La CGT no impugna los cambios propuestos por Milei para las obras sociales, pero advierte que “incrementarán la desigualdad”

La CGT embistió contra la reforma laboral contenida en el DNU 70 de Javier Milei, pero, en cambio, no impugnó las modificaciones en el sistema de salud que afecta a las obras sociales, pese a que desregula la actividad e incorpora a las prepagas y, en teoría, amenaza con sacarle afiliados a las entidades administradas por los sindicatos que brindan atención médica a 14 millones de personas.

En un informe realizado por el secretario de Acción Social de la CGT, José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), uno de los mayores expertos en la materia, se concluyó que “desde el punto de vista de las obras sociales de los gremios más numerosos en afiliados y los que se identifican con los afiliados de la actividad, el DNU es neutro porque no afecta a los recursos ni a los afiliados”.

Aun así, en el análisis de Lingeri se afirmó que desde el punto de vista estrictamente jurídico, el decreto de Milei “puede ser tildado de inconstitucional ya que avanza sobre competencias que no tiene el Poder Ejecutivo Nacional en materia de DNU”. Tras recordar que el artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional limita la posibilidad de emitir DNU sobre temas tributarios, señaló que “es evidente” que la imposición que se realiza en el artículo 19 bis que se incorpora a la Ley de Obras Sociales debiendo abonar el 20% sobre los pagos de bolsillo tiene “naturaleza fiscal”.

¿Eso significa que la CGT también podría hacer una presentación judicial para tratar de frenar este capítulo sobre obras sociales del DNU? Es improbable, aunque todavía no está decidido. El informe de Lingeri ya está en manos del cotitular de la CGT Héctor Daer (Sanidad) para que sea analizado por toda la conducción cegetista y pueda tomarse una resolución. De todas formas, como surge de la evaluación, el impacto de la reforma propuesta por Milei no sería perjudicial para las obras sociales.

Para la CGT, según figura en el estudio, la reforma del sistema de salud del DNU 70 “pareciera ser una norma destinada a disminuir o eliminar los costos de la intermediación en la competencia generada por la opción de cambio social, pero no aborda los verdaderos problemas del sistema”.

Por eso consideró que los cambios “no implican una reforma del sector y pareciera estar destinados exclusivamente a la apertura hacia la medicina prepaga en la creencia (errónea, agregó Lingeri) de ese es el problema del sistema; dicho de otro modo, si la eliminación de los costos de la intermediación va a incidir en la mejora de la accesibilidad y en la equidad de los beneficiarios en su atención médica”.

La conclusión en este rubro es contundente: “Si en la actualidad la salud de cada individuo y su grupo familiar depende de su capacidad de pago, esta norma incrementará la desigualdad”.

En el informe cegetista, luego de considerar neutros los efectos del DNU para las obras sociales, se sostuvo que “incorporar un inciso a la Ley de Obras Sociales con la posibilidad u obligación de que las empresas de medicina prepaga sean receptores de aportes y contribuciones transparenta la cuestión” y resaltó: “Si los beneficiarios se van de estas obras sociales por la posibilidad de la opción de cambio y con destino a una empresa de medicina prepaga, lo podrán seguir haciendo sin el puente de la obra social, hasta ahora, única receptora de aportes y contribuciones de ley”.

Según la CGT, el DNU 70 dispone la creación de un tributo de “modo inconstitucional” al establecer que las diferencias de plan (pagos de bolsillo) tributan un 20% al Fondo Solidario de Redistribución, el corazón del sistema de obras sociales, que se nutre del aporte de trabajadores y contribuciones patronales para financiar los reintegros de las prestaciones de alta complejidad y medicamentos.

Desde la óptica de las obras sociales que desregulan, añadió el informe, el DNU “usa un claro ataque a la intermediación” para derivar los aportes a una prepaga, “pretendiendo evitar los costos de transacción”. De todas formas, la CGT hizo hincapié en que en estos casos “será necesario hacer un análisis financiero sobre la posibilidad de continuar transfiriendo recursos a una obra social sindical, desde la cual el aporte al Fondo Solidario es del 15%, mientras que para las obras sociales de personal de dirección y las empresas de medicina prepaga el aporte es del 20%”.

Otro aspecto que destaca el informe es que “no queda claro” si la inscripción de las prepagas en el sistema de obras sociales es obligatoria o voluntaria. “Si la inscripción no es obligatoria -advirtió-, generará una evidente discriminación entre las obras sociales ya inscriptas que perciban diferencias de plan, que tributarán el 20% al Fondo Solidario, y las prepagas que carecen de esa obligación en la ley de medicina prepaga”. Añadió que “también existirá una discriminación en cuanto a la naturaleza jurídica de las entidades inscriptas en el Registro de Agentes del Seguro: mientras que las obras sociales son asociaciones civiles sin fines de lucro, entre las empresas de medicina prepaga hay un abanico amplio ya que las sociedades comerciales pueden operar como tales”.

Para la CGT, además, en el DNU 70 “no se hace mención a la canasta de prestaciones (el Programa Médico Obligatorio, PMO), ni a la situación de los monotributistas y monotributistas sociales (los aportes de estos grupos) ni a los jubilados”, y sostuvo: “Veremos de la reglamentación si estas poblaciones pueden elegir una empresa de medicina prepaga para que les brinden los servicios”.

En la evaluación cegetista, por otra parte, se enfatizó que el DNU 70 deroga la Ley 27.113 que declaraba de interés nacional la actividad de los laboratorios de producción nacional y creaba la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos. “Esto significa en los hechos que el Estado Nacional no va a invertir en investigación farmacológica”, advirtió.

El informe resaltó que “se eliminan requisitos de identificación y habilitación de productos médicos, reemplazándolos por una autorización con lineamientos muy genéricos”, por lo que, “al eliminar esas barreras, permite una circulación de medicamentos con menos controles nacionales y provinciales”.

Hay algo que no figura en el informe de la CGT, pero que impactará también en el sistema de salud: la Superintendencia de Servicios de Salud, que administra los fondos de las obras sociales, está a cargo de Enrique Rodríguez Chiantore, un abogado con más de 30 años de experiencia en el sector sanitario que trabajó en los equipos de gobierno de Patricia Bullrich y de Juntos por el Cambio.

La designación de Rodríguez Chiantore fue interpretada como una señal de que el gobierno de Javier Milei manejará con mano dura esa “caja” millonaria y de que intentará disciplinar a la dirigencia gremial mediante la regulación y distribución del dinero que recauda el Estado y que proviene de los aportes de empleadores y trabajadores. Aun así, el flamante jefe de la Superintendencia conoce a los sindicalistas de su paso por la función pública: entre otros cargos, fue jefe de Gabinete del Ministerio de Salud de la Nación en el gobierno de Cambiemos, entre 2015 y 2018, y director general de Legal y Técnica del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires en la gestión macrista (2007-2013).

Rodríguez Chiantore al menos podrá gestionar con un alivio: la CGT no impugnará los cambios en el sistema de salud que, a priori, parecían convertirse en una amenaza a las obras sociales sindicales.