Argentina retrocedió 4 lugares en el ranking global que mide la corrupción en el último año

En el último año de gestión del Frente de Todos, Argentina descendió 4 lugares en el ranking de la ONG Transparencia Internacional (TI) que mide la percepción de la corrupción en 180 países: pasó del puesto 94 al 98, y comparte la posición con Bielorusia, Albania, Etiopía, Gambia y Zambia. Nuestro país obtuvo 37 puntos sobre 100 de puntaje máximo para los países más transparentes y cero para los más corruptos, según el Índice de Percepción de Corrupción (IPC) 2023, y quedó así debajo de la media global de 43 puntos. Descendió un punto respecto a la medición correspondiente al 2022.

“Argentina se encuentra estancada desde hace mucho en la lucha contra la corrupción. No se han realizado esfuerzos significativos en esta materia en los últimos años. Los vaivenes de las intervenciones de los organismos de control de la corrupción y la injerencia de la política en el poder judicial hacen que la lucha contra la corrupción avance muy lentamente en nuestro país”, analizó Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano, capítulo argentino de Transparencia Internacional. La última medición ubica a nuestro país aún por debajo del IPC del 2021 cuando había quedado en el puesto 96.

Entre sus vecinos de la región, Argentina aparece muy atrás de Uruguay que obtuvo 73 puntos y se ubicó en el puesto 16; de Chile, que con 66 puntos quedó en el lugar 29 del ranking; e incluso de Colombia (40 puntos, puesto 87). Nuestro país quedó apenas por encima de Brasil que, con 36 puntos quedó en en el puesto 104 del ranking; de Bolivia (29 puntos, puesto 133); y de Paraguay (28 puntos, puesto 136).

Secchi también tuvo una mirada crítica hacia la nueva gestión de Javier Milei: “Las primeras propuestas enviadas al Congreso de la Nación por el recientemente asumido Presidente carecen casi en su totalidad de un abordaje integral y sistemático en materia de integridad y lucha contra la corrupción; un tema que, sin embargo, está entre las prioridades de la ciudadanía”.

El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2023, presentado hoy por Transparencia Internacional en Berlín, sede de la casa matriz de la ONG, muestra que “la mayoría de los países lograron mínimos o nulos avances en combatir la corrupción en el sector público”. Por 12 años consecutivos, el promedio global del IPC se mantiene sin variaciones en 43 puntos, y más de dos tercios de los países obtienen una puntuación inferior a 50. “Esto indica que existen graves problemas de corrupción a nivel del planeta”, advierte la organización líder en el tema, que fue presidida hasta noviembre pasado por la abogada argentina Delia Ferreira Rubio.

En ese contexto, Argentina no es la excepción. “Sigue estancada y sin grandes cambios en el compromiso del país con este problema estructural, más allá de los cambios de signos políticos en el gobierno”, según el análisis de Poder Ciudadano. Su presidente, Hugo Wortman Jofre, destacó ante Infobae que existe “un nuevo enfoque que está cobrando ímpetu en los países que miden cuestiones de calidad institucional y es la vinculación que existe entre el Índice de Percepción de la Corrupción y el Índice del Estado de Derecho. Hay una conexión clara entre los problemas de acceso a la Justicia y la corrupción. En este marco, vemos muy inconveniente que se empiece a hablar de modificar la estructura de la Corte Suprema, ampliar sus miembros y su forma de funcionamiento, cuando lo que tenemos que hacer para luchar eficazmente contra la corrupción es justamente fortalecer la independencia del Poder Judicial”.

El Índice mide cómo perciben la corrupción en el sector público distintos organismos internacionales, consultoras, especialistas y actores del mundo empresario a través de la existencia - o no - de sobornos y la protección legal de denunciantes de casos de casos de coimas o irregularidades; malversación de fondos públicos; funcionarios que utilizan su cargo público para obtener lucro personal; la capacidad de los gobiernos para prevenir actos corruptos; excesiva burocracia estatal que puede alentar oportunidades para la corrupción; nepotismo en los nombramientos de funcionarios públicos; legislación que garantice la transparencia en las declaraciones patrimoniales y posibles conflictos de interés en los cargos públicos; captura del estado por intereses privados; y acceso a la información sobre asuntos públicos de interés ciudadano y actividades de gobierno. El índice no evalúa el blanqueo de fondos o el soborno transnacional.

El mejor score de nuestro país en el Índice fue en 2019, cuando escaló 19 posiciones y obtuvo su mejor desempeño con 45 puntos. Ese último año de la gestión de Mauricio Macri, Argentina quedó en el puesto 66 sobre 180 países, 32 lugares más arriba que en esta última medición del IPC 2023.

La peor performance había sido en 2015, cuando obtuvo solo 32 puntos sobre el máximo de 100, y quedó en el puesto 107 sobre los 168 países relevados en el Índice de ese año, aún más cerca del final de la tabla que en esta edición.

