Los principales puntos que traban la aprobación de la ley ómnibus en Diputados

La Cámara de Diputados retomará hoy, desde las 14, la sesión especial para continuar con el debate en particular de la ley ómnibus, aprobada en general el viernes pasado. La discusión será en medio de la tensión entre el oficialismo y la oposición “dialoguista”, y las diferencias sobre varios puntos del articulado original. Entre ellas, la coparticipación del Impuesto País, las facultades delegadas, deuda externa, Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES y las privatizaciones de empresas públicas.

Uno por uno, cómo está la negociación con relación a estos temas.

Para el presidente Javier Milei, este gravámen no es una herramienta de negociación, aunque hasta el pasado viernes haya estado sobre la mesa que integran representantes del oficialismo, la UCR y Hacemos Coalición Federal. En juego hay unos 2 billones de pesos para ser negociados, según las estimaciones oficiales de los ingresos que recibirá este año la Nación por el impuesto PAIS.

Aunque el Gobierno retiró el paquete fiscal del proyecto para agilizar su media sanción, los gobernadores utilizan este tema como moneda de cambio para apoyar el resto de los planteos en particular. El argumento es la necesidad de suplir los fondos que dejaron de recibir por la eliminación del Impuesto a las Ganancias impulsada por el gobierno anterior.

“Si no lo quieren meter en la discusión, les vamos a coparticipar el impuesto PAIS a las trompadas”, había anticipado un legislador cordobés, con humor e ironía, minutos después de culminada la votación general en el recinto de la Cámara baja el viernes pasado. El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, presiona para que la coparticipación sea parte de la negociación final en la votación particular. Los cordobeses aún no cerraron su apoyo en el artículo que dispone la emergencia y las delegaciones de poder del Poder Legislativo al Ejecutivo. “Tenemos varias diferencias”, advirtieron

Este lunes, después de un fin de semana sin demasiados contactos entre el oficialismo y la oposición dialoguista, el ministro del Interior, Guillermo Francos, dejó en claro en una entrevista radial que si la oposición quieren imponer el tratamiento del Impuesto País, el Gobierno tiene la decisión de vetarlo, en el caso de que salga aprobado el proyecto. “El veto es una facultad presidencial y el presidente ha sido claro en el sentido de que no coparticipa el Impuesto País”, indicó.

Los bloques dialoguistas están de acuerdo en votar a favor la declaración de emergencia que quedó limitada a seis materias -administrativa, económica, financiera, de seguridad, tarifaria y energética- y sobre biocombustibles y los entes referidos a la cultura.

En cambio, una decena de diputados no quieren votar artículos sobre facultades delegadas referidos a las facultades administrativas que permite disolver o suprimir organismos públicos, con excepción de las Universidades Nacionales, e intervenir todos los entes o empresas públicas y las que están vinculados a los fondos fiduciarios provinciales.

Los legisladores que no quieren votar facultades delegadas son cuatro de Córdoba, los seis de la Coalición Cívica, con lo cual sumados a los 109 que rechazaron la ley Bases y están dispuestos a votar en contra de todos los artículos, el oficialismo tiene los votos muy justos para imponer su postura, reconocieron fuentes parlamentarias.

Uno de los puntos donde hay más acuerdo es en el capítulo de privatizaciones de empresas públicas aunque aún faltan pulir algunos artículos sobre el control de esos procesos de venta de esas compañías y la evaluación patrimonial de las mismas.

Los legisladores señalan que hay un principio de acuerdo en este punto, pero tanto la UCR como Hacemos se oponen a las privatizaciones del Banco Nación, Nucleoeléctrica y de Arsat donde se proponen ventas parciales, y piden que un organismo independiente haga su tasación y tenga un rol importante la Comisión Bicameral en oportunidad de su publicación.

Las empresas que no quedarán sujetas a privatización, según esa propuesta, son el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Casa de Moneda, Dioxitek S.A; Fabrica Argentina de Aviones, Fabricaciones Militares, Radio de la Universidad del Litoral, Servicio de Radio y TV de la Universidad de Córdoba, Vehículo Espacial Nueva Generación y Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio.

En tanto, otras 27 empresas entre las que figuran Aerolíneas Argentinas, Correos Argentinos, Aysa, Ferrocarriles Argentinos, Administración General de Puertos, Yacimientos Carboníferos Fiscal, y los medios públicos (Télam y RTA), entre otras, quedarían sujetas a privatización.

Otro punto donde no hay acuerdo es en la propuesta del Gobierno sobre endeudamiento, ya que propone derogar el artículo 1° de la ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, aprobada durante el gobierno de Alberto Fernández, y por el cual todo endeudamiento debe pasar por el Congreso; en cambio, sí se podría votar la reforma del artículo 65 de la ley de Administrativa referida a la nueva emisión para renovar la deuda (roll over).

Es otro elemento de presión de los gobernadores para recuperar ingresos recortados por el gobierno nacional. Antes de la discusión para lograr la media sanción, el Gobierno había retirado de la Ley Ómnibus el articulado que permitía una autorización para que el Ejecutivo se quede con las acciones de empresas privadas en manos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses. El cordobés Llaryora pretende que en la discusión parlamentaria se reponga esta autorización, pero con el agregado de una cláusula para que se disponga una compensación automática de Nación a las cajas de jubilaciones provinciales.