Avanza la Ley Ómnibus en Diputados: el oficialismo logró el dictamen de comisión y buscará darle media sanción este jueves

El Gobierno obtuvo en la madrugada del miércoles una importante victoria política en la Cámara de Diputados al lograr firmar el dictamen de mayoría -55 adhesiones con 34 disidencias parciales- del proyecto de Ley Ómnibus tras alcanzar un acuerdo con el PRO, sectores de la UCR, de Innovación Federal y de Hacemos Coalición Federal, el bloque que lidera Miguel Ángel Pichetto.

A pesar de que el trabajo en comisión comenzó hace poco más de quince días, el oficialismo aceleró al máximo las negociaciones para obtener el dictamen antes del paro general de la CGT, previsto para hoy, para poder llegar al recinto el jueves, en una sesión que promete ser maratónica.

El apoyo de la oposición dialoguista, sin embargo, no fue unánime. Solo ocho de los dieciséis representantes de la UCR en el plenario de comisiones firmaron el dictamen de mayoría. El resto decidió no acompañar ningún despacho para marcar sus diferencias con el gobierno sin acercarse al rechazo que impulsaba el peronismo. Algo similar ocurrió con Hacemos Cambio Federal (HCF), que se partió: la Coalición Cívica, el socialismo y Margarita Stolbizer avanzaron con un dictamen propio.

Desde el radicalismo señalaron a Infobae que las negociaciones continuarán durante el miércoles y el jueves. En ese sentido, adelantaron que si el Gobierno no hace nuevos cambios, rechazarán los artículos de retenciones, movilidad jubilatoria, emergencias, facultades delegadas (buscan restringirlas más), financiamiento privado de campañas electorales, traspaso del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, privatizaciones (la UCR busca discutir cada empresa por separado) y los recortes en Cultura.

Durante el debate, el peronismo denunció el poco tiempo de debate que tuvo el proyecto y criticó al oficialismo por no haber compartido el dictamen que negoció con sectores de la oposición dialoguista.

“Esta ley es horrible, es invotable. Como es invotable, algunos quieren que se vote rápido. Estamos en presencia de la delegación de facultades más escandalosa de la historia. Tiene el impacto de ocho leyes Dromi. Dromi es Heidi al lado de esto”, dijo Germán Martínez en referencia al ministro Roberto Dromi, el arquitecto de las privatizaciones durante el menemismo. Y advirtió: “El corazón de este proyecto son las facultades delegadas y todo lo que no consiguió, lamento decirles, que lo va a poder hacer por las facultades delegadas”.

Bien entrada la madrugada, Unión por la Patria recurrió a una jugada reglamentaria para intentar hacer caer el dictamen. Según explicaron a Infobae, para que un despacho sea válido “es necesario la firma de la mayoría de los miembros de cada una de las comisiones que hayan estado presentes en la o las reuniones en que el proyecto fuera tratado”.

Por lo tanto, dado que el plenario de comisiones tiene 115 miembros, es necesario que al menos 57 diputados firmen algún dictamen. En ese contexto, el oficialismo venía encaminado a quedarse con el dictamen de mayoría, ya que tenía alrededor de 50 firmas contra las 46 de Unión por la Patria.

Sin embargo, el peronismo y la izquierda dejaron trascender que no presentarían su dictamen de rechazo. Por lo que sus firmas no se contabilizarían. De esta forma, el oficialismo tenía que lograr que todos los dictámenes sumen 57 firmas para que el suyo sea válido.

Tras intensas negociaciones, libertarios lograron sumar el apoyo del bloque Innovación Federal (el misionero Carlos Fernández y el rionegrino Agustín Domingo), de los cordobeses que responden al gobernador Martín Llaryora y de Nicolás Massot, que no había firmado ningún despacho.

La estrategia oficialista había registrado un giro radical el jueves pasado, cuando el presidente Javier Milei envió a la Cámara de Diputados a uno de sus hombres de máxima confianza, Santiago Caputo, para informar a los sectores de la oposición dialoguista que aceptaría hacer importantes modificaciones al proyecto para asegurarse una mayoría en el recinto.

Caputo, acompañado por el ministro del Interior, Guillermo Francos, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se comprometió a dejar de lado su plan original en el capítulo de jubilaciones: eliminar la fórmula previsional para reemplazarla por aumentos por decreto a discreción. En cambio, accedió a ajustar los haberes en base al Índice de Precios al Consumidor, pero a partir de marzo, es decir, con la inflación de febrero.

