Un plenario de comisiones de Diputados comenzó a analizar este martes, en reuniones informativas, la Ley Ómnibus denominada “Bases y Puntos de partida para la libertad de los argentinos”. El arranque estuvo signado por las chicanas, críticas y reproches, sobre todo del kirchnerismo, que cuestionó la decisión del Gobierno de no enviar a los tres funcionarios principales, el jefe de Gabinete, Nicolás Posse; el ministro de Economía, Luis Caputo; y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.
A la sesión plenaria asistieron el Procurador del Tesoro, Rodolfo Barra; el secretario de Energía y experto en reforma del Estado, Eduardo Rodríguez Chirillo; y luego el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Los tres hicieron primero una presentación y luego recibieron preguntas de diputados, tanto del kirchnerismo como de otros sectores aliados, como el PRO y la UCR. Lo saliente fue, de todos, las constantes críticas, quejas y chicanas lanzadas por dirigentes de Unión por la Patria, que rechazaron en la forma y el fondo a la iniciativa.
En medio de la expectativa sobre potenciales cambios para conseguir adhesiones, el Gobierno anunció que evalúa bajar el plazo de dos años a uno para las emergencias públicas solicitadas y las facultades delegadas al Ejecutivo, cuestiones centrales y de queja para la oposición en el Congreso.
Quien deslizó esta posibilidad fue el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, primer exponente del plenario que realizaron las Comisiones de Legislación General; Asuntos Constitucionales; y de Presupuesto de la Cámara baja. “Si se ve la ley de 2019 -empujada por el Gobierno kirchnerista de Alberto Fernández- no declaraba 11 emergencias públicas. Sí declaraba nueve. La diferencia no es tan sustancial”, aseguró el funcionario. Chirillo además dijo que las medidas solicitadas “establecen objetos y principios siguiendo la técnica legislativa, con objetivos y principios” que respetan la Constitución, así como las bases de las delegaciones de facultades del Congreso al Ejecutivo.
En ese sentido, manifestó: “Una vez que se empezó a conocer el proyecto sugerían que fueran por un año, más otro de prórroga. Es un aspecto que estamos considerando incluirlo en la versión final”.
Rodríguez Chirillo luego expresó que el trabajo comenzó en febrero del año pasado junto a responsables de las distintas áreas, documento que después se unió al estudio realizado por el funcionario sin cartera Federico Sturzenegger. Por último, dejó en claro que “esto no se trata de un cheque en blanco ni que se está pretendiendo cerrar el Congreso, bajo ningún punto de vista”, ya que “se piden cosas muy específicas por plazos que podrían ser más cortos”, y que el proyecto “es mucho más preciso y moderno respecto a todas las reformas del Estado anteriores que empezaron en los 90 y continuaron después”.
Otro de los expositores fue el procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, trascendental para entender los andamiajes legales que procura asentar la Casa Rosada. En esa línea, el funcionario dio una definición importante sobre la necesidad de modificar “una ley central para relaciones entre gobierno y la sociedad, que es ley de procedimientos administrativos, que trata de equilibrar esa difícil armonía entre autoridad y libertad”.
Sobre este punto, Barra fue tajante: “La ley de procedimientos es de 1972 y ha pasado mucha agua bajo el puente. La situación del país es otra. Fue dictada por el Gobierno militar y hoy podemos entender mejor la relación entre Estado y sociedad”. El funcionario, además, recordó a Juan Bautista Alberdi sobre “situaciones de crisis” que “exigen decisiones de crisis”, y en cuanto a que “muchas de las facultades especiales pueden ser el único medio de llevar a cabo ciertas reformas de larga, difícil e insegura ejecución”.
Una de las frases más polémicas que pronunció fue la siguiente: “Si hay crisis económica no va a haber Constitución vigente. Si la crisis nos lleva a los extremos que podemos tener”. Esa manifestación recogió cuestionamientos generalizados de los diputados presentes.
En otro tramo de su disertación, el procurador del Tesoro aseveró que “la situación económica nos colocó con una deuda terrible, impresionante, y una deuda interna muy grande”. Y agregó: “El Estado es deudor de todos sus contratistas. Esto es algo que hay que intervenir y empezar a solucionarlo”.
Desde la oposición, la reunión arrancó con críticas de parte del jefe kirchnerista, Germán Martínez, y su colega y sindicalista bancario Sergio Palazzo. También se sumó a ese lote Margarita Stolbizer (Hacemos Coalición Federal).
En tanto, José Rinaldi, quien se presentó como vicejefe de Gabinete del Poder Ejecutivo -aparece designado ad honorem como secretario Ejecutivo de Gobierno de Jefatura de Gabinete-, adelantó que mañana asistirán a Diputados el ministro de Interior, Guillermo Francos; la titular de Seguridad, Patricia Bullrich; y el equipo económico -no se mencionó a Luis Caputo-; mientras que el jueves lo harán representantes de educación, niñez y familia; de cultura; y el ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro.
El último funcionario que se presentó fue el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien explicó los detalles de las propuestas que están incluidas en la “ley ómnibus” y defendió tanto las reformas en materia de procesos judiciales, y en áreas como la Inspección General de Justicia, la Oficina Anticorrupción, la disolución del INADI y aspectos más nimios como la obligación de los jueces de portar “toga y martillo”.
Debate
El jefe del radicalismo, Rodrigo de Loredo, reconoció que “la sociedad argentina en su gran mayoría se ha expresado por un cambio de un devenir de las cosas en Argentina” y que “la senda de acelerar las decisiones centrales de un gobierno futuro nos parece cuanto menos oportuna”, ya que “no nos fue bien a nosotros con el gradualismo”.
Seguido a ello, de Loredo enfatizó que “el DNU -que desregula la economía- es inédito en su magnitud y en los temas abordados”, y preguntó: “¿Quieren que se aprueben estas herramientas o hay una idea de que se lleve la marca el Parlamento en una discusión, en una confusión, en una multiplicidad de frentes abiertos, y que esta discusión devenga en una suerte de chivo expiatorio, para capear la principal urgencia de los argentinos, que es su devenir económico?”.
Desde el kirchnerismo, el ex radical Leopoldo Moreau planteó que el Gobierno intenta dar luz verde a “una herramienta que está fuera de las instituciones y quieren imponer un estado de excepción, ponerse por encima de las normas constitucionales porque necesitan los instrumentos para callar la protesta social”.
Le respondió la macrista Silvia Lospennato, quien resaltó que “todos los gobiernos del kirchnerismo estuvieron bajo emergencias y delegaciones” y que fue el ex presidente Mauricio Macri “quien dejó vencerlas”. Varias volvieron en 2019 con el Gobierno de Alberto Fernández.
Otro bloque que advirtió al oficialismo fue la Coalición Cívica: Maximiliano Ferraro pidió a la Casa Rosada que defina “una hoja de ruta” junto a los “temas a resolver en la urgencia que hoy atraviesa la Argentina” y que, para el resto, no vaya “a las patadas con la no celeridad que puede tener el Parlamento”.