El gobierno nacional envió un nuevo proyecto de ley ómnibus con varias modificaciones en el texto y una buena pérdida de artículos en el camino, luego de las conversaciones que se desarrollaron el jueves pasado con los sectores de la oposición denominados dialoguistas. Precisamente los referentes de este espacio se encuentran en estos momentos desmenuzando y analizando el nuevo documento que el oficialismo buscará que sea dictaminado mañana en el plenario de comisiones, para que sea llevado al recinto el próximo jueves.
El primer cambio es que desaparecen 141 artículos del texto del proyecto, que pasa de 664 iniciales a 523 en esta última etapa. Algunos de estos artículos que desaparecen tienen ver por ejemplo con el 664, que establecía refrendar en la ley el Decreto de Necesidad y Urgencia 70 de desregularización de la economía. No se hace referencia alguna en el texto de la norma.
Un caso diferente tiene que ver con, por ejemplo, la eliminación del capítulo de juicio por jurados, aunque el Ejecutivo advierte que volverá a insistir con el tema a partir del 1 de marzo cuando comiencen las sesiones ordinarias.
Uno de los puntos más importantes que modifica el nuevo proyecto es el del ajuste de las jubilaciones. Mientras en el original delegaba en el Ejecutivo hacerlo vía DNU, ahora queda establecido que hasta abril se mantendrá la fórmula previsional actual y a partir de ese mes ajustará por IPC, algo que el bloque de la UCR venía reclamando. Además, se eliminan las jubilaciones de privilegio de los Presidentes y Vicepresidentes.
Respecto del pedido de las provincias en lo que tiene que ver con las retenciones para las economías regionales, el proyecto deja en 0% el tributo y no en 8% o 15% como proponía inicialmente. Sin embargo, no se modifica nada en carne, maíz y soja, algo que venía reclamando varios gobernadores como por ejemplo, Maximiliano Pullaro de Santa Fe.
Otro punto que había generado discusiones con los bloques de la oposición había sido la delegación de facultades legislativas al Ejecutivo, mediante la declaración de 11 emergencias por 2 años prorrogables por dos años más a sola firma del Presidente. Esto finalmente quedó redactado de una forma por la cual se eliminó la emergencia en materia social y de defensa aunque quedan las 9 restantes, y se redujo el plazo de las delegaciones legislativas a un año, con la posibilidad de prorrogar por 12 meses más con aprobación del Congreso. Pero, un punto a tener en cuenta que en las conversaciones de la semana pasada había eliminado la emergencia sanitaria y en este documento la mantienen como “emergencia en salud”
Dos de los aspectos más conflictivos tiene que ver con las privatizaciones y el blanqueo de capitales. En e caso de las primeras, elimina a YPF del listado. Para Nucleoeléctrica, Banco Nación y ARSAT se establece que sólo se puede hacer una “privatización parcial”.
La pregunta que se hacen los legisladores de la oposición es qué sucede con el resto de las empresas. “Nosotros fuimos claros, no vamos a votar un paquete de empresas a privatizar”, explicó uno de los negociadores.
En el caso del blanqueo de capitales se definió que lo que genere se “utilizará para capitalizar al Banco Central”, es decir, no será coparticipable como establecía el proyecto original, lo que está generando un mayor enojo de los gobernadores.
Lo que están analizando los bloques de la oposición es que, además de los cambios conversados, aparecieron artículos nuevos en el texto que presentan una nueva complejidad.
Un ejemplo de estos cambios es que se incluyó a “los empleados públicos” en las limitaciones a la actividad política. Además, se determinó un mecanismo sancionatorio ante el incumplimiento de tales prohibiciones.
Además rediseña el capítulo de Cultura, donde no se propicia el cierre del Fondo Nacional de las Artes y se mantienen los fondos para el INCAA.
Pero hay otros puntos en los que el Gobierno cedió “a medias”, como es el caso de la pesca: se mantiene el concepto de licitación de cuotas pesqueras, pero elimina del texto la palabra “internacional” por lo que sólo podrían acceder las locales. Sin embargo, entre los bloques de la oposición esto aún no está claro.
Muchos de los puntos que desaparecieron del proyecto, el Gobierno advirtió que insistirá a partir del 1 de marzo, cuando comiencen las sesiones ordinarias. Y así lo aclara en el texto,
En este grupo entra el juicio por jurados, el traspaso de la justicia nacional a la Ciudad de Buenos Aires, la ley de Salud Mental, la ley de Sociedades, la Reforma Electoral, las modificaciones al Código Civil y al Código Penal, entre otras.
Esta tarde se reunirán el bloque de la UCR y de Hacemos Coalición Federal con el fin de analizar si acompañan el texto de La Libertad Avanza o si finalmente presentan sus dictámenes propios. El escenario hoy es que iría al recinto y sería aprobado en general, pero el problema para el gobierno se presentará en el momento en que se abra el debate a cada artículo en particular. Si no hay acuerdo, podría perder en el recinto más de lo que está dispuesto.