Los gobernadores petroleros unifican una estrategia para presionar a Milei y exigir cambios en la Ley Ómnibus

Con la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, es la primera vez en la historia política argentina que el peronismo y la Unión Cívica Radical (UCR) son oposición al mismo tiempo. Ese marco dejará esta semana una foto de alto volumen político. Un grupo de gobernadores y dirigentes de provincias petroleras se reunirán para coordinar una estrategia de presión al Gobierno con el objetivo de exigir modificaciones a la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. La iniciativa fue impulsada por los mandatarios patagónicos que el 5 de enero se reunieron en el sur y rubricaron la “Declaración de Villa La Angostura”.

El cónclave tendrá lugar mañana en horas del mediodía en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), en el barrio de Retiro, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el encuentro participarán representantes de las provincias agrupadas en la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI). Se trata de un espacio conformado en 1984 que está integrado por Neuquén, Tierra del Fuego, Chubut, Santa Cruz, Río Negro, La Pampa, Salta, Jujuy, Mendoza y Formosa. Son distritos que realizan explotación, exploración y exportación de gas y petróleo

Según pudo conocer Infobae, están confirmadas para mañana en el CFI las presencias de los mandatarios provinciales Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Ignacio Torres (Chubut), Sergio Ziliotto (La Pampa), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Claudio Vidal (Santa Cruz). En tanto que no se descarta que Salta, Mendoza y Formosa puedan enviar en representación de cada provincia a funcionarios especializados en el área energética.

De hecho, los ministros y secretarios de energía de esos 10 estados subnacionales están en contacto y mantienen reuniones periódicas para unificar criterios. En paralelo, los gobernadores coordinan una estrategia política de presión al Poder Ejecutivo. La mayoría ha mantenido contacto con Guillermo Francos, ministro del Interior de la Nación, y le transmitieron su diferencias con varios puntos del corpus normativo que tiene 660 artículos que buscan reformar el Estado y avanzar en desregulaciones masivas.

La postura de los gobernadores, en la que coinciden el PRO, peronistas y radicales, es que no convalidarán ningún punto de la Ley Ómnibus que afecte intereses provinciales, de las economías regionales y de recursos estratégicos relevantes para cada territorio.

Los gobernadores tienen ascendencia sobre una porción de legisladores nacionales que resultará clave para destrabar la aprobación del articulado cuyo corazón pergeñaron Federico Sturzenegger y Luis Caputo, ministro de Hacienda de la Nación. Harán valer ese peso, porque conocen que Milei no puede poner emitir dictamen en el plenario de comisiones ni lograr el quórum en el recinto de ninguna de las Cámaras: el oficialismo tiene 38 diputados y 8 senadores.

“Están tocando los bolsillos de todos”, le dijo a este medio uno de los gobernadores que asistirá mañana a la reunión en el CFI. Otro de los mandatarios, alineado en la Liga de Juntos por el Cambio, expresó que “no es cuestión de afinidad política, es cuestión de intereses”.

El objetivo de la cumbre de mañana será analizar el Capítulo 9 sección 1, del proyecto de Ley Ómnibus, referido a energía. Los gobernadores exigen que se eliminen o modifiquen 30 artículos. Algunos conceden al Ejecutivo ser autoridad de aplicación de la legislación hidrocarburífera, un punto objetado por inconstitucional. “Es una discusión ya saldada con la sanción de la Reforma de la Constitución Nacional”, expresaron los jefes provinciales en el documento suscripto en Villa La Angostura.

“No nos queremos convertir en una colonia de la cual se continúen extrayendo recursos naturales baratos a cambio de una pobre compensación”, advierten los gobernadores en otro tramo. Además, señalaron que están dispuestos a acompañar buena parte de los aspectos de la Ley Ómnibus y que coinciden con el objetivo de incentivar las inversiones en el sector petrolero. Aunque sostuvieron que “ese objetivo debe ser cumplido asegurando no solo la sustentabilidad económica de los inversores, sino también la sustentabilidad social y ambiental de las poblaciones y las regiones donde se desarrolla esta actividad”.

Otro de los puntos sobre los que solicitaron modificaciones es respecto a los artículos que determinan los montos de los Cánones de Exploración y Explotación. “Pedimos que el monto máximo a gravar con derechos de exportación a los hidrocarburos no pueda superar el 8% actualmente vigente”.

En este sentido, un tema que generará ruido en la reunión es que un sector importante de los gobernadores no están dispuestos a dar el visto bueno a la privatización de YPY. El proyecto de ley de Balcarce 50 pretende pasar a manos privadas un grupo de 41 empresas estatales. Una de ellas es las petrolera de bandera. “Privatizar una empresa que vale un tercio de lo que debería valer, con los activos que tiene, no me parece que sea inteligente”, expresó en ese sentido Nacho Torres, de Chubut, en declaraciones a Radio La Red. “A nosotros lo que nos interesa de YPF es que se labure. Hoy la prioridad tiene que ser generar laburo, crecer y exportar”, agregó el gobernador.

El Gobierno está dispuesto a atender los reclamos de los líderes provinciales. El capítulo petrolero se suma a otros temas sobre los que los gobernadores exigieron cambios, como en biocombustibles, eliminación de retenciones a las economías regionales, una parte de la reforma electoral (centralmente el intento de aplicar la circunscripción uninominal en el sistema electoral para elegir los representantes del Congreso).

Un tema sobre el que los gobernadores ya lograron que el Gobierno retroceda es sobre la desregulación del régimen pesquero. Las provincias y municipios afectados por esa actividad salieron al cruce de Milei y exigieron retrotraer la iniciativa y sostener las medidas que protegen la pesca dentro de las 200 millas marítimas de la plataforma argentina.

Como gesto inequívoco del compromiso del Gobierno para enmendar ese apartado, el Jefe de Estado envió ayer a Luis Petri, ministro de Defensa, a que viaje a Mar del Plata. El funcionario estuvo en la Base Naval de esa ciudad balnearia donde zarpó una nueva operación para reforzar la vigilancia y el control del Atlántico Sur, desde donde partió un buque que controlará a los pesqueros extranjeros que se ubiquen en la milla 201 para impedir la entrada dentro del espacio marítimo del país.

Una curiosidad es que Guillermo Montenegro, intendente local, se enteró de la llegada de Petri minutos antes de que comience la actividad en la base naval. Se alistó rápidamente y se sumó a la movida en el puerto. Había sido uno de los principales impulsores de la resistencia contra la desregulación en el régimen pesquero. Los gobernadores petroleros esperan tener la misma suerte. ¿Irá en los próximos días Milei o Eduardo Rodríguez Chirillo, secretario de Energía de la Nación, a Vaca Muerta? No hay indicios de eso. Lo que sí es un hecho es que la semana que viene estará Horacio Marín, titular de YPF, en Chubut, junto al gobernador. Será, acaso, un gesto del Gobierno hacia los mandatarios petroleros en busca lograr apoyo a la Ley Ómnibus.