“El mandato del ex presidente Alberto Fernández se constituye en el de mayor caída en el Indicador de Percepción de la Corrupción, perdiendo 8 puntos en sus cuatro años (2020-2023) pasando de 45 puntos a 37 y llevando al país durante su presidencia del puesto 66 al puesto 98. Consigue licuar así, los leves y progresivos esfuerzos evidenciados en la administración anterior que le transfiriera el poder”, sostuvo Marcelo Bermolén, director del Observatorio de la Calidad Institucional de la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral.

“La responsabilidad de ese fracaso no es exclusiva del Poder Ejecutivo, quien por ejemplo en el caso de Fernández evitó enviar al Congreso el proyecto de ley de Integridad Pública elaborado por la Oficina Anticorrupción (OA). Tampoco el Parlamento tuvo vocación de discutir en sus comisiones -ni impulsar un dictamen- pese a existir múltiples proyectos al respecto, la sanción de una nueva ley de Ética Pública que reemplace a la vetusta e incompleta por más de dos décadas vigente. Ni decir que con sus idas y vueltas, su morosidad, y su evidente actitud pendular, el Poder Judicial no ha avanzado de modo satisfactorio con condenas ejemplares a ex funcionarios que disuadan las tentaciones a avanzar en comportamientos corruptos de aquellos que detentan el poder”, agregó este experto.

Bermolén advirtió que Macri “es el único mandatario que elevó las marcas del indicador de Transparencia internacional, año tras año, hasta mejorar 13 puntos en su período central de gobierno (2016-2019) desde los 32 puntos heredados de Cristina Kirchner, a los 45 con que cerrara su gestión. En su mandato, la Argentina escaló del puesto 106 al 66 subiendo 40 lugares, obteniendo un modesto aprobado que, al menos, consiguió sacar a la Argentina de la constante y vergonzante desaprobación.”

Como el IPC de TI sólo puede confrontarse anualmente desde 2012, solo puede tomarse para la comparación el segundo mandato de la ex mandataria. arrancó con 35 puntos, en el puesto 102 sobre un total de 176 países medidos ese año, para terminar en 2015 con solo 32 puntos, en el puesto 107 sobre 168 estados incluidos en el IPC.

“Argentina sigue sin contar con una política pública anticorrupción eficaz y eficiente, dando evidencia de ello el desdibujado rol de la Oficina Anticorrupción, que en la práctica sigue sin dar señales de independencia, neutralidad y continuidad jurídica, constituyéndose en querellante -o dejando de hacerlo- en las causas judiciales más emblemáticas en la materia, según el color político de turno y las órdenes emanadas por el Poder Ejecutivo. Es una institución dependiente del poder al que paradójicamente debería controlar, limitándose en la práctica a funcionar como una oficina de recomendaciones, muchas de las cuales -incluso- llegan a destiempo”, señaló Bermolén.

Si bien el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, había objetado el rol de la OA como querellante en causas penales, y había asegurado que - al igual que la Unidad de Información Financiera (UIF) debían dejar de serlo en las causas de corrupción y de lavado de dinero, en la última versión de la Ley Ómnibus que se debatirá mañana en el recinto de Diputados, el organismo de control conserva esta facultad. “Constituirse en parte querellante en los procesos en que se encuentre afectado el patrimonio del Estado, dentro del ámbito de su competencia”, puede leerse en el artículo 19 del texto.

Al tope del ranking elaborado por esta ONG líder en la lucha contra la corrupción, vuelve a ubicarse Dinamarca, con 90 puntos, y encabeza la medición por sexto año consecutivo, seguida de cerca por Finlandia y Nueva Zelanda con puntuaciones de 87 y 85, respectivamente. Debido al buen funcionamiento de sus sistemas de justicia, estos países vienen liderando el IPC desde 2012 y también se encuentran entre los primeros puestos en el Índice de Estado de Derecho que elabora el Word Justice Project anualmente.

El ranking de los 10 más transparentes lo completan Noruega (84), Singapur (83), Suecia (82), Suiza (82), Países Bajos (79), Alemania (78) y Luxemburgo (78).

Somalia, con solo 11 puntos; Venezuela, Siria y Sudán del Sur, con 13 cada uno; y Yemen, con 16, ocupan las posiciones más bajas en el índice. En todos los casos, estos países atraviesan crisis prolongadas y, en su mayoría, conflictos armados. Somalía, Siria y Sudán del Sur, en los últimos años, vienen ubicándose en los peores lugares en el ranking de los más corruptos, y Venezuela figura con su puntaje más bajo desde 2012, cuando había obtenido 19 puntos.

Según el relevamiento de TI, hay 23 países —entre ellos algunas democracias que ocupan posiciones altas como Islandia (72), los Países Bajos (79), Suecia (82) y el Reino Unido (71), al igual que algunos estados autoritarios como Irán (24), Rusia (26), Tayikistán (20), que este año están en niveles mínimos históricos.

Desde 2018, además de Argentina, otros 11 países han registrado un descenso significativo en las puntuaciones del IPC. La lista incluye a países de ingresos bajos y medianos como El Salvador (31), Honduras (23), Liberia (25), Myanmar (20), Nicaragua (17), Sri Lanka (34) y Venezuela (13), así como a economías de ingresos medianos-altos como Austria (71), Polonia (54), Turquía (34) y el Reino Unido (71).

