El Gobierno había puesto la mira en un viejo régimen productivo que deja en manos del Estado la generación de una oferta cartelizada, con un mercado cautivo y un precio fijado discrecionalmente que le garantiza multimillonarios ingresos a un puñado de empresas dedicadas a la producción de biocombustibles, pero ya le habrían torcido el brazo para propinarle su primera derrota legislativa.
Desde 2007, la Secretaría de Energía decide qué empresa puede vender biocombustibles en el mercado argentino, cuánto volumen puede producir y a qué precio lo venderá. Los compradores están garantizados: son las compañías productoras de combustibles que deben mezclar esos derivados de soja, maíz y caña de azúcar con sus gasoils y naftas.
Dos grupos empresarios se reparten un tercio de todo el biodiesel que el Estado asigna discrecionalmente mensualmente, y tres grupos se quedan con más de la mitad del negocio del bioetanol que se mezclará con la nafta.
Los grupos Bojanich y Essential Energy Holding se quedaron por decisión del Estado con el 33% del negocio que facturó más de 91.700 millones de pesos solo en diciembre por la producción de biodiesel, en tanto que ACA Bio, Promaíz SA y Bioetanol Río Cuarto se quedaron con el 52% de los 46.122 millones de pesos del bioetanol.
Dispuestos a terminar con ese esquema, el Gobierno propuso suprimir la limitación de empresas que puedan producir biocombustibles y abrir el juego a nuevos participantes, eliminar la cuotificación que mensualmente asigna la Secretaría de Energía y suprimir la fijación de un precio para los productos. “La proliferación de restricciones limita severamente la competencia en los mercados y contribuye a distorsionar artificialmente los precios relativos entre el conjunto de bienes y servicios comercializados”, justificó el Ejecutivo para su idea en los considerandos del mega proyecto de ley que buscará sancionarse en el Congreso.
Se supo que, por los reclamos principalmente de los gobernadores de Córdoba y Santa Fe, el gobierno estaría acordando reemplazar el esquema de asignaciones directas por licitaciones, ampliar los cortes de biocombustibles (el gasoil pasaría inmediatamente del actual 7,5% de biodiesel a 10%, en tanto que la nafta dejaría el actual 12% para pasar a tener 15% de bioetanol, con proyecciones de seguir aumentándose en ambos casos) y sostener una lista limitada de empresas oferentes.
Las empresas productoras de combustibles mantendrán la prohibición de elaborar biocombustibles, pese a que era algo que el Gobierno proponía modificar dado que “la proliferación de restricciones limita severamente la competencia” en los mercados y contribuye a distorsionar artificialmente los precios”, había dicho.
Aunque la letra que el Gobierno negocia con las provincias de Córdoba y Santa Fe señala que “la participación de mercado de cada una de las empresas no podrá exceder el 14% de la demanda total”, en los hechos nada cambiará.
Como los beneficios del esquema que inicialmente se impuso en 2007 por un lapso de 15 años (pero en 2021 fue extendido hasta 2030) fueron reservados solo para pequeñas y medianas empresas, Juan Carlos Bojanich montó seis sociedades distintas para encajar con fórceps en el sistema. Tiene Biobahía SA, Biobin SA, Bio Ramallo SA, Biobal Energy SA, Bio Corba SA y Refinar Bio SA.
Con esas 6 pymes, constituidas individualmente para encajar en el esquema de beneficios a los biocombustibles, se queda mensualmente con el 22% del mercado del biodiesel.
Además de ese conglomerado, se destaca el que constituyen Rosario Bioenergy, Bionogoya y Establecimiento El Albardón, todas propiedad del mismo grupo, Essential Energy Holding. Sumadas, las tres pymes se quedan cada mes con el 11% del biodiesel.
Entre los grupos Bojanich y Essential Energy Holding venden a las petroleras, por decisión del Estado y a precio regulado por el Estado, el 33% de todo el biodiesel que se expide en el país. A precios de diciembre 2023, ese 33% de la torta son $30.273,4 millones de pesos cada mes.