Una prueba de fuego para el protocolo antipiquetes: así se prepara el Gobierno para la marcha de la CGT

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, afronta el desafío de garantizar la circulación durante la movilización. Las autoridades nacionales aún no tienen un cálculo de cuánto se dejará de recaudar por el paro

Los sindicatos marcharán este miércoles (Adrián Escandar)

“Esperamos que sea una jornada en la que triunfe la libertad: que quien quiera ir a trabajar, lo pueda hacer, y que quien quiera parar, lo pueda hacer, sin complicarle la vida al resto, sin cercenar ningún derecho y sin pretender que los demás se acoplen a algo con lo que la mayoría de los argentinos no estamos de acuerdo”, sostuvo ayer por la mañana el vocero Presidencial, Manuel Adorni.

Con ese breve comentario, el Gobierno buscó restarle importancia al paro y la movilización que la CGT y los movimientos sociales y de izquierda van a realizar este miércoles, en rechazo a las políticas económicas que está impulsando la gestión de Javier Milei, que tiene poco más de un mes.

Otro aspecto que se destaca del comentario de Adorni, es que las autoridades nacionales van a volver a aplicar el protocolo antipiquete para tratar de evitar que durante la marcha hacia el Congreso haya cortes de calle y disturbios.

En este sentido, según pudo saber Infobae, un grupo de representantes de la central obrera se reunió con funcionarios de los Ministerios de Seguridad de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires, para acordar cómo se va a llevar adelante el acto.

El Gobierno volverá a aplicar el protocolo antipiquete

Luego de ese encuentro, la CGT emitió un comunicado en el que aseguró que ambas partes acordaron los pasos a seguir para “garantizar el desarrollo pacífico” de la movilización y “las actividades de los vecinos de las zonas afectadas”.

No obstante, fuentes de la cartera que conduce Patricia Bullrich aclararon que “la agrupación sindical no posee capacidad ni se encuentra habilitada para asegurar, autorizar o restringir ningún tipo de circulación, siendo las autoridades gubernamentales las únicas con potestad para realizar dichos controles”.

Según se anticipó, como ocurrió en los anteriores casos en los que se aplicó el protocolo, durante el día se realizará un control estricto de todos los micros afectados a la marcha, así como también en las estaciones de tren y en lo que hace a la concentración propiamente dicha de los manifestantes.

Asimismo, se les remarcó a los gremialistas que tenían “absolutamente prohibido realizar corte de artería o vía de circulación alguno” y, para esto, se dispuso movilizar a las cuatro fuerzas dependientes de Bullrich, la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Los efectivos de cada uno de esos organismos de seguridad coordinarán el accionar con los agentes de la Policía de la Ciudad para supervisar el desarrollo del plan, que contempla que los manifestantes ingresen a la plaza frente al Congreso por la Avenida de Mayo, desde la Avenida 9 de Julio y “garantizando la libre circulación del tránsito”.

Si bien el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak le pidió al Ministerio de Seguridad nacional que no haya filmaciones ni requisas sin una orden judicial previa, fuentes oficiales ratificaron que se van a inspeccionar los colectivos, pero solamente aquellos que vayan a la protesta.

Además, las personas que asistan al acto no podrán tener “el rostro cubierto de manera intimidatoria”, como así tampoco “palos o elementos contundentes” y se les exigirá “que no se movilicen con niños, ya que eso vulnera sus derechos como el de estar en su casa o en la escuela, jugando o estudiando”.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich (Europa Press/Contacto/Esteban Osorio)

Por su parte, los líderes de la CGT montarán un escenario sobre la plaza, cuyas medidas también deberán respetar la libre circulación de vehículos por Entre Ríos, desde donde hablarán. El objetivo inicial era que la marcha coincidiera con el tratamiento de la denominada Ley Ómnibus, que impulsa Milei, aunque se prevé que, tras largas jornadas de discusiones en las comisiones, el proyecto se debata el jueves o viernes próximo.

Aunque originalmente fue convocada solo por la central obrera, a la protesta se les sumaron luego la totalidad de los movimientos sociales que integran la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), lo cual hace que la cantidad de manifestantes sea probablemente más grande de la esperada.

De hecho, tan solo el Movimiento Evita, Somos Barrios de Pie, MTE, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), el Frente Popular Darío Santillán y el Movimiento Misioneros de Francisco, estiman movilizar unos cincuenta mil militantes.

En tanto, el Polo Obrero y la Unidad Piquetera anunciaron que se concentrarán a las 11:00, de manera independiente, en la intersección de las calles Rivadavia y Paraná, para a las 13:30 marchar hacia el Congreso.

Con este panorama, esta podría ser la primera movilización de grandes magnitudes que enfrentará Milei y en el que se aplicará el protocolo antipiquetes, que hasta el momento solo se implementó en protestas más pequeñas.

Si bien hasta el momento el Gobierno no tiene un cálculo estimado de cuánto dinero dejará de recaudar el Estado como consecuencia del paro general, Adorni calificó la medida como “un sinsentido” y acusó a sus organizadores de estar “del lado equivocado de la historia”.

“Actuaremos con todas las herramientas constitucionales para que nadie infrinja la normativa vigente ni cometa contravenciones, promoviendo de manera preventiva el cumplimiento de dichas normas, documentando acciones, denunciándolas, y/o haciéndolas cesar según corresponda”, comunicaron, por su parte, las autoridades porteñas.

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