Durante ese mismo período, ocho países mostraron mejoras en el IPC: Irlanda (77), Corea del Sur (63), Armenia (47), Vietnam (41), Maldivas (39), Moldavia (42), Angola (33) y Uzbekistán (33).

En la cima del ranking continental se ubica Canadá, con 76 puntos (2 puntos más que el año anterior), y Uruguay, con 73 (un punto menos que en 2022). Le siguen Estados Unidos con 69 (mismo puntaje que el año anterior) y Barbados también con 69 sobre 100 (cuatro puntos más que en 2022).

En el otro extremo se ubican Haití y Nicaragua, ambos con 17 puntos, y Venezuela (13), que registran los puntajes más bajos de la región, “con impunidad generalizada y falta de independencia del poder judicial”. Sólo dos países, Guyana (40) y República Dominicana (35), mejoraron sus puntajes del IPC durante la última década, mientras que los demás se estancaron o retrocedieron significativamente.

En cuanto a Chile, con 66 puntos - uno menos que el año anterior - sigue teniendo un buen puntaje en el IPC “gracias a sus sólidas instituciones democráticas y sus altos niveles de transparencia”. Sin embargo, para la organización, el vecino país experimentó una disminución sustancial de su puntaje desde 2014, cuando había obtenido 73. TI destaca que este año, el país trasandino se encuentra “en una coyuntura crucial con el potencial de combatir la corrupción y frenar el crimen organizado mediante la adopción de la ley de beneficiarios finales y la puesta en práctica de las recomendaciones proporcionadas por la Comisión Asesora de Probidad y Transparencia”.

Sobre la situación a nivel continental, Luciana Torchiaro, asesora regional para las Américas de Transparencia Internacional”, señaló que “los países de la región deberían trabajar para tener poderes judiciales fuertes e independientes que provean rendición de cuentas y justicia. No hacerlo erosiona los fundamentos mismos de la democracia y el Estado de derecho. El continuo debilitamiento de los pesos y contrapesos sólo fomentará la impunidad, tanto para los grupos de poder como para los corruptos, en detrimento del público en general y el bienestar colectivo”.

Transparencia Internacional hace en su informe “un llamado a los gobiernos para que otorguen a los sistemas de justicia la independencia, los recursos y la transparencia necesarios para castigar eficazmente todos los delitos de corrupción y poner controles institucionales al poder. Cuando resulte necesario, los gobiernos también deben adoptar leyes y procedimientos más eficientes para que las instituciones de justicia puedan protegerse frente a actos corruptos y contrarrestarlos”.

El IPC mide anualmente la percepción de la corrupción de empresarios y expertos pero sólo en relación a la conducta del sector público, o sea en el ámbito político y administrativo. Se calcula tomando 13 fuentes externas, entre ellas, el Banco Mundial, el Foro Económico Mundial, empresas privadas de consultoría y especializadas en análisis de riesgos. Las puntuaciones reflejan las opiniones de especialistas y actores del ámbito empresarial sobre cómo perciben la corrupción en el Estado, pero no la visión del público en general.

En el caso de Argentina, la medición se hizo en base a ocho encuestas de distintas entidades internacionales: el Índice de Transformación de la Fundación Bertelsmann, las Calificaciones de Riesgo País de Global Insight, el Anuario de Competitividad Mundial del International Institute for Management Development (IMD), The Economist Intelligence Unit Country Ratings, la Guía Internacional de Riesgo País de PRS Group, el Proyecto Variedades de Democracia, el Foro Económico Mundial EOS, y el Índice de Estado de Derecho del Proyecto Justicia Mundial.

La organización explica que la elaboración del Índice se basa en la percepción, porque “normalmente, la corrupción implica actividades ilegales y deliberadamente ocultas que solo salen a la luz a través de escándalos y procesos judiciales. Esto hace muy difícil calcular su impacto real”. Y aclara que “las fuentes y encuestas que conforman el Índice de Percepción de la Corrupción se basan en cuestionarios cuidadosamente diseñados y calibrados, junto con las respuestas de expertos y empresarios”.

En 2012, Transparencia Internacional revisó la metodología utilizada para construir el índice para permitir la comparación de puntuaciones de un año a otro. TI informó que “el proceso para el cálculo del IPC se revisa periódicamente a fin de asegurar la mayor solidez y coherencia posible. La revisión más reciente la realizó el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea en 2017″.

Para que un país o territorio se incluya en el Índice, debe estar presente en un mínimo de tres de las trece fuentes de datos en las que se basa el Índice. El que un país aparezca en la lista no implica que esté libre de corrupción, sino que no hay datos suficientes para calcular su nivel de corrupción con exactitud, aclaran en TI.

La puntuación de cada país se determina calculando la media de todas las puntuaciones estandarizadas disponibles sobre ese país, redondeada a un número entero. Existe la posibilidad de que avances en el control de la corrupción en el sector público contrarresten los casos negativos, mejorando el puntaje final. También puede suceder que acciones de corrupción registradas en un país tarden un año o más en aparecer reflejadas en las fuentes, por lo que no se vean reflejadas en el último IPC, sino recién en el siguiente.

Infografías: Marcelo Regalado