Ley Ómnibus: la UCR y el bloque de Pichetto insisten en crear un mecanismo para controlar las privatizaciones

Los radicales se reunieron para hacer un punteo de todos los artículos del proyecto. Hay diferencias internas. Junto al bloque de Pichetto son los dos bloques clave para que el Gobierno apruebe mañana los ítems más sensibles de la norma

Miguel Ángel Pichetto, Emilio Monzó y Nicolás Massot del bloque Hacemos Coalición Federal

A 24 horas de reanudar la sesión por la Ley Ómnibus, los dos bloques clave para que el Gobierno logre apoyo a los artículos en particular se reúnen para coordinar la estrategia parlamentaria. Se trata de la Unión Cívica Radical (UCR) y Hacemos Coalición Federal (HCF). El PRO, en cambio, decidió acompañar la totalidad del articulado del oficialismo y por estas horas contribuye con la Casa Rosada para garantizar el éxito de la discusión artículo por artículo.

De los 664 artículos que tenía el texto original, la redacción final que circula en los pasillos del Congreso consta de 386. El recorte fue casi de la mitad y no se descarta que en el debate que retoma mañana pueda haber más modificaciones.

Por su parte, los radicales se reunieron este lunes para unificar una estrategia parlamentarias, acercar posiciones y unificar criterios. No será sencillo. La bancada tiene disidencias internas fuertes. Rodrigo De Loredo, que preside el bloque de 34 diputados, tiene que contener los matices y afrontar, sobre todo, la resistencia de Facundo Manes y Pablo Juliano, legislador ligado al neurólogo, que rechazan la Ley que presentó el presidente Javier Milei. Son los dos radicales que votaron en contra el viernes del proyecto en general. El cónclave fue virtual, dado que varios diputados viajaron a sus provincias durante el fin de semana.

Idéntica situación sucede entre los diputados que conduce el experimentado Miguel Ángel Pichetto. HCF, bancada de 23 legisladores, está preso de la heterogeneidad. Una característica que es virtuosa, por momentos, aunque con dificultades para la convivencia. El legislador, que se convirtió en un aliado clave para el Gobierno, tiene la tarea de contener a una tropa donde coexisten dirigentes de nombre propio y con ideas muy distantes entre sí. Los asesores políticos del Gobierno que se encargan de las negociaciones con la oposición, incrementaron sus puentes sobre el radicalismo y Hacemos. Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, sabe que ahí está la llave para destrabar el apoyo a artículos centrales.

Rodrigo de Loredo, jefe del bloque de la Unión Cívica Radical, al salir del despacho de Martín Menem, presidente de Diputados, tras una reunión para debatir la Ley Ómnibus (REUTERS)

La bancada de Pichetto también se reunió para ir coordinados a la sesión de mañana. Entre los temas tratados, el capítulo de privatizaciones fue un punto central. La Coalición Cívica, integrada a HCF, tiene una propuesta alternativa, que implica privatizar 19 empresas estatales, pero rechazan hacerlo con el resto del listado.

El proyecto original del Gobierno contenía 41 empresas públicas para pasar a manos privadas. Por presión de la oposición, se quitó YPF. Quedaron 40, de las cuales el Ejecutivo diferenció entre 37 a privatizar totalmente y 3 sujetas a privatización parcial. El punto de diferencia que plantean la UCR y el bloque de Pichetto es qué empresas pasar al sector privado, efectivamente, y con qué mecanismo ejecutar esas privatizaciones. La Casa Rosada había tenido una posición inflexible sobre ese punto. Pero con el paso de los días hubo acercamientos.

El Gobierno pidió una propuesta a ambos bloques, que ya fue extendida, y es posible que surja de allí un punto común. Los radicales encomendaron a Karina Banfi la redacción de un boceto con un mecanismo innovador para ejecutar las privatizaciones, así como también detallar qué empresas pretenden excluir de la lista. Nicolás Massot hizo lo propio para Hacemos Coalición Federal. Esos dos bloques tienen la idea de que cada empresa sea un artículo de la ley -o una ley en sí misma-, algo que el Gobierno no ve con buenos ojos.

