A pesar de la postura de Milei, los gobernadores buscan retomar el diálogo y quieren avanzar con un pacto fiscal

La Ley Ómnibus quedó trabada en un ajedrez político entre el gobierno nacional y las provincias que antes eran “aliadas” al presidente, Javier Milei. La sesión de ayer en el Congreso para debatir los artículos en particular voló por los aires cuando el oficialismo advirtió que no contaba con los votos para aprobar temas centrales de la normativa. La Casa Rosada lo consideró una traición. Los gobernadores se desmarcan de esa etiqueta y aseguran que colaboraron con el Poder Ejecutivo. El fiasco político de anoche dinamitó los puentes de diálogo entre ambas partes, cuya herida se había profundizado el 29 de enero, tras una cumbre en el Consejo Federal de Inversiones (CFI).

Con 38 diputados sobre 257 y ocho senadores sobre 72, el Presidente está en minoría y sin apoyo parlamentario de la oposición puede encaminarse a una “parálisis decisional”. Los gobernadores, que tienen ascendencia sobre un grupo de legisladores de las bancadas “dialoguistas”, conocen esa situación y hacen valer su poder de fuego. Desde el principio, tironearon para obtener una compensación por la pérdida en las recaudaciones provinciales que implicó la eliminación de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias, que había impulsado Sergio Massa en 2023.

Con el argumento de la meta del déficit cero, el Jefe de Estado se negó a modificar el capítulo fiscal de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. Los 10 gobernadores agrupados en lo que fue Juntos por el Cambio (JxC) y un grupo de mandatarios de provincias peronistas no kirchneristas se movieron concertadas para presionar a la Casa Rosada. Propusieron múltiples alternativas para recibir una compensación fiscal, que resarciera la pérdida por Ganancias, pero no hubo puntos de encuentro con el gobierno.

En la reunión de las provincias en el CFI con Guillermo Francos, ministro del Interior, surgió una batalla dialéctica que tensionó el vínculo político. Los gobernadores propusieron coparticipar un porcentaje del Impuesto PAÍS, contenido en la Ley Ómnibus, y asumieron que el funcionario había aceptado evaluar el tema. El Gobierno salió luego a desmentir siquiera que se haya hablado del tema en una reunión con 30 personas de testigo que confirmaban tal conversación. El diálogo nunca volvió a ser igual.

Con ese clima de crispación llegó el Gobierno a la sesión de ayer. Antes de reiniciar el debate en el recinto, Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, reunió a los presidentes de los bloques “dialoguistas” en su despacho. Miguel Ángel Pichetto, de Hacemos Coalición Federal, espetó al libertario para que Francos o Luis Caputo hablaran con los gobernadores para buscar un acuerdo político sobre los puntos más disputados.

Impuesto PAÍS, privatizaciones, Fondo de Garantía de Sustentabilidad, facultades delegadas, entre otros, eran los puntos más cuestionados por los gobernadores. Mientras la sesión avanzaba en el pleno, desde la Casa Rosada improvisaron una serie de llamados unilaterales con las provincias. En un principio, los gobernadores deslizaron que había un “acuerdo” para sacar el Impuesto PAÍS de la Ley Ómnibus, discutirlo más adelante y apoyar el resto del articulado del proyecto.

Era el puntapié para discutir a partir de febrero-marzo un pacto fiscal. Sin embargo, el diálogo se partió en el medio. El oficialismo advirtió que un puñado de legisladores que responden a los gobernadores les habían “soltado la mano”. Al votar los incisos con la instrumentación de las facultades delegadas, varios puntos fueron rechazados. Especialmente, el párrafo que daba discrecionalidad al Ejecutivo sobre los fideicomisos que asignan recursos a las provincias.

Los fondos fiduciarios, que suman cerca de 30 en total, representan una caja multimillonaria con fondos para ejecutar obras y partidas para los estados federales. En los gobernadores hay cierto consenso en torno a que Milei pretende avanzar en un ajuste fiscal concentrado en recortes a las provincias, licuación de las jubilaciones y con recaudación de tributos a las importaciones (Impuesto PAÍS) y las exportaciones (retenciones).

Los mandatarios de JxC comprenden un grupo de dirigentes del PRO y la UCR que tienen incidencia sobre ambas bancadas en el Congreso y, en parte, sobre el bloque de Pichetto. Esa liga la integran Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Jorge Macri, (CABA), Nacho Torres, (Chubut), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Leandro Zdero (Chaco), Gustavo Valdés (Corrientes), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Poggi (San Luis), Alfredo Cornejo (Mendoza), Carlos Sadir (Jujuy). Por estas horas, ese grupo jura en privado que no traicionó a Milei.

“Salen a atacar diputados con una lista falsa. Los diputados de los gobernadores votaron a favor el 90% de los puntos en particular”, deslizó ante Infobae uno de los mandatarios de JxC. En cambio, en la Casa Rosada apuntaron al radicalismo, y por elevación a los jefes territoriales de ese partido, por la falta de respaldo en el parlamento.

El otro sector apuntado es el de los gobernadores que tienen ascendencia sobre los bloques de Innovación y también sobre una parte de Hacemos Coalición Federal. Se trata de Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Sáenz (Salta), Rolo Figueroa (Neuquén), Hugo Passalacqua (Misiones) y Alberto Weretilneck (Río Negro). De ese sector, el cordobés tiene influencia en cerca de 10 legisladores y, por el peso propio de su provincia, sobresale con un referente de la oposición dialoguista del peronismo no kirchnerista.

El cordobesismo fue uno de los principales impulsores de llegar a un acuerdo con el Gobierno respecto al Impuesto PAÍS. No obstante, en el entorno de Llaryora niegan el mote de “traidores”. Un operador político que frecuenta al gobernador de Córdoba aseguró ante Infobae que “la relación quedó dañada, pero hay vocación de charlar”. La misma fuente analizó: “Esta corta pero fructífera experiencia enseñó que no se puede llevar por delante el Poder Legislativo”. Por su parte, cerca de Sáenz consideraron que “los que nos soltaron la mano fue el propio Gobierno”.

Los gobernadores se mantuvieron en contacto durante el día. Entre anoche y hoy, los WhatsApp estallaban. Cuando el oficialismo salió a acusar de “traidores” a los diputados y a las provincias, los 10 jefes territoriales de JxC se pusieron de acuerdo para emitir un comunicado en respuesta a la Casa Rosada. “No corresponde que nos responsabilicen a todos por igual ni que nos falten el respeto”, resaltó la misiva. Un gesto elíptico para pasar la pelota a gobernadores no enrolados en JxC. ¿Mensaje para Córdoba y las otras provincias peronistas? “No es un tema nuestro”, respondió un asesor de Llaryora.

A 50 días de la presidencia de Milei, las provincias conocen que el Gobierno necesitará respaldo parlamentario pronto. La Casa Rosada también sabe que los gobernadores tienen un frente fiscal delicado y requieren de asistencia por parte del Tesoro y el Estado central. Tanto en JxC como en las provincias del peronismo “dialoguista” concuerdan en la necesidad de rencauzar la interlocución con Balcarce 50. Evalúan que es necesario buscar consensos para lograr un nuevo pacto fiscal. Pero pretenden hacerlo haciendo valer el poder de fuego que tienen en el Congreso y el peso político que conservan si se mantienen concertados.