Esta será una semana clave para el presidente Javier Milei, quien pretende que su proyecto de Ley Ómnibus tenga media sanción de la Cámara de Diputados antes de que termine el domingo. Para eso, el jueves debería haber dictamen. No parece tan fácil que eso suceda. La Unión Cívica Radical (UCR) se volvió un partido decisivo por estas horas. El bloque radical cuenta con 32 legisladores y puede tener la llave para aprobar o bloquear la normativa del Poder Ejecutivo. En el partido hay miradas contrapuestas y desde finales del año existen discusiones fuertes sobre la actitud que deben adoptar con respecto al gobierno libertario.
Esos debates internos emergieron a la superficie cuando, a finales de 2023, un grupo mayoritario de radicales apoyó al cordobés Rodrigo De Loredo para conducir el bloque en la Cámara Baja. Quien se oponía era un sector identificado con Facundo Manes. El neurólogo tenía idéntica intención que su par de Evolución Radical, espacio liderado por Martín Lousteau, presidente del Comité nacional de la UCR y senador nacional.
Esas diferencias quedaron saldadas. No obstante, ambos sectores tienen matices y el equilibrio partidario al interior del parlamento no está exento de tironeos. El ala alineada con Manes tiene una postura muy crítica de Milei y le achaca al sector de De Loredo una actitud “algo concesiva” con el oficialismo. Si bien el cordobés salió al cruce del Jefe de Estado por las redes sociales, el neurólogo exige adoptar una posición más dura en las negociaciones parlamentarias con la Casa Rosada.
Sobre este telón de fondo, la UCR tuvo una reunión de sus referentes legislativos y partidarios el lunes a la tarde. Fue en un Zoom que duró poco más de dos horas, donde no faltaron cruces y disonancias. Allí quedaron expuestas las distintas visiones que deambulan hoy en el partido centenario. Esas molestias se agravaron luego de que De Loredo participara a solas de una reunión en un hotel cercano al Congreso con un enviado de Milei. Según pudo conocer Infobae, el cónclave fue para buscar consenso de la bancada radical en la aprobación de la Ley Ómnibus.
Ante el ruido que circuló en los corrillos radicales, y en medio de una semana de negociaciones frenéticas por el apuro del Gobierno para dictaminar el proyecto de Ley, Lousteau convocó a la tropa de la UCR a esa cumbre virtual. Fueron de la partida los presidentes de los bloques en Diputados y en Senado, los secretarios parlamentarios, legisladores y operadores políticos que representan a los gobernadores del partido.
Para acercar posiciones, Lousteau se reunió el martes a la tarde con Gastón Manes, presidente de la Convención nacional de la UCR y hermano del neurólogo y diputado. En un encuentro de casi dos horas, que tuvo lugar en las oficinas de la fundación del senador nacional, los dirigentes boina blanca buscaron puntos en común e intentaron ordenar la estrategia que ejecutará el partido en el Congreso en el tratamiento de la Ley Ómnibus y, luego, del mega DNU. Sobre el decreto que 300 artículo que dispone desregulaciones masivas, un sector del partido tiene la idea de rechazarlo. Sin embargo, espetan al oficialismo para que constituya la comisión bicameral de DNU.
El radicalismo se manejó con el esquema del “semáforo” que acuñó Miguel Ángel Pichetto, presidente del bloque Hacemos Coalición Federal. Es decir, discutieron qué temas de la Ley Ómnibus tendrán luz verde y los aprobarán, cuáles están en amarillo (o sea, en dudas), y a qué aspectos los tachan en rojo porque no los aceptarán.
Por estas horas, a la UCR la unen los frenos a la Ley Ómnibus. Hay acuerdos respecto a qué temas rechazar. Entre ellos, sobresalen la reforma política y electoral, las retenciones a las economías regionales, las privatizaciones masivas sin pasar por el Congreso, las facultades delegadas por dos años prorrogables por otros dos; también las modificaciones al régimen pesquero, la ley de biocombustibles y las modificaciones que afectan al sector hidrocarburífero.
Los legisladores radicales funcionan como vehículos que buscan garantizar los intereses de los cinco mandatarios provinciales del partido: Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Alfredo Cornejo (Mendoza), Gustavo Valdés (Corrientes), Leandro Zdero (Chaco) y Carlos Sadir (Jujuy). Los jefes territoriales no piensan igual en todo y suelen tener rispideces por discusiones de poder interno. No obstante, actúan concertados en la posición que tienen ante Milei en la negociación por la Ley Ómnibus.
De fondo está la situación fiscal y los intereses locales de cada provincia, por lo cual los gobernadores exigen una compensación por la detracción de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias que quitó Sergio Massa el año pasado, cuando era ministro de Economía. Los jefes territoriales de la UCR presionan al gobierno a conceder un alivio que beneficie fiscalmente a sus provincias como punto para destrabar el apoyo a la Ley Ómnibus.
Por estas horas, en el radicalismo analizan emitir un dictamen propio de la Ley de Ómnibus o, en su defecto, conjunto con el bloque de Pichetto, el PRO e Innovación Federal. Sin embargo, el partido tiene hoy una distancia con la bancada que conduce Cristian Ritondo y reporta a Mauricio Macri, Patricia Bullrich y los gobernadores del PRO. En la UCR optan por una posición opositora al Gobierno, aunque colaborativa, y ven en el partido amarillo a un aliado que “cogobierna” con el oficialismo.
Con sus espadas legislativas, el Gobierno busca lograr un dictamen de mayoría que cuente con el apoyo de la oposición “dialoguista”. En caso contrario, Unión por la Patria el el bloque más numeroso y se encaminará a imponer un dictamen de mayoría que rechace el articulado que impulsa Milei.
El partido seleccionó a un grupo de diputados que en estos momentos participan de una mesa negociadora encabezada por Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, y funcionarios del Poder Ejecutivo.
Estas conversaciones al interior del partido, motorizadas por las normativas que busca implementar el Gobierno nacional, son el puntapié de la discusión de poder que se dará en la UCR, un partido que renovó autoridades a fin de año y que se encamina a un proceso de reconfiguración política, con nuevos líderes territoriales, con el 2025 en el horizonte.