Tras días de tensión con la Policía de La Rioja, el gobierno de Ricardo Quintela dijo haber llegado a un principio de acuerdo por la cuestión salarial, sin embargo, la protesta continuó hasta altas horas de la noche.
La manifestación comenzó el jueves por la noche, cuando efectivos activos y retirados de la fuerza de seguridad provincial se concentraron en la Plaza 25 de Mayo. La convocatoria surgió a través de mensajes de WhatsApp, en los que los propios integrantes de la fuerza de seguridad pedían la unidad de los colegas.
Pasada la medianoche del jueves los principales referentes del reclamo policial se reunieron con el jefe de Gabinete Juan Luna, y el ministro de Seguridad y Derechos Humanos, Miguel Ángel Zarate, para tratar de buscar un acuerdo. Según se supo, la reunión no fue en buenos términos y no se pudo llegar a un punto en común para desactivar la protesta.
De esta manera, los reclamos continuaron durante la jornada del viernes y, con el caer de la noche, la protesta se intensificó. En un primer momento, trascendió que los manifestantes habrían intentado ingresar a la Casa de Gobierno, pero no hubo algún tipo de confirmación oficial al respecto.
Los policías exigían ver a Quintela, quien, en un primer momento, aseguró que los recibiría recién el martes, ya que no se encontraba en la provincia, pero tiempo después regresó. En paralelo, la convocatoria de la protesta comenzó a crecer, por lo que el gobernador se sentó a negociar con las partes.
De acuerdo con el comunicado que difundió el Gobierno de La Rioja, habrían alcanzado un principio de acuerdo. “Tras un encuentro en buenos términos, las partes acordaron una recomposición salarial que se abonará el 70% cuando se acrediten los sueldos de enero y el 30% restante con la quincenita”, aseguraron.
Además, indicaron que “se tomarán todas las medidas de reducción de gastos de funcionamiento de todo el Estado y de achicamiento de la estructura ministerial para hacer frente a este reclamo”.
Por último, sostuvieron que “el gobernador se comprometió a trabajar en conjunto con los legisladores provinciales para avanzar en un proyecto de ley para la emisión de una moneda virtual propia que sirva como herramienta para abordar la falta de recursos que atraviesa la provincia”.
Pese a que Quintela asegura haber alcanzado un acuerdo, las protestas continuaron frente a la casa de Gobierno, puesto que algunos sectores no aceptaron el convenio. Consideran que su salario debería estar ligado a los valores de la canasta básica, tal como pudo conocer el medio local Fénix. La concurrencia comenzó a bajar cerca de las 23 horas del viernes, pero un grupo considerable de efectivos continuaba en la plaza.
Los policías riojanos piden un piso de $800.000. Un número que en la provincia descartan de plano. De hecho, durante la tarde del viernes, el abogado de las fuerzas, Sergio Gómez, presentó una carta en la oficina de Quintela en la que detalla la situación salarial de los uniformados. En el escrito expresó que los efectivos viven una “angustiosa situación económica donde el contexto inflacionario impacta día a día en la economía familiar” y aseguró que los policías riojanos “perciben los sueldos más bajos del país”. En el texto explicó que un oficial que ocupa la primera jerarquía del escalón oficial cobra un básico de $45.210 y un agente que ocupa la primera jerarquía del escalafón sub-oficial cobra $44.676.
Quientela, por otro lado, antes de haber alcanzado el presunto principio de acuerdo, subió un mensaje en sus redes sociales en el que explicó la situación financiera de la provincia y apuntó contra el presidente Javier Milei, justificando la condición actual con una deuda que la Nación tiene con La Rioja.
“Queremos aumentar los sueldos y necesitamos que Nación envíe los fondos que le corresponden a las y los riojanos”, sostuvo.
“Siempre trabajamos para que los aumentos vayan en consonancia con la inflación que venimos viviendo desde hace mucho y el crecimiento de la misma con las medidas de shock y perjudiciales del actual gobierno nacional, han logrado que los sueldos de las y los trabajadores queden muy por debajo de la inflación provocando una fuerte pérdida del poder adquisitivo con una devaluación del 120%”, indicó Quintela en ese momento.