Facundo Manes, diputado nacional del radicalismo que resiste la Ley ómnibus de Javier Milei (Maximiliano Luna)

El oficialismo aceptó reducir la lista y el viernes ofreció 27 empresas públicas para privatizar. Un recorte de 13 firmas menos respecto al proyecto original. Los opositores insisten en pulir el procedimiento para ejecutar tales privatizaciones, para lo cual exigen participación del Congreso a través de la Comisión Bicameral de este tema. Desde el radicalismo, por ejemplo, cuestionan que Milei pretende privatizar esas empresas siguiendo los lineamientos de la Ley 23.696, diseñada por Roberto Dromi en 1989, por la cual Carlos Menem hizo su “reforma del estado”, que incluyó un proceso de privatizaciones.

En estos momentos, hay dos temas más de especial sensibilidad que son los más disputados y que pueden ser la clave para allanar la aprobación del resto de los artículos. Se trata de los artículos de emergencias públicas y la delegación de facultades. El otro tópico es el del Impuesto PAÍS, que el Gobierno busca retirarlo junto con el capítulo fiscal, pero que un grupo de gobernadores presiona para coparticipar un porcentaje de esa recaudación.

En cuanto a las emergencias, contenidas en el artículo 1 del proyecto de Ley, el Gobierno pedía declarar la emergencia pública sobre 11 materias y actualmente bajó a seis. Algunos legisladores objetan algunas materias (como la energética y la tarifaria). También es cenagosa la discusión acerca de la delegación de facultades. Un sector de la oposición está dispuesto a apoyar las emergencias, pero no así las facultades (como los diputados del partido de Elisa Carrió y los radicales ligados a Manes).

Martin Menem, presidente de la Cámara de Diputados de la Nación (REUTERS/Agustin Marcarian)

Biocombustibles, Ley de Glaciares, artículos del capítulo sobre seguridad, desregulaciones que afectan a algunas provincias son otros puntos que serán discutidos. El articulado es amplio y toca múltiples intereses.

El listado completo de las empresas públicas sujetas a privatización enumeradas en el dictamen de la Ley Ómnibus:

ANEXO I EMPRESAS PÚBLICAS SUJETAS A PRIVATIZACIÓN

Administración General de Puertos S.E

Aerolíneas Argentinas S.A

Aguas y Saneamiento Argentinos S.A

Bancos de Inversión y Comercio Exterior S.A

Casa de Moneda S.A

Contenidos Públicos SE

Corredores Viales SA

Correo Oficial de la República Argentina SA

Construcción de Viviendas para la Armada Argentina SE

Dioxitek SA

Educr S.E

Empresas Argentina de Navegación Aérea SE

Energía Argentina SA

Fábrica Argentina de Aviones “Brigadier San Martín” SA

Fabricaciones Militares SE

Ferrocarriles Argentinos SE

Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias SA

Intercargo S.A.U

Nación Bursátil S.A Pellegrini S.A

Nación Reaseguro S.A

Nación Seguros de Retiro SA

Nación Servicios S.A

Playas Ferroviarias de Buenos Aires SA

Polo Tecnológico Constituyente SA

Radio y Televisión Argentina SE

Radio de la Universidad Nacional del Litoral SA

Servicio de Radio y Televisión de la Universidad de Córdoba SA

Talleres Navales Dársena Norte SACI y N.

Telam S.E

Desarrollo de Capital Humano Ferroviario SAPEM

Belgrano Cargas y Logísticas SA

Administración de Infraestructura Ferroviarias S.E

Operadora Ferroviaria S.E

Vehículo Espacial Nueva Generación SA

Yacimientos Carboníferos Fiscales Empresa del Estado

Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD)

ANEXO II EMPRESAS PÚBLICAS SUJETAS A PRIVATIZACIÓN (parcial)

Banco de la Nación Argentina

Nucleoeléctrica Argentina SA

Empresas Argentina de Soluciones Satelitales SA

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