser incluidos para el reparto en comedores comunitarios. “Hoy nadie puede asumir la cantidad y complejidad del trabajo social de manera individual”, sostiene el documento.

Asimismo, los obispos que integran la Comisión Episcopal de Cáritas Argentina opinaron: “En un país cuya pobreza sigue creciendo y que no admite miradas sesgadas, prejuicios ideológicos y peleas sectoriales, somos testigos de que muchos hermanos viven la angustia de no saber con qué alimentarán mañana a sus hijos. No es difícil sortear las dificultades y desacuerdos presentes volviendo a poner en el centro lo que siempre ha debido seguir allí: las personas y familias que viven en la pobreza o la indigencia, especialmente los niños y los ancianos. Lo demás, está demás”.

El pedido está precedido de la renovación de un acuerdo entre Pettovello y Cáritas Argentina de más de 310 millones de pesos para la compra de alimentos destinados a sectores más vulnerables. Un día antes, la Conferencia Episcopal le advirtió al gobierno de La Libertada Avanza que “la comida no puede ser una variable de ajuste” y subrayó la necesidad de que la asistencia “llegue sin dilación” a comedores populares y organizaciones de la sociedad civil. Los dos comunicados se dieron a conocer de manera concomitante con el encuentro que mantendrá Javier Milei con el Papa Francisco en el Vaticano.

Según los datos oficiales, hasta agosto de 2023 -última cifra publicada- el número de titulares de la Prestación Alimentar fue de 2.329.047 personas. El 58,6% son desocupados.

Procesamiento y visualización de datos: Daniela Czibener.

Carga y chequeo de datos: Desiré Santander