Sin canales de diálogo con el Gobierno, la CGT avanza decididamente en la organización del paro de 12 horas con movilización del 24 de enero: este miércoles tendrá lugar un plenario de delegaciones regionales de la central obrera para darle un apoyo a la protesta desde el interior del país.
El encuentro, que tendrá lugar a las 11 en el salón Felipe Vallese de la sede de Azopardo 802, marcará otro avance en la realización de la primera huelga general de la CGT desde mayo de 2019, en medio de las claras señales de endurecimiento de la administración de Javier Milei hacia el sindicalismo: la última de demostración en ese sentido quedó reflejada con el desplazamiento de Horacio Pitrau de la Subsecretaría de Trabajo por haber desplegado una estrategia negociadora hacia los gremialistas.
Como anticipó Infobae, la renuncia de Pitrau, quien secundaba al secretario de Trabajo, Omar Yasín, fue promovida la semana pasada por el ala dura del Gobierno, que integran el asesor Federico Sturzenegger y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, ante la enorme molestia que les causó que las autoridades laborales lograran el acercamiento del titular del Sindicato de Comercio, Armando Cavalieri, en medio de las tensiones con la CGT por la reforma laboral contenida en el DNU 70.
El decreto de Milei puso límites a las cuotas solidarias, un sistema adicional de recaudación sindical a través de los convenios colectivos, al establecer que podían cobrarse sólo si había un “consentimiento explícito” de los trabajadores. La clave de ese recurso de financiamiento de los sindicatos es justamente que una vez que se pacta con los empresarios en los convenios se descuenta un porcentaje determinado de los salarios a todos los trabajadores de una actividad, sean afiliados o no.
Tras alertar que ese cambio en las cuotas solidarias iba a llevar a ”la quiebra” a su sindicato, Cavalieri, quien maneja el gremio más numeroso del país, con 1.200.000 afiliados, se reunió con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, para plantear su reclamo sobre las cuotas solidarias.
La foto del encuentro de Pettovello y Cavalieri justo cuando la CGT debatía un plan de lucha contra la reforma laboral causó un profundo impacto en las filas sindicales y pareció una maniobra acertada de la Secretaría de Trabajo, que le prometió al jefe de Comercio que, a pedido de él, podía emitirse un dictamen de interpretación para que siguiera cobrando sin cambios las cuotas solidarias.
Yasín y Pitrau imaginaron esa jugada como una forma de meter una cuña en el mundo sindical porque cada dirigente se vería obligado a gestionar una audiencia para pedir el mismo dictamen que había obtenido Cavalieri, ya que esa decisión oficial no tendría alcances generales. En el fondo, era una forma de intentar debilitar a una CGT que empezaba a pintarse la cara contra el Gobierno, sacándole respaldos como, en este caso, el del sindicato más numeroso de la Argentina.
Pero, además, Cavalieri le anunció a Pettovello su decisión de adherir desde su convenio al nuevo sistema de indemnizaciones previsto en el DNU con la creación de un Fondo de Cese Laboral como el que rige en la UOCRA. Esa decisión iba ser imitada por otros importantes sindicatos.
Sin embargo, el acuerdo entre Pettovello y Cavalieri desató una tormenta en el Gobierno. Primero fue Federico Sturzenegger, el cerebro del plan para desregular la economía, quien le planteó a la ministra su rechazo a la decisión que benefició a Cavalieri para el cobro de las cuotas solidarias. De una primera charla entre ambos surgió un encuentro presidido por el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, acompañado por dos abogados laboralistas de perfil duro que elaboraron la reforma laboral libertaria, Miguel Angel Ponte y Julio Cordero, en ambos casos vinculados con el Grupo Techint.
Allí se resolvió llamarlo a Yasín para “pedirle la cabeza” de algún responsable del “error” que flexibilizó el pago de las cuotas solidarias porque entendían que había que endurecerse ante el sindicalismo luego de que la CGT avanzara con su ofensiva judicial contra el DNU (que finalmente logró frenar la reforma laboral) y dispuso el paro con movilización al Congreso del 24 de enero.
Por eso finalmente se decidió desplazar a Pitrau de la subsecretaría de Trabajo, que, en la práctica, era el funcionario laboral con mayor experiencia (fue secretario de Trabajo en la gestión de Jorge Triaca durante el gobierno de Mauricio Macri) y de fluidos contactos sindicales: en las últimas semanas, su participación fue clave para las reuniones reservadas de Yasín con gremialistas de peso.
Ahora, en la CGT admitieron a Infobae que ya no tienen interlocutores con la Casa Rosada: “Lo que pasó en la Secretaría de Trabajo responde al debate entre halcones y dialoguistas del Gobierno, donde los funcionarios son todos fusibles y el que manda no les da jerarquía -resaltó un sindicalista-. Queda demostrado que son funcionarios sin capacidad de garantizar las negociaciones. Hasta ahora, sólo se respetan los acuerdos con las corporaciones empresariales y sus intereses”.
El paro con movilización al Congreso se complementa con la estrategia jurídica de la CGT, que mediante una cautelar logró frenar en la justicia laboral la reforma laboral que contiene el DNU 70.
Un indicio de que hasta el sindicalismo más moderado se sumó a las protestas contra el Gobierno es el acto que la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) realizará este martes, a las 14.30, en la puerta del Fondo Nacional de las Artes, en Alsina 673, “en defensa de la cultura y contra la Ley Ómnibus que pretende eliminar instituciones culturales”.
Será la primera protesta contra el Gobierno que hará este sindicato, que lidera Andrés Rodríguez, que representa a la mayoría de los trabajadores de la administración pública nacional y priorizó hasta ahora las negociaciones con las autoridades para tratar de evitar los despidos en el Estado.
En un comunicado, UPCN destacó que “el Fondo Nacional de las Artes, creado en 1958, fue concebido como un banco de la cultura y se financia con fondos propios, sin ninguna contribución del Tesoro Nacional” y, además, hizo hincapié en que “la inversión en cultura representa sólo el 0,2% del presupuesto nacional, pero el sector cultural genera un valor agregado del 1,8%”.
En este escenario de conflictividad, además, los gremios que agrupan a los maestros apuestan a una negociación que garantice la mejora de sus sueldos. Desde la CGT, su secretario de Políticas Educativas y líder de Unión Docentes Argentinos (UDA), Sergio Romero, confirmó que el secretario de Educación, Carlos Torrendell, convocará a la paritaria nacional docente en febrero próximo “motivado por nuestra preocupación de incrementar de manera urgente los ítems del salario” del sector.
Consideró “muy positivo” el llamado a la paritaria docente porque “despeja esos ruidos atroces que indicaban que se iba a clausurar esta herramienta fundamental para la paz social” y advirtió que inquieta “el atraso que tiene el Fondo Nacional de Incentivo Docente, parte integrante de nuestra remuneración, y la actualización necesaria en materia de montos destinados a material didáctico”.
“Tenemos muchos temas importantes para abordar en la reunión paritaria con el Estado -agregó Romero-, ya que el docente de gestión pública convive con una precarización permanente de las condiciones de trabajo y las provincias y Nación deben invertir más en educación y discutir con los docentes oficiales estos temas antes de achacar cuestiones de ausentismo, por ejemplo”.
El titular de UDA anticipó, además, que se propone “discutir la declaración de servicio público esencial de la educación” porque, según advirtió, “se nos representa, como contrapartida, la idea de una política de desfinanciamiento, falta de inversión y bajos salarios”.