Cristina Kirchner transmitió en las últimas horas que está preocupada. Decidida a continuar con el mismo silencio institucional que se autoimpuso cuando asumió en 2015 Mauricio Macri, está más activa que antes, recibe diariamente a dirigentes en el Instituto Patria y comparte con ellos su mirada sobre el presente. A la dos veces presidenta y última vicepresidenta la tiene alarmada la reacción de Javier Milei después del traspié en Diputados de la “Ley Ómnibus”.
Fuentes de trato cotidiano con la ex primera mandataria confirmaron en diálogo con Infobae que la inquietud se acrecentó en las últimas horas por la intensa actividad que el presidente desplegó en las redes sociales, principalmente X, y sobre todo el tipo de mensajes que viene compartiendo. Ajena al estilo que caracterizó desde siempre a Milei -un líder que surgió de ese mundo y siempre fue hiperactivo y revulsivo- la vicepresidenta interpreta que las palabras y los memes pueden fomentar la “violencia política” y avalar reacciones impulsivas en las calles.
Cristina Kirchner compartió esa preocupación con sus últimos interlocutores. Leyó posteos de la red social X escritos por el presidente y otros a los que les dio like o reposteó. Reconoció su sorpresa por la lógica por momentos agresiva que impera en Twitter y que Milei, más allá de su investidura y responsabilidad como jefe de Estado, no sólo no combate, sino que adhiere y ejecuta.
En toda su mirada no está ausente el trauma por el atentado que sufrió, cuando le pusieron un arma a centímetros de su cabeza y le gatillaron. En cada aparición pública vinculó los hechos a dichos previos y a un estado de opinión que ella sostiene era alimentado en su contra desde los medios de comunicación y también desde las redes sociales.
A partir del rechazo de la denominada “Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los argentinos”, Cristina Kirchner percibió -cuentan quienes la vieron los últimos días- que esa lógica virulenta se acrecentó. En ese resultado, la vicepresidenta no estuvo ajena. La Ley Ómnibus sucumbió entre otras cosas por el rechazo monolítico de Unión por la Patria y la inesperada rebelión de un grupo de gobernadores que parecían estar en sintonía con el gobierno libertario y, a último momento, mutó de dialoguista a sublevados.
Hay allí un protagonista clave: el cordobés Martín Llaryora, que se lanzó a todo o nada a un objetivo ambicioso. Doblegar a Milei para que se apruebe la distribución de una parte del Impuesto PAÍS entre todas las provincias. A ese fin inicial, el gobernador mediterráneo agregó otras pretensiones: achicar la lista de empresas a ser privatizadas y condicionar su concreción a la intervención previa del Congreso; limitar las facultades para tomar deuda; y acordar alguna fórmula para que los jubilados tengan un aumento rápido de sus haberes.
Según pudo saber Infobae hubo la tarde del martes último una negociación secreta entre Máximo Kirchner, el líder de La Cámpora y presidente del PJ bonaerense, y el cordobés Ignacio García Aresca junto a Natalia De la Sota. Hicieron cuentas y, si votaban juntos, podían imponerle al gobierno libertario la distribución de ese tributo. “Estuvieron hablando y estaban dispuestos a avanzar. Con los 100 de UxP, radicales y otros, se aprobaba. No pudo ser porque se terminó levantando la sesión”, revelaron el miércoles voceros partidarios.
Fue un primer ensayo de acercamiento entre la bancada más numerosa y más opositora al Gobierno y un gobernador de alto perfil que Milei empujó fuera del territorio aliado, dialoguista.
Esa versión tiene un matiz cuando se consulta, para confirmar, la posibilidad de un acuerdo entre el kirchnerismo y el cordobesismo. Admiten que el Impuesto PAÍS era una obsesión de Llaryora, pero relativizan que ese acuerdo parlamentario tenga alguna otra interpretación más allá de los pasillos del Congreso Nacional. “En Córdoba el kirchnerismo es un límite”, aclaran. El 75% a 25% del balotaje que Milei le ganó a Sergio Massa es una fría prueba de eso.
Más allá de los objetivos de cada sector, ese alineamiento entre los cordobeses y Unión por la Patria fue uno de los factores que incidieron en la decisión del oficialismo de sacar del Congreso ese proyecto.
“El objetivo que tenía Unión por la Patria era que la Ley Ómnibus no se aprobara. No compartíamos ninguno de los artículos y considerábamos que era un mamotreto que nunca su debió haber presentado. Aplaudimos cuando se cayó el proyecto porque logramos el objetivos. Cuando es así, se festeja”, contó una fuente con acceso al Instituto Patria.