Una diputada de la UCR y un diputado de Hacemos Coalición Federal conversan en un pasillo del Congreso. Aún hay un sol pleno que pega con fuerza en las ventanas e irradia un calor difícil de soportar. Ambos están cansados y hartos. La negociación para dar el primer paso y sacar la ley general denominada “Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos” les sembró el fastidio y la sorpresa. No pueden creer lo que vivieron en las últimas horas. Aún así, levantaron la mano para que el proyecto sea aprobado.
Son dos dirigentes políticos experimentados. No entienden cómo hizo el gobierno de Javier Milei para desgastar la relación con todos los bloques opositores con los que tiene posibilidades de dialogar. La denominada oposición dialoguista que se ha convertido en una pieza clave para que el oficialismo sobreviva en el Parlamento. Sin ellos, sería imposible. Es matemática pura. No dan los números. Faltan manos y votos.
“Es imposible negociar con este Gobierno. Inviable”, se quejó la diputada. “Un mamarracho lo que están haciendo. Estamos cansados”, respondió el diputado. Sus expresiones se multiplican en las voces de otros tantos dirigentes de los bloques de la UCR y Hacemos Coalición Federal. Sienten que la voluntad de “ayudar al Gobierno” se topó con la impericia del Poder Ejecutivo para ordenar las negociaciones. “Falta de experiencia, soberbia y desconocimiento. Un combo explosivo”, coincidieron ambos.
Una señal clara de ese hartazgo que recorre a toda la oposición dialoguista llegó minutos antes de que se llevara adelante la votación general de la ley, cuando la oficina presidencial emitió un comunicado en el que apuntaron contra los legisladores. “Es hora de que decidan si están del lado de la libertad de los argentinos o de los privilegios de la casta. La historia los juzgará según el desempeño en favor de los argentinos o en favor de continuar empobreciendo el pueblo”, indicaba el texto. El mensaje de Milei cayó pésimo entre los legisladores.
El diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, pidió una cuestión de privilegio antes de que comenzará el cierre de los jefes de bloques y, visiblemente enojado, se despachó contra el Gobierno. “Han estado funcionarios del Poder Ejecutivo tratando de encontrar soluciones a artículos que eran imposibles, dentro de la propia incompetencia que tuvieron muchos funcionarios. Dejen de intervenir en otro poder del Estado para que cada uno de los 257 diputados podamos votar tranquilamente en virtud de nuestra conciencia, convicciones y acuerdos que se lograron en esta cámara”, expresó elevando su tono de voz.
A Ferraro lo aplaudieron los de su bloque. Pero también los del radicalismo. Y, quizás en forma inesperada, lo aplaudió todo el bloque de Unión por la Patria (UP). La primera minoría hizo sentir el ruido de las palmas. Esos aplausos se unieron en una sola señal hacia el Gobierno. Detrás de ese ruido hay un enorme cansancio y hartazgo por la falta de capacidad para negociar y llevar adelante el tratamiento de una ley extensa y sin consenso. Enojo contenido. Rechazo al rechazo del funcionamiento de la política parlamentaria.
El Gobierno envío al Congreso una ley extremadamente extensa, sin consenso previo y con la decisión apresurada de no aceptar modificaciones en el texto. Una postura que el vocero Manuel Adorni y el propio presidente Javier Milei dejaron en claro en reiteradas oportunidades. Lo cierto es que el proyecto que se votó ayer sufrió ciento de modificaciones y es probable que sufra muchas más si el oficialismo quiere que los principales artículos sobrevivan en la votación particular que se iniciará el martes.
“No es extorsión, se llama política”, fue la sentencia de un diputado de los bloques dialoguistas que ya entrada la noche de ayer aún estaba preocupado por el futuro de la ley. “Es un cascarón vacío lo que se votó. En términos legislativos la clave está en los artículos”, sentenció.
En ese revuelo de reproches el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, aparece como un interlocutor voluntarioso pero con falta de poder para definir la negociación. Víctima del verticalismo del Presidente y su hermana Karina, que monitoreo la sesión y las negociaciones durante los tres días que se trató la ley en la Cámara baja.
Uno de los temas centrales de la discusión de los próximos días es la inclusión de la coparticipación del Impuesto País en el debate. Los gobernadores necesitan ingresos después de la eliminación del impuesto a las Ganancias y la decisión del Gobierno de suspender las transferencias discrecionales. Pero en la Casa Rosada no quieren ceder más porque después de quitar el capítulo fiscal de la ley, se quedaron sin mecanismos para generar ingresos.
Durante todo este fin de semana habrá contactos entre la Casa Rosada, los gobernadores y los principales diputados dialoguistas para poder encontrar la llave que abra la puerta hacia la votación en particular. La clave está en si incluyen o no la coparticipación del Impuesto País en la discusión.
Desde el sector que conduce Pichetto y donde se encuentran los diputados cordobeses que responden al gobernador Martín Llaryora, creen que la clave está en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). Que de ahí salgan compensaciones para saldar las deudas de las cajas previsionales de las provincias. Es el plan B que generó la oposición frente a la falta de respuestas del oficialismo.
Llaryora se mostró como un gobernador amable con Milei en el comienzo de la gestión pero la buena sintonía entre Córdoba y la Casa Rosada se dañó después de la reunión que los gobernadores tuvieron en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) con el ministro del Interior, Guillermo Francos.
Allí se intentó avanzar en la inclusión de la coparticipación del Impuesto País en la negociación artículo por artículo, luego que el titular del Palacio de Hacienda, Luis “Toto” Caputo, decidiera retirar de la ley el capítulo fiscal completo. El Gobierno desmintió que el tema se hubiese tratado y estalló un conflicto inesperado entre los mandatarios y la Casa Rosada.
El mandatario cordobés está decepcionado. Siente que puso el cuerpo para darle gobernabilidad desde el primer minuto y que existe un destrato por parte del Gobierno que no se condice con esa expresión de buena voluntad. Además, no entiende por qué no hay una mesa de negociación más clara. Todos los reclamos se canalizan a través de Francos, que para los gobernadores ha perdido autoridad frente a ellos después del episodio del CFI.
Hacia adelante a Milei le queda un camino complejo por recorrer. No se aprobarán las facultades delegadas ni las privatizaciones tal como lo pretendía. La ley que salga en lo particular será muy distinta a la que mandó. Dos realidades diferentes atravesadas por la incapacidad de generar acuerdos en tiempo y forma.
En ese recorrido desgastó su palabra y su relación con el sector de la oposición del que depende para poder conseguir leyes en el Congreso. Una extraña forma de comenzar una gestión con respaldo popular pero apoyada en un ajuste fiscal que empezó a torcer el humor de algunos sectores de la sociedad.
Falta prolijidad y capacidad de diálogo. Falta política. Lo saben los propios, los más apegados al pragmatismo de la negociación que a la pasión por la repetición de ideas de campaña. El toma y daca está girando sobre la mesa. De eso se trata la política parlamentaria. Aunque no les guste. Fueron sometidos a las reglas del juego. Quedó en evidencia.