Los gobernadores de la UCR y el PRO evalúan hacer una reunión y le piden al Gobierno abrir una mesa de diálogo

Son días frenéticos para la política Argentina. El presidente Javier Milei está en Davos, con su primera gira internacional como debut formal en la política exterior. Pero no puede quitar la atención un instante del frente interno. Pretende aterrizar el viernes a la mañana en Ezeiza con la noticia de que sus espadas políticas y legislativas lograron dictamen de mayoría para tratar la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos en el recinto de la Cámara de Diputados en lo inmediato. No será fácil. Requiere del apoyo de tres bloques de la oposición sobre los que tienen cierta ascendencia un grupo de 10 gobernadores de lo que fue Juntos por el Cambio (JxC). Los mandatarios están fastidiosos porque no encuentran predisposición del Gobierno para acceder a las modificaciones que solicitan. Ese escollo traba las conversaciones y torna difícil lograr consensos antes del fin de semana.

Un grupo de cinco gobernadores encabezaron ayer a las 19 una reunión por Zoom con el objetivo de unificar criterios con los legisladores nacionales de sus bloques. Estuvieron presentes Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Nacho Torres (Chubut), Jorge Macri (CABA), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza). Entre los diputados nacionales, asistieron Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot, del bloque Hacemos Coalición Federal, Damián Arabia, del PRO, Rodrigo De Loredo y Alejandro Cacace por la Unión Cívica Radical (UCR).

Fue encuentro que se extendió por cerca de tres horas, en donde repasaron todos los puntos de la conocida como Ley Ómnibus con los que no están de acuerdo. Los gobernadores dan el visto bueno al 80% de los 600 artículos del proyecto. Sin embargo, objetan que en el Gobierno no están articulando las modificaciones que solicitan. Sin ceder en algunos puntos, una parte del PRO, la UCR, Hacemos y los gobernadores de esos partidos no están dispuestos a votar el articulado a libro cerrado.

Por estas horas, los diputados de esos bloques y los 10 gobernadores del PRO y la UCR están a la espera de una devolución del Gobierno respecto a los cambios que piden. El Poder Ejecutivo se comprometió a enviar una respuesta en el transcurso del miércoles. No obstante, aún no llegó. Los mandatarios provinciales sienten que el diálogo “se cortó” y presionan para reabrirlo.

En este contexto, evalúan convocar a una reunión presencial de urgencia para mañana en Buenos Aires. Un sector de los legisladores del PRO, de la UCR y de Hacemos consideran que es prudente “darle el tiempo” que el Gobierno pidió para responder. Si transcurrido el miércoles no hay respuesta, tomar una decisión política.

La Casa Rosada pretende lograr un dictamen de mayoría entre el jueves y el viernes. Incluso, tienen la idea de debatir el proyecto de Ley este mismo fin de semana. Pero sin el respaldo de los tres bloques de la “oposición dialoguista” no lograrán los números parlamentarios. La Libertad Avanza tiene apenas 38 diputados. Sin consensos, Unión por la Patria, que es la bancada más numerosa, se hará con el dictamen de mayoría de rechazo al proyecto. Sería un escenario negro para Milei.

El principal punto de tensión es el Impuesto a las Ganancias. Durante la campaña presidencial de 2023, el entonces ministro de Economía, Sergio Massa, impulsó la eliminación de la cuarta categoría de ese tributo. Como se trata de un gravamen coparticipable, aquella decisión afectó las arcas provinciales. Las provincias perdieron en torno al 0,5% del PIB de recaudación y los gobernadores comenzaron un reclamo desesperado para que la Casa Rosada retrotraiga la situación o disponga alguna alternativa para compensar esa pérdida.

A través de Guillermo Francos, ministro del Interior de la Nación, los gobernadores habían llegado a un principio de acuerdo en las conversaciones. Incluso, llegaron a leer un borrador de la Ley Ómnibus en el que estaba incluida la reparación del tema Ganancias. Pero cuando el texto tomó estado parlamentario, notaron que ese apartado había sido sustraído. Entonces, iniciaron una presión sobre Milei para que acceda a resarcir la situación.

El Gobierno pretende lograr el equilibrio fiscal y alcanzar el 2% de superávit, comprometido con el Fondo Monetario Internacional. Apuestan a que lograrán esa meta con las reformas que implica el “mega” DNU 70/2023 y la Ley Ómnibus. Los gobernadores radicales y del PRO coinciden en el objetivo, aunque discrepan en el camino elegido para lograrlo.

Por eso, propusieron al Gobierno una serie de modificaciones que, según dejan trascender, no afectaría la meta fiscal, pero implicaría orientar el ajuste en un sentido distinto al que actualmente está contenido en el proyecto de la Casa Rosada.

Los gobernadores analizan que la Nación está haciendo un paquete fiscal muy centrado en las exportaciones, que son no coparticipables. “Eso genera un desequilibrio entre la masa de recaudación de la nación y las provincias”, sostuvo ante este medio un diputado que es testigo de las conversaciones con el Gobierno.

Entre los principales puntos que rechaza la “oposición dialoguista” se encuentran las retenciones a productos de las economías regionales, la eliminación de la movilidad jubilatoria, las privatizaciones masivas sin aval del Congreso, y las facultades delegadas por dos años sin límites en materias y en plazos. Es decir, los gobernadores, a través de los legisladores que controlan, buscan evitar que el Gobierno afecte recursos de sus provincias.

“El Gobierno se puso inflexible en lo fiscal”, le aseguró a este medio un diputado nacional de peso en la “oposición dialoguista”. Esos bloques se reunieron ayer en el despacho de Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, con una delegación de la Casa Rosada. En nombre del Gobierno participaron José Rolandi, vicejefe de Gabinete de la Nación, Pablo Quirno, secretario de Finanzas, y Carlos Guberman, Hacienda. Se trata de funcionarios que responden a Luis Caputo, ministro de Economía, y a Nicolás Posse, jefe de Gabinete, considerados los dos ministros con mayor incidencia del Gobierno respecto al tema fiscal de la Ley Ómnibus.

A su vez, en la oposición evalúan como positiva a la presencia en más de una ocasión de Eduardo Rodríguez Chirillo en Diputados. El secretario de Energía de la Nación es uno de los arquitectos del articulado que impulsa Milei. En cambio, apuntan contra Francos porque evalúan que no cumplió su palabra. El ministro del Interior busca tender puentes y construir consenso, pero se topa con Caputo, quien exige sostener el esquema fiscal contenido en la normativa.

Respecto a las jubilaciones, uno de los temas más sensibles, el gobierno pretende eliminar la actual fórmula de movilidad y aplicar aumentos discrecionales por decreto. Los gobernadores de la UCR y del PRO, así como buena parte de las bancadas de Hacemos, los radicales y el PRO, no están de acuerdo en esa decisión. Aunque reconocen que la actual fórmula, diseñada por Alberto Fernández, debe ser modificada, sospechan que la discrecionalidad será en perjuicio de los jubilados. La oposición no está dispuesta a pagar ese costo político. “Tiene que haber una pauta determinada por el Congreso en base al Índice de Precios al Consumidor, por inflación”, explicó un diputado del radicalismo a este medio.

Un sector del PRO mantiene una férrea defensa del Gobierno y se mueve para lograr un dictamen favorable al oficialismo con un texto que respete al máximo el espíritu del articulado original. Es el ala más dura del partido amarillo y que por estas horas tiene cortocircuitos con el radicalismos y algunos de los gobernadores.

Con el Gobierno apurado y a contra reloj, las conversaciones están abiertas. En las próximas horas se conocerá la calidad de la muñeca política de Milei.