Ley Ómnibus: la oposición dialoguista se prepara para mostrar su poder de fuego en la discusión de artículos clave para Milei

Si Argentina fuese Francia o el Reino Unido, el presidente Javier Milei estaría de rodillas ante el Congreso. En los países con diseño institucional parlamentario o semipresidencial, la permanencia y rumbo de los gobiernos depende de la relación de fuerzas en el poder legislativo. Es algo que no pasa en el Río de la Plata. Ni siquiera en estos días, donde el oficialismo ostenta la mayor fragilidad legislativa de la que se tenga registro y, aun así, la Casa Rosada tiene tinta para imponer condiciones y ejecutar su agenda política. Claro, no sin dificultades, pero con posibilidades de cierto éxito. Sobre ese marco abre una semana crucial para el Gobierno, signada por el reinicio de la sesión en la que se debate la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos (Le Ómnibus).

Sorteada la votación en general, Milei enfrenta ahora el desafío de lograr apoyo en la mayoría de los artículos en pie de un plexo normativo de múltiples materias. Hay temas sensibles, de relevancia para el oficialismo, sobre los cuales existen tensiones con la oposición dialoguista. Con una bancada de apenas 40 legisladores, La Libertad Avanza necesita el aval de los diputados del PRO, la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación. En Balcarce 50 conocen que será complejo un apoyo unánime a cada artículo, por eso tienden puentes para buscar puntos de encuentro. El artículo 99 de la Constitución Nacional le confiere al Ejecutivo un poder enorme y concentrado que, hasta con debilidad política, cuenta con infinidad de perillas con las cuales sostenerse y disciplinar a los opositores.

En la votación en general del viernes, el oficialismo logró el apoyo de 144 diputados. Fue con el voto de los 40 libertarios, los legisladores conducidos por Cristian Ritondo y buena parte de los bloques de Miguel Ángel Pichetto, los radicales y el que lidera Pamela Caletti. Pero ese número oscila notablemente al posar la lupa sobre artículos específicos de la ley.

Por eso, las bancadas “dialoguistas” mostrarán esta semana su poder de fuego al Gobierno para ejercer presión y lograr modificaciones en artículos disputados. Detrás de esos bloques están los 10 gobernadores de lo que fue Juntos por el Cambio. Están muy activos en esa liga Rogelio Frigerio, de Entre Ríos, Nacho Torres, de Chubut, que pivotean en el PRO y en Hacemos Coalición Federal. Alfredo Cornejo, desde Mendoza, tiene enorme ascendencia sobre los radicales, un bloque que también es monitoreado por Maximiliano Pullaro, de Santa Fe, Gustavo Valdés, de Corrientes, o Carlos Sadir, de Jujuy. Así como también un grupo de peronistas no kirchneristas entre los que sobresalen Martín Llaryora, de Córdoba, y Osvaldo Jaldo, de Tucumán.

Los diputados “dialoguistas” harán planteos sobre puntos de la ley que afectan intereses de las provincias, centralmente. También hay matices de fondo sobre temas que son transversales a todo el país, como los artículos sobre las industrias culturales o el apartado de educación. Sin embargo, aquellos tópicos que tocan la recaudación de los estados subnacionales se volvieron cables de alta tensión.

Dentro de los cuatro bloques de la oposición aliada al Gobierno, el PRO votará cada artículo de la ley. Con el empuje de Mauricio Macri y Patricia Bullrich, el partido amarillo es el principal sostén institucional del Gobierno en el Congreso. En cambio, el radicalismo y le bloque de Pichetto tiene disidencias marcadas sobre varios artículos clave. Por estas horas, la Casa Rosada articula contactos permanente con esos sectores, para retener la mayor cantidad de diputados posibles que voten en favor de los temas clave para el Poder Ejecutivo.

Esta mañana, los radicales harán una reunión para coordinar una estrategia parlamentarias, acercar posiciones y unificar criterios. El bloque que preside De Loredo, de 34 diputados, tiene internas ásperas. Sobre todo por la resistencia de Facundo Manes y Pablo Juliano, legislador ligado al neurólogo, para con Milei. Son los dos radicales que votaron en contra el viernes. El cónclave de hoy está previsto para las 11 y será virtual, dado que varios diputados viajaron a sus provincias durante el fin de semana.

