El gobierno nacional dio una primera señal de apertura a la negociación para poder aprobar la ley ómnibus. Ayer el ministro del Interior, Guillermo Francos, decidió dar marcha atrás y aceptar modificaciones en los artículos referidos a la actividad pesquera. Fue un pedido de los gobernadores patagónicos que llevó adelante el mandatario de Chubut, Ignacio Torres.
“Vamos a clarificar algunos puntos de la ley porque el espíritu es el mismo que tienen los gobiernos provinciales. Lo que pretendemos es que todo este proceso se haga de una manera eficiente para proteger la pesca argentina”, sostuvo el funcionario nacional después de acordar que haría modificaciones en los artículos vinculados a la descarga en puertos argentinos, el mantenimiento de la zona exclusiva y los cupos de pesca con empresas extranjeras.
Fue un gesto que hacía falta en el ámbito parlamentario y entre los gobernadores opositores, ya que, salvo el peronismo y la izquierda, la oposición tiene la voluntad de acompañar el proyecto de reforma y darle gobernabilidad a Milei. Lo que piden es negociar algunos puntos importantes que no están dispuestos a votar. El caso más relevante es la delegación de facultades del Poder Legislativo al Ejecutivo, un artículo que para el radicalismo y la Coalición Cívica es imposible que pase.
“Nadie renuncia a su propio poder”, fue la definición, irónica y del subsuelo de la política, que utilizó un legislador de la UCR para macar que, más allá de considerarlo una medida autoritaria, ese artículo es inviable. “Se tienen que olvidar de ese punto. No hay forma de que lo votemos”, sentenció una importante diputada del radicalismo.
En la oposición más proclive a acompañar el proyecto decodificaron la modificación de los artículos sobre la pesca como una señal positiva hacia adelante. “Qué bueno que se dieron cuenta de que hay que negociar”, reflexionó un legislador que forma parte del bloque que conduce Miguel Pichetto, aunque aún se mantienen las dudas sobre si el oficialismo va a mostrarse flexible para negociar más puntos de la extensa ley. Es un primer paso. Importante, pero solo un paso.
Otro legislador, de la UCR, fue sarcástico después de la decisión oficial de dar marcha atrás: “¿Milei no dijo que eran coimeros los que querían cambios?” En el ámbito legislativo cayeron muy mal aquellas declaraciones del Jefe de Estado. No lo olvidan aunque no se atan a esa palabras para bloquear el tratamiento de la ley. El radicalismo, la Coalición Cívica, el socialismo y el peronismo anti K son la oposición con voluntad de apoyar. El PRO lo hará sin demasiados cuestionamientos. Unión por la Patria y la izquierda rechazan el proyecto.
Si el Gobierno se predispone a negociar y modificar distintos artículos, entonces lo más probable es que el debate se extienda y que la ley no salga antes de que culmine enero, como quiere el Presidente. Abrir la puerta a las modificaciones con el fin de sacar la ley es el camino lógico pero, al mismo tiempo, haría más largo el debate en las comisiones, sumado a los cambios que puedan surgir cuando se vote cada artículo en forma particular.
En definitiva, imprimirle una velocidad inusitada a la aprobación de la ley es una estrategia que terminará mal porque no tiene el aval de la mayoría de los diputados. En cambio, un camino más lento pero negociando algunos puntos claves como las retenciones, el sistema previsional o las privatización de las empresas, le podría dar el número para sacar el proyecto adelante. “Con lo que sucedió con los gobernadores patagónicos, Milei demostró que no tiene los acuerdos para semejante ley”, advirtió una diputada de la oposición con largo recorrido político.
La concesión del Gobierno a los mandatarios del sur puede ser leído como un punto de quiebre en esta etapa de discusiones desordenadas que hay alrededor de la ley ómnibus. Un funcionario el gobierno nacional dejó en claro lo que implica esa señal política en una sola definición: “Hay que escuchar a los gobernadores y comprenderlos. El criterio principal es la racionalidad y el sentido común”.
Por estas horas parece vislumbrarse un cambio clave en el Gobierno que tiene que ver con revalorizar el rol de la política. Hasta el momento la intención fue empujar la ley con el argumento de que los argentinos votaron un cambio profundo y que los legisladores de la oposición deben ser condescendientes con esa demanda. Sin embargo, el trabajo parlamentario para que las leyes salgan demandan una dinámica y un tiempo distinto al que quieren imprimirle en Casa Rosada al tratamiento de la ley.
Incluso, hay sectores de la oposición que empezaron a sospechar que la decisión de avanzar con el proyecto a libro cerrado - es decir, sin margen para negociar cambios, como le había pedido Milei a sus diputados - podía obedecer a una estrategia que buscaba victimarse, responsabilizar a la oposición de no avalar el cambio con sus votos en el Congreso y gobernar a fuerza de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU).
Esa proyección que hace días que tienen en distintas terminales opositoras fue limitada por la modificación en los artículos de pesca. Cambios que quizás no terminen siendo tan grandes pero que tienen un peso simbólico importante en un momento donde los opositores le reclaman al Gobierno que abra el juego y acepte acordar modificaciones para lograr una mayoría que acompañe el proyecto en el Congreso.
“Hay que empezar a generar flexibilidad. Que no todo sea blanco o negro. Y que tampoco nos venza la lógica de parálisis del Congreso. Tenemos que ser permeables y negociar para que los cambios se produzcan. Las cosas tienen que pasar. Sin política la ley no sale”, se sinceró una alta fuente del Gobierno en las últimas horas. Una retrato de que comenzó a darse un giro en la forma de accionar del oficialismo.
Quienes vieron al Presidente en los últimos días aseguran que tiene en claro que es necesario negociar modificaciones, más allá de que su discurso sea el de no hacerlo. Su mensaje de cambio sin precedentes y sin concesiones se chocó con la realidad parlamentaria. La necesidad de abrir canales nuevos para sostener el proyecto de ley a flote y llevarlo al recinto comenzó a ganarle la pulseada al discurso de campaña, que poco tiene que ver con la obligación de gestionar y lograr acuerdos para gobernar.
En el peronismo están más duros. Parados en un lugar de oposición más cruda. Una influyente legisladora aseguró que la marcha atrás del Gobierno en el tema de la pesca “es una señal de que mandaron una ley con muchos artículos sin consultar nada a los sectores que tenían que consultar”, motivo por el que están obligados a generar cambios De todas formas, para Unión por la Patria (UP) el punto clave del conflicto con el oficialismo es el contenido del DNU, que aún no fue enviado al Congreso.