Jorge Macri pidió por un decreto de 2017 para poder “expulsar a los extranjeros sin ciudadanía que delinquen”

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, reclamó hoy públicamente que se restituya el decreto que en 2017 había firmado el entonces presidente Mauricio Macri que imponía mayores restricciones al ingreso de extranjeros al país y que, además, preveía un mecanismo rápido de extradición de delincuentes.

“Hay que expulsar a los extranjeros sin ciudadabía que delinquen”, escribió en su cuenta de la red social X (ante Twitter) Jorge Macri, al hacer referencia a un hecho policial ocurrido en las últimas horas en la Ciudad.

“Anoche ante una alerta al 911 personal de la Policía de la Ciudad detuvo a tres delincuentes que estaban robando en un local de electrodomésticos, en el barrio de Balvanera, y que intentaron darse a la fuga. Los tres son extranjeros y ninguno posee ciudadanía argentina. Se debe restituir la normativa que en 2017 modificó la Ley de Migraciones para agilizar la expulsión de aquellos extranjeros, sin ciudadanía, que eligen nuestro país para delinquir y que fue derogada en 2021 por el kirchnerismo. Nuestra Ciudad no debe ser más el lugar al que se viene a cometer delitos”, fue el mensaje del Jefe de Gobierno.

En enero de 2017, Macri y su gabinete firmaron el Decreto 70 que modificó la Ley de Migraciones. Amparándose en la definición de que cada Estado tiene “la prerrogativa soberana de decidir los criterios de admisión y expulsión de los no nacionales”, se creó un “procedimiento migratorio especial sumarísimo” para negar el ingreso y expulsar a delincuentes extranjeros con mayor agilidad. 

El argumento en ese entonces radicó en “la duración de los procesos administrativos y judiciales” y en el incremento de personas de nacionalidad extranjera bajo custodia del Servicio Penitenciario que en 2016 alcanzó al 21,3% de la población carcelaria total, pero que al analizar la cantidad de personas detenidas por narcotráfico, la cifra de inmigrantes subía al 33% en aquel año.

La norma estableció también la prohibición de ingreso a las personas que presenten documentación falsa u omitan informar sobre sus antecedentes penales; los que cumplan condena o tengan antecedentes –tanto en Argentina como el exterior- “por delitos que merezcan según las leyes argentinas penas privativas de libertad” o “delitos de tráfico de armas, de personas, de estupefacientes, de órganos o tejidos, o por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas”. La prohibición de ingreso se extendió a quienes estuvieron involucrados en actos de terrorismo, crímenes de guerra, de lesa humanidad o promuevan la prostitución. Además, las mismas causas podían ser utilizadas para cancelar las residencias que se hubiesen otorgado “cualquiera fuese su antigüedad”.

En efecto, la Ley de Migraciones establecía que un extranjero podía ser expulsado por cometer delitos graves con pena mayor a cinco años -en el caso de los residentes-, y por cometer delitos con pena superior a tres años, en el caso de los no residentes. La modificación amplió la posibilidad de realizar el trámite de expulsión ante cualquier delito con pena de prisión. Para los no residentes, solo alcanzaba con un procesamiento firme sin ser necesaria la condena.

Ese decreto fue derogado por el Gobierno de Alberto Fernández en 2021 argumentando que el DNU de Macri había modificado “aspectos sustanciales” de la Ley de Migraciones “que resultan irreconciliables con nuestra Constitución Nacional y con el sistema internacional de protección de los derechos humanos, entre los que cabe mencionar la violación al principio del debido proceso, al derecho a contar con asistencia y defensa legal, la restricción a un control amplio y suficiente del poder judicial sobre los actos de la autoridad administrativa, la amplitud con la que se prevé la retención preventiva del y de la migrante sin definir las causas que la habilitan y la restricción a los derechos de reunificación familiar y dispensa por razones humanitarias”.

Además de sostener que la política migratoria de Cambiemos no evidenció “mejoras ponderables en otros aspectos”, desde la entrada en vigencia del Decreto 70 en 2017 “se agravó exponencialmente la litigiosidad en materia migratoria”, dijeron en aquel momento.

El hecho al que se refirió Jorge Macri hoy ocurrió en un comercio del barrio de Balvanera donde tres delincuentes rompieron el blindez y se hicieron con varios teléfonos celulares.

Según la información oficial, ante un llamado al 911, que daban cuenta de tres hombres violentando un acceso a un comercio en Pueyrredón al 400, personal de la Comisaría Vecinal 3 A de la Policía de la Ciudad acudió al lugar y se entrevistó con la encargada, que contó que los sujetos escaparon en distintas direcciones.

Desde el Centro de Monitoreo Urbano (CMU) lograron captar a los delincuentes y los operadores fueron informando sobre el lugar hacia donde escapaban, y hasta el lugar donde se desprendieron de una bolsa.

A la búsqueda se sumó personal de la División Investigaciones Comunales 3 (DIC3), que detuvieron a dos hombres, en tanteo personal que realizaba tareas de prevención en la zona, detuvo al tercero en Bartolomé Mitre y Ecuador.

Los detenidos son dos ciudadanos chilenos y uno colombiano, quienes duranta la persecusión, se desprendieron de una bolsa con catorce celulares, que fueron recuperados por efectivos policiales.