Idéntica situación habita al bloque de Pichetto. Hacemos Coalición Federal, bancada de 23 legisladores que puede llegar a 32 con aliados, es heterogéneo. El experimentado legislador, que se convirtió en un aliado clave para el Gobierno, tiene la tarea de contener a una tropa donde coexisten dirigentes de nombre propio y con ideas muy distantes entre sí. Durante la semana pasada y el fin de semana, los operadores políticos del Gobierno exacerbaron sus contactos sobre el radicalismo y Hacemos. Es ahí donde Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, sabe que está la llave para destrabar el apoyo a artículos centrales.

Desde Santiago Caputo, estratega de Milei, Maximiliano Fariña, del riñón de Federico Sturzenegger, José Rolandi, vicejefe de Gabinete de la Nación, hasta Lisandro Catalano, secretario del Interior, y el propio Guillermo Francos, ministro del Interior, destinaron largas horas de los últimos días para persuadir a los diputados más rígidos de la oposición dialoguista. Esos contactos siguieron durante el sábado y el domingo y se acelerarán entre hoy y el miércoles, cuando el Gobierno espera que se vote el articulado en particular.

En estos momentos, hay tres temas de especial sensibilidad que son los más disputados y que pueden ser la clave para allanar la aprobación del resto de los artículos. Se trata de apartado sobre las privatizaciones y los artículos de emergencias públicas y la delegación de facultades. Un tercer tópico es el del Impuesto PAÍS, que el Gobierno busca retirarlo junto con el capítulo fiscal, pero que un grupo de gobernadores presiona para coparticipar un porcentaje de esa recaudación.

Respecto a las privatizaciones, el proyecto original contenía 40 empresas públicas para pasar a manos privadas. Por presión de la oposición, se quitó YPF. Quedaron 39, de las cuales el Gobierno diferenció entre 36 a privatizar totalmente y 3 sujetas a privatización parcial. El puntos de diferencia que plantean la UCR y el bloque de Pichetto y qué empresas pasar al sector privado, efectivamente, y con qué mecanismo ejecutar esas privatizaciones. La Casa Rosada había tenido una posición inflexible sobre ese punto. Pero con el paso de los días hubo acercamientos.

El Gobierno pidió una propuesta a ambos bloques, que ya fue extendida, y es posible que surja de allí un punto común. Los radicales encomendaron a Karina Banfi la redacción de un boceto con un mecanismo innovador para ejecutar las privatizaciones, así como también detallar qué empresas pretenden excluir de la lista. Nicolás Massot hizo lo propio para Hacemos Coalición Federal. Esos dos bloques tienen la idea de que cada empresa sea un artículo de la ley -o una ley en sí misma-, algo que el Gobierno no ve con buenos ojos.

El oficialismo aceptó reducir la lista y el viernes ofreció un listado con 27 empresas públicas para privatizar. Un recorte de 13 firmas menos respecto al proyecto original. Los opositores insisten en pulir el procedimiento para ejecutar tales privatizaciones, para lo cual exigen participación del Congreso a través de la Comisión Bicameral de este tema. Desde el radicalismo, por ejemplo, cuestionan que Milei pretende privatizar esas empresas siguiendo los lineamientos de la Ley 23.696, diseñada por Roberto Dromi en 1989, por la cual Carlos Menem hizo su “reforma del estado”, que incluyó un proceso de privatizaciones.

Dentro de la bancada de Pichetto, la Coalición Cívica tiene una propuesta alternativa, que implica privatizar 19 empresas estatales, pero rechazan hacerlo con el resto del listado. Los diputados de Hacemos Coalición Federal se reunirán hoy a las 16 para ir coordinados a la sesión de mañana. Entre los temas a tratar, el capítulo de privatizaciones será uno de ellos.

Algo similar sucede respecto a las emergencias, contenidas en el artículo 1 del proyecto de Ley. Inicialmente, el Gobierno pedía declarar la emergencia pública sobre 11 materias y actualmente bajó a seis. Algunos legisladores objetan algunas materias (como la energética y la tarifaria). También es cenagosa la discusión acerca de la delegación de facultades. Un sector de la oposición está dispuesto a apoyar las emergencias, pero no así las facultades (como los diputados del partido de Elisa Carrió y los radicales ligados a Manes).

Biocombustibles, Ley de Glaciares, artículos del capítulo sobre seguridad, desregulaciones que afectan a algunas provincias son otros puntos que serán discutidos. El articulado es amplio y toca múltiples intereses.