La CGT consideró “una nueva provocación del Poder Ejecutivo” dirigida a “acallar toda manifestación y protesta de los trabajadores” las intimaciones del Ministerio de Seguridad para que sindicatos y organizaciones sociales paguen los gastos millonarios del operativo desplegado durante la protesta cegetista contra el DNU dictado por Javier Milei que tuvo lugar el 27 de diciembre en Plaza Lavalle.
Además, la central obrera elevará una queja contra el Gobierno con “solicitud de tratamiento urgente” ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), según anticipó a Infobae el secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, Gerardo Martínez (UOCRA), quien hará la presentación en su condición de miembro del Comité de Libertad Sindical de aquel organismo, que fue creado en 1951 para examinar los reclamos de empleadores y trabajadores sobre violaciones a la libertad sindical.
Tanto la CTA Autónoma, liderada por Hugo “Cachorro” Godoy, como la CTA de los Trabajadores, que conduce Hugo Yasky, anunciaron que también presentarán una queja ante la OIT por la intimación oficial a los gremios y organizaciones sociales que participaron de la protesta ante Tribunales.
El rechazo a la intimación oficial originó las inusuales coincidencias entre dirigentes de la CGT y diputados nacionales del bloque del Frente de Izquierda, que se realizó en el Congreso como parte de las reuniones de los líderes cegetistas para reunir consenso en contra del DNU 70. Durante una hora, hablaron sobre la estrategia para frenar el decreto de Milei y la Ley Ómnibus y los legisladores trotskistas advirtieron que “sólo el paro y la movilización de millones de trabajadores en todo el país y la continuidad de un plan de lucha podrán voltear” las medidas “antipopulares” del Gobierno.
De la reunión participaron los cotitulares de la CGT Héctor Daer (Sanidad) y Pablo Moyano; Andrés Rodríguez (UPCN), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Jorge Sola (Seguro), Cristian Jerónimo (vidrio) y Alejandro Amor (municipales porteños), mientras que por el bloque del Frente de Izquierda estuvieron Romina Del Plá, Myriam Bregman, Nicolás Del Caño, Néstor Pitrola, Alejandro Vilca y Christian Castillo.
En un comunicado de prensa, la CGT criticó duramente la intimación del Gobierno a un grupo de sindicatos para que paguen 40 millones de pesos para financiar el costo del operativo de seguridad del la protesta del 27 de diciembre: tras manifestar su “profunda preocupación”, la central obrera consideró que “es una nueva provocación del Poder Ejecutivo en sus intentos de acallar toda manifestación y protesta de los trabajadores y trabajadoras organizados, en expresión de sus legítimos reclamos, ante la reforma laboral más regresiva en toda la historia democrática de nuestro país”.
“Esta afrenta ilegítima y contraria a la Constitución Nacional, que expone la vocación gubernamental de desconocer la libertad sindical, el derecho de huelga y de protesta ante todo intento de manifestar el rechazo y el descontento ante el menosprecio de normas laborales individuales y colectivas inspiradas en la justicia social, no condicionará al movimiento obrero organizado”, agregó.
La CGT aseguró en el comunicado que “no representa los intereses de una casta, pero sí de trabajadores y trabajadores de nuestro país que, en una sociedad democrática y conforme a la Constitución Nacional, tienen el derecho a gozar de la protección de las normas, a la organización sindical, a negociar convenios colectivos y a ejercer el derecho de manifestación y de huelga”.
Una reacción similar tuvo la CTA Autónoma, que calificó la intimación oficial como “actos de persecución e intimidación por parte del gobierno de Javier Milei” y anunció que realizó “las presentaciones correspondientes ante la Justicia para rechazar” la decisión impulsada por el Ministerio de Seguridad, que encabeza Patricia Bullrich.
Para esta fracción combativa de la CTA, el Gobierno intenta de esa forma “sostener una norma que es claramente inconstitucional” y “atribuirnos un delito que de ninguna manera hemos cometido”, ya que, advirtió, “los trabajadores ejercemos nuestro derecho constitucional a la protesta”.
En el mismo sentido se pronunció la Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina (FeMPINRA), que lidera Juan Carlos Schmid: afirmó que la intimación oficial al sindicalismo para que pague los costos operativos de la protesta callejera “avasalla los derechos consagrados en la Constitución, viola acuerdos internacionales y pretende disciplinar a las organizaciones sindicales en el marco del establecimiento de un gobierno autocrático”.
Tras calificar la decisión del Gobierno como “acto intimidatorio y anticonstitucional”, sostuvo que “con ridícula soberbia el Gobierno se pone por encima del mandato democrático en nombre de falsas interpretaciones”, al violentar la Constitución Nacional, “pretendiendo llevarse por delante toda la representación popular y abonan el terreno de la represión porque para ellos la violencia política es un apéndice del sometimiento del pueblo a políticas de hambre y entrega”.
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