Javier Milei ordenó a la ministra Patricia Bullrich que intimara cuanto antes a los sindicatos que organizaron la protesta de la CGT del 27 de diciembre para que paguen los costos del operativo desplegado ante el Palacio de Tribunales. ¿Por qué lo hizo? En la CGT creen que fue una decisión que se tomó en el Gobierno después de las declaraciones de Pablo Moyano acerca de que el objetivo del gremialismo peronista es “voltear” el DNU y la Ley Ómnibus.
Por eso, estiman los gremialistas, el presidente le contestó duramente al dirigente del Sindicato de Camioneros al publicar este jueves en las redes sociales un mensaje en el que lo calificó como uno de los “enemigos de la reforma”, de “los que quieren voltear la ley para que nada cambie, para mantener sus privilegios”.
En el sindicalismo entienden que hay una relación de causalidad entre la frase amenazante del hijo de Hugo Moyano, el enojo de Milei y la instrucción que recibió la ministra de Seguridad de exigirles a los dirigentes gremiales el pago de 40 millones de pesos por la movilización para rechazar el DNU que incluye la reforma laboral.
Es lo que transmiten en la cúpula cegetista para explicar por qué el Gobierno sigue endureciendo su postura contra el sindicalismo y cortó todo tipo de diálogo para tratar de encarrilar la relación. “Ahora sí la pelea es a todo o nada”, interpretan en la central obrera acerca de lo que desatará la actitud de Milei, que por primera vez se involucró personalmente en el choque con la dirigencia gremial.
¿Hasta dónde llegará la disputa entre el jefe del Estado y la CGT? Ahora queda claro que el ala dura del Gobierno no decidió de manera inconsulta echar a Horacio Pitrau de la Subsecretaría de Relaciones Laborales (el segundo peldaño de poder en la Secretaría de Trabajo), haciéndolo responsable de promover una estrategia negociadora con el sindicalismo. Detrás de la ofensiva del jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y de Federico Sturzenegger, el cerebro de las reformas libertarias, está el propio Milei.
Para los sindicalistas, todo indica que crecerá el escenario de máxima tensión entre el Gobierno y el gremialismo luego de que se conoció el DNU 70 que contempla la reforma laboral. Lo que sucedió desde entonces fue una escalada de hechos que agravaron la pelea. Molesta porque los cambios laborales fueron más duros de lo que había prometido Guillermo Francos, ministro del Interior, la CGT inició una embestida a dos puntas: por un lado, hizo una presentación judicial contra el DNU, que ya logró frenar su aplicación gracias a que la Justicia del Trabajo dictó una medida cautelar, y, por otro, decidió romper cuatro años de pasividad con un paro de 12 horas con movilización al Congreso que se hará el 24 de enero.
El desplazamiento de Pitrau simbolizó el final de las estrategias desplegadas desde la Secretaría de Trabajo, encabezada por Omar Yasín, para dividir a los sindicalistas y debilitar la huelga. La principal de las jugadas de las autoridades laborales fue haber logrado, en en medio de las tensiones con la CGT por la reforma laboral que figuran en el DNU, el acercamiento del titular del Sindicato de Comercio, Armando Cavalieri, quien maneja el gremio más numeroso del país, con 1.200.000 afiliados.
El decreto de Milei puso límites a las cuotas solidarias, un sistema adicional de recaudación sindical a través de los convenios colectivos, al establecer que podían cobrarse sólo si había un “consentimiento explícito” de los trabajadores. La clave de ese recurso de financiamiento de los sindicatos es justamente que una vez que se pacta con los empresarios en los convenios se descuenta un porcentaje determinado de los salarios a todos los trabajadores de una actividad, sean afiliados o no.
Tras alertar que ese cambio en las cuotas solidarias iba a llevar a “la quiebra” a su sindicato, Cavalieri se reunió con la ministra Pettovello para plantear su reclamo sobre las cuotas solidarias y obtuvo la promesa oficial de una solución a su reclamo. En rigor, le dijeron que, a pedido de él, podía emitirse un dictamen de interpretación para que siguiera cobrando sin cambios las cuotas solidarias.
Yasín y Pitrau imaginaron esa jugada como una forma de meter una cuña en el mundo sindical porque cada dirigente se vería obligado a gestionar una audiencia para pedir el mismo dictamen que había obtenido Cavalieri, ya que esa decisión oficial no tendría alcances generales. En el fondo, era una forma de intentar debilitar a una CGT que empezaba a pintarse la cara contra el Gobierno, sacándole respaldos como, en este caso, el del gremio más numeroso de la Argentina.
Pero, además, Cavalieri le anunció a Pettovello su decisión de adherir desde su convenio al nuevo sistema de indemnizaciones previsto en el DNU con la creación de un Fondo de Cese Laboral como el que rige en la UOCRA. Esa decisión iba a ser imitada por otros importantes sindicatos.
Sin embargo, el acuerdo entre Pettovello y Cavalieri desató una tormenta en el Gobierno. Primero fue Sturzenegger quien le planteó a la ministra su rechazo a la decisión que benefició a Cavalieri para el cobro de las cuotas solidarias. De una primera charla entre ambos surgió un encuentro presidido por el jefe de Gabinete, acompañado por dos abogados laboralistas de perfil duro que elaboraron la reforma laboral libertaria, Miguel Angel Ponte y Julio Cordero, vinculados con el Grupo Techint.
Ahora, el enojo de Milei derivó en las intimaciones a los sindicatos y organizaciones sociales para exigirles que se hagan cargo de pagar el operativo de seguridad que hubo el 27 de diciembre. La CGT reaccionó de una forma que podría complicar la estrategia del Gobierno en la escena mundial: como anticipó Infobae, elevará una queja contra el Gobierno con “solicitud de tratamiento urgente” ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, Gerardo Martínez (UOCRA), será quien formalizará la presentación en su condición de miembro del Comité de Libertad Sindical de aquel organismo, que fue creado en 1951 para examinar los reclamos de empleadores y trabajadores sobre violaciones a la libertad sindical.
Pero, además, la CTA Autónoma, liderada por Hugo “Cachorro” Godoy, y la CTA de los Trabajadores, que conduce Hugo Yasky, también presentarán una queja ante la OIT por la intimación oficial a los gremios y organizaciones sociales que participaron de la protesta ante Tribunales. Lo más probable incluso es que las tres centrales unifiquen su reclamo para darle más fuerza.
Rivales acérrimos durante muchos años, los dirigentes de la CGT se abroquelan ahora con sus colegas de las dos CTA en una inédita muestra de unidad sindical. Milei lo hizo posible. De la misma forma, una comitiva cegetista mantuvo este jueves una reunión con diputados del Frente de Izquierda, dentro de la ronda de reuniones de la central obrera para tratar de frenar en el Congreso el DNU y la Ley Ómnibus. Esa postal fue más impactante todavía: en una misma foto posaron exponentes de la “burocracia sindical” con representantes del trotskismo a quienes consideraban sus archienemigos, entre plenas coincidencias acerca de la necesidad de impedir las fuertes reformas del Gobierno.
Unos y otros estarán en la calle el 24 de enero para la jornada de paro con movilización de la CGT. Quizá sea, en el fondo, lo que quiere el Gobierno: dejar en evidencia a un frente político y sindical cuyos integrantes dejaron sus profundas diferencias sólo para detener los cambios proyectados. Ahora, al menos, la dirigencia gremial ya no puede echarle la culpa de la falta de diálogo a los “halcones” de la Casa Rosada. El único culpable, como están convencidos en la CGT, es el “león” libertario.