El gobierno porteño informó que en 2023 hubo más de 4.000 delitos cometidos por extranjeros y volvió a pedir el decreto que aceleraba la expulsión del país

El ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Waldo Wolff, se sumó hoy al reclamo que había hecho el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, para restituir un decreto de 2017 que permitía acelerar la extradición de delincuentes extranjeros y que fue derogado por la administración de Alberto Fernández.

En una publicación en la red social X (antes Twitter), Wolff afirmó que, el año pasado, hubo “más de 4000 delitos, entre robos, hurtos, narcotráfico y violencia de género, a manos de extranjeros (sin nacionalidad regularizada)”. El ministro aseguró además que “el 37% de los homicidios los cometieron ciudadanos de otros países que no llegaron ni a trabajar ni a estudiar, sino a intentar quebrar el orden”.

Asimismo, el funcionario dijo que hay 200 detenidos de distintas nacionalidades en comisarías de la Ciudad y afirmó que, sólo en la última semana, fueron arrestados 8 delincuentes en tres operativos diferentes”.

“Vamos a trabajar para restituir el decreto 70/2017 de Migraciones que permite la expulsión de ciudadanos extranjeros que delinquen en nuestros país. Es con orden”, cerró Wolff.

Ayer, Jorge Macri había reclamado públicamente por la restitución del decreto 70/2017, firmado por el entonces presidente Mauricio Macri, que imponía mayores restricciones al ingreso de extranjeros al país y que, además, preveía un mecanismo rápido de extradición de delincuentes.

“Hay que expulsar a los extranjeros sin ciudadabía que delinquen”, escribió en su cuenta de la red social X (ante Twitter) Jorge Macri, al hacer referencia a un hecho policial ocurrido en las últimas horas en la Ciudad.

“Anoche ante una alerta al 911 personal de la Policía de la Ciudad detuvo a tres delincuentes que estaban robando en un local de electrodomésticos, en el barrio de Balvanera, y que intentaron darse a la fuga. Los tres son extranjeros y ninguno posee ciudadanía argentina. Se debe restituir la normativa que en 2017 modificó la Ley de Migraciones para agilizar la expulsión de aquellos extranjeros, sin ciudadanía, que eligen nuestro país para delinquir y que fue derogada en 2021 por el kirchnerismo. Nuestra Ciudad no debe ser más el lugar al que se viene a cometer delitos”, fue el mensaje del Jefe de Gobierno.

En enero de 2017, Macri y su gabinete firmaron el Decreto 70 que modificó la Ley de Migraciones. Amparándose en la definición de que cada Estado tiene “la prerrogativa soberana de decidir los criterios de admisión y expulsión de los no nacionales”, se creó un “procedimiento migratorio especial sumarísimo” para negar el ingreso y expulsar a delincuentes extranjeros con mayor agilidad.

El argumento en ese entonces radicó en “la duración de los procesos administrativos y judiciales” y en el incremento de personas de nacionalidad extranjera bajo custodia del Servicio Penitenciario que en 2016 alcanzó al 21,3% de la población carcelaria total, pero que al analizar la cantidad de personas detenidas por narcotráfico, la cifra de inmigrantes subía al 33% en aquel año.

Ese decreto fue derogado por el Gobierno de Alberto Fernández en 2021 argumentando que el DNU de Macri había modificado “aspectos sustanciales” de la Ley de Migraciones “que resultan irreconciliables con nuestra Constitución Nacional y con el sistema internacional de protección de los derechos humanos, entre los que cabe mencionar la violación al principio del debido proceso, al derecho a contar con asistencia y defensa legal, la restricción a un control amplio y suficiente del poder judicial sobre los actos de la autoridad administrativa, la amplitud con la que se prevé la retención preventiva del y de la migrante sin definir las causas que la habilitan y la restricción a los derechos de reunificación familiar y dispensa por razones humanitarias”.

Además de sostener que la política migratoria de Cambiemos no evidenció “mejoras ponderables en otros aspectos”, desde la entrada en vigencia del Decreto 70 en 2017 “se agravó exponencialmente la litigiosidad en materia migratoria”, dijeron en aquel momento.