La alternativa de aplicar la fórmula actual hasta marzo y luego comenzar a actualizar en base al IPC del mes anterior fue considerada “superadora”. No obstante, el empalme entre los dos sistemas dejaría afuera la actualización de enero, que terminará con una inflación de aproximadamente 20%. Por eso, la oposición seguía reclamando alguna compensación extra para que el “empalme” no perjudique a los jubilados, o directamente empezar a actualizar por IPC desde febrero.

En cuanto a las retenciones, La Libertad Avanza aceptó anular cualquier tipo de incremento impositivo en las economías regionales (aunque había sectores que no fueron incluidos en el listado final), pero dejó firme la suba del 15% a las exportaciones industriales y la suba para los derivados de soja, el trigo y el maíz.

Además, acordó excluir a YPF del extenso listado de empresas estatales con potencial de venta y eliminar casi por completo el capítulo que incluía la reforma electoral, que por ejemplo proponía adoptar un sistema de circunscripción uninominal y actualizar la cantidad de diputados nacionales. No obstante, el Gobierno mantuvo el artículo que habilita el financiamiento privado de las campañas electorales.

Por último, el artículo que incluía la ratificación del mega DNU dentro de la ley Ómnibus fue eliminado, para que el decreto sea debatido en la comisión bicameral de Trámite Legislativo.

En términos generales, la oposición dialoguista recibió de forma positiva el cambio de actitud del Gobierno, que en un principio se negaba a negociar y apostaba por la estrategia del “todo o nada”. Sin embargo, temas como las retenciones, la movilidad jubilatoria y la delegación de facultades todavía generaban ruidos.

Durante el fin de semana los bloques continuaron analizando la letra chica del borrador que hizo girar el Gobierno y luego llegó el turno de los gobernadores, que se mostraron muy firmes respecto a varios puntos. Las retenciones continuaron siendo el principal foco de conflicto.

Tanto el lunes por Zoom como el martes en forma presencial, el ministro Guillermo Francos escuchó una nueva ronda de contrapropuestas de los mandatarios provinciales. La respuesta llegó ayer mismo por la tarde, algunas horas antes del inicio del plenario de comisiones que se retrasó hasta las 21.

El oficialismo se negó a eliminar del todo las retenciones, a pesar de que no tiene los números para aprobarlo en el recinto. Un alto funcionario muy cercano a Milei aseguró que “preferían perder” antes que seguir cediendo respecto a las exportaciones industriales, los derivados de soja, el trigo y el maíz.

No obstante, accedió a eliminar la asignación específica -capitalizar el Banco Central- de los fondos que ingresarán por el blanqueo para que estos se coparticipen con las provincias. También se comprometió a no eliminar el Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial (FFDP) y el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR).

Respecto al Fondo de Garantía de Sustentabilidad, los gobernadores propusieron que antes de traspasarlo al Tesoro Nacional debían saldarse las deudas con las cajas provinciales y pagarse los juicios por haberes ya terminados.

Esta nueva tanda de concesiones destrabó las negociaciones y terminó de consolidar el apoyo del PRO. El bloque que conduce Cristian Ritondo confirmó que firmaría el dictamen con disidencias, que principalmente giran en torno a jubilaciones y retenciones. El consenso fue menos extenso en el interbloque Hacemos Coalición Federal que se fracturó en dos.

“El Gobierno no se ha dejado ayudar por los bloques que están dispuestos a darle las herramientas para afrontar la situación económica”, explicó el diputado Juan Manuel López. “Creemos que nuestra herramienta -dictamen- es más seria porque no tiene delegaciones legislativas. Nuestro partido nunca las votó, nació por no votarle delegaciones a Domingo Cavallo en 2001. Aunque acotadamente le vamos a ofrecer emergencias al Gobierno”, detalló.

Antes de las 22, cuando ya se desarrollaba el plenario, referentes de Hacemos Coalición Federal como Nicolás Massot e Ignacio Garcia Aresca, y de Innovación Federal (el espacio que representa a gobernadores de Río Negro, Neuquén, Misiones y Salta) como Agustín Domingo y Carlos Fernández cruzaron del anexo al Palacio para continuar las negociaciones de la letra chica en el despacho de Martín Menem. En simultáneo, diputados y asesores del radicalismo controlaban que los cambios acordados quedaran correctamente plasmados en la redacción de los artículos.

El oficialismo insistirá en su objetivo de sesionar este jueves. Según explicaron a Infobae fuentes del Gobierno, por el momento se descarta la posibilidad de dividir la sesión debido a las dificultades para lograr el quórum en diferentes días, por lo que el debate será maratónico.

La votación en particular de cada artículo será la prueba de fuego para ver cuánto del proyecto original finalmente resulta aprobado. La oposición ya comenzó a pedir más tiempo y apuntan a que el proyecto llegue al recinto recién la semana que viene, cuando todo esté “más ordenado”.