El pedido de Javier Milei a sus diputados fue concreto. Sin margen a dudas ni a interpretaciones. Quiere que la ley ómnibus sea aprobada tal como fue enviada al Congreso. Es una utopía. Lo saben casi todos. Desde los legisladores oficialistas hasta las diferentes vertientes de la oposición. Para que el súper proyecto salga el Gobierno va a tener que negociar. Si o si. No hay margen para no hacerlo. Si no la ley no saldrá.
El Presidente confía en que un grupo de gobernadores lo acompañará por la voluntad de apoyar los cambios y otros lo harán con el fin de que restituya el impuesto a las Ganancias. “Quieren ganancias, apoyen las leyes”, les dijo a los mandatarios en la única reunión que tuvo desde que asumió. Algunos lo sintieron como una amenaza. Otros como una presión lógica de la negociación.
Uno de los gobernadores de Unión por la Patria (UP) más proclive a negociar con el Gobierno le puso un freno a ese posible apoyo. “No apoyamos a una ley que delega poderes legislativos. Eso no se negocia con nada. Ojalá que recapacite porque no le conviene a nadie esto que está haciendo”, sentenció ante la consulta de Infobae. El ala más dura de los peronistas directamente rechaza la ley completa.
Los gobernadores de Juntos por el Cambio se muestran más entusiastas en acompañar la ley pero con algunos cambios. La mayoría no está dispuesto a hacerlo tal cuál fue enviada al Congreso. Por eso que el proyecto salga sin que se modifiquen algunos artículos es muy difícil. Solo es un discurso que puede servir para presionar pero que cuando llega al ámbito parlamentario se diluye por su inconsistencia.
Para el radicalismo, que tiene cuatro gobernadores y un bloque importante de legisladores, hay algunos temas que son imposibles de votar. No pasa ese filtro la delegación de facultades del Poder Legislativo al Ejecutivo, ni la suspensión de la movilidad jubilatoria y el aumento por decreto, ni la suba de las retenciones. Tampoco, en palabras de un legislador radical, se le dará “un cheque en blanco para la privatizaciones de las empresas del Estado”, ya que estiman que debe discutirse “caso por caso”.
Milei quiere que la ley salga lo más rápido posible. La fecha límite es el 31 de enero. Pero en el Congreso los legisladores de la oposición advierten que los tiempos son inviables. Recién la semana próxima el proyecto se podría tratar en las cuatro comisiones que el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, habilitó anoche: Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales, Legislación General y Relaciones Exteriores.
En el peronismo hay mucho enojo por la forma en la que se está manejando el oficialismo. Recién ayer a las 11:35 de la mañana -en un plazo que no es el que se acostumbra - la presidencia que conduce Menem le envió a Germán Martínez, presidente del bloque de diputados de UP, el pedido para que envíe los integrantes de esas comisiones, que fueron informadas ayer a las 20:30. En los horas previas desde el oficialismo habían adelantado que también se iba a conformar la comisión de Juicio Político, pero finalmente no se hizo.
El oficialismo le impuso al peronismo que la conformación se hiciera con el resultado que arroja el sistema d’hondt respecto a la representativa que hay en la Cámara baja, menos uno. El bloque de UP contiene al 40% de la cámara. Ese porcentaje, menos un legislador, es lo que le tocó en las bancas de las comisiones que se conformarán a partir de este mediodía y que, según esperan en La Libertad Avanza (LLA), tratarán la ley la semana que viene.
En la sesión del 7 de diciembre se había votado que el ordenamiento se iba a hacer solo con el sistema d’hondt, por eso las molestias en el bloque mayoritario de la oposición son variopintas. En todas las que se constituyeron perdieron un legislador. “Hay mucha desprolijidad y desorden entre ellos”, resaltó una importante legislador opositor, debido a la demora en el envío de la convocatoria.
Además, en el peronismo reclaman que la ley pase por más comisiones pero, a esta altura, saben que la exigencia no surtirá efecto. El resto de los bloques opositores, donde conviven la Coalición Cívica, la UCR, el socialismo, el PRO y el peronismo cordobés, ya avalaron que se trate en las que dispuso Menem. Menos comisiones, menos tiempo de tratamiento. Y, a priori, más posibilidades de que la ley salga con mayor velocidad.
Si les quedaba alguna esperanza de obtener apoyo opositor para pedir que se trate en más comisiones, se terminó de caer ayer cuando el bloque Hacemos Coalición Federal, que nuclea a 23 legisladores y preside Miguel Pichetto, emitió un comunicado en el que aseguraron que la voluntad es acompañar el proyecto aunque no “a libro cerrado”, y que aceptan el tratamiento en las comisiones dispuestas por el oficialismo.
“Es imposible que este proyecto pase como está. No le vamos a dar un cheque en blanco a Milei, pero tenemos voluntad de trabajar y encontrar acuerdos”, le afirmó a este medio uno de los legisladores que forma parte del esquema que conduce el rionegrino y que aparece en el escenario parlamentario como un bloque importante para negociar el quórum y algunas leyes. El gran problema que divisan es la falta de cintura para negociar por parte del Gobierno. Sorpresa y resignación.
Los diputados peronistas irán hoy a las comisiones que se conformen con la voluntad de hacer público el reclamo de que es necesario que el proyecto gire por más comisiones, debido a la magnitud y la trascendencia que tiene el extenso documento. Creen también que el proyecto lo discutirán y lo bloquearán en el recinto cuando llegue el momento del debate porque obtendrán una mayoría para hacerlo. Proyecciones en medio de un clima enrarecido.
Ayer por la tarde los diputados peronistas se reunieron en el tercer piso del Cámara de Diputados con Estela de Carlotto y organismos de Derechos Humanos. En ese encuentro se repudió el proyecto de ley y se acusó al Gobierno de “querer concentrar todo el poder” y “avasallar los derechos de los argentinos”. Los organismos criticaron “la criminalización de la protesta social”. Después hubo una reunión del bloque de UP en la que se ordenaron para el debate que viene a partir de hoy con la conformación de las comisiones. Están unidos y organizados.
En el anexo de Diputados, pasadas las 16, hubo una reunión del bloque del PRO, que está dispuesto a apoyar la ley tal cuál fue enviada. Es el espacio más alineado al gobierno nacional aunque no todos los legisladores se afilian a la línea dura. “Le vamos a dar un fuerte apoyo al gobierno del presidente Milei”, dijo después de la reunión el diputado Hernán Lombardi, muy cercano a Patricia Bullrich y Mauricio Macri.
Otra reunión importante se llevó a cabo en el ministerio del Interior, donde el ministro Guillermo Francos recibió a la vicepresidenta, Victoria Villaruel; al secretario de relaciones parlamentarias, Omar De Marchi, y a Martín Menem. Los cuatro afinaron el lápiz para saber cuáles son las posibilidades de que la ley ómnibus pase el filtro del Congreso y cómo pueden juntar votos entre los gobernadores. Son entusiastas. A esta altura parece ser una cuestión de convicción.
El Presidente busca que la ley salga rápido y sin cambios. Una parte importante de la oposición, donde están los fragmentos de Juntos por el Cambio, pide abrir el juego, negociar y buscar un punto de acuerdo para acompañar. Buscan argumentos para darle gobernabilidad a Milei. El peronismo y la izquierda ya plantaron la bandera de la resistencia y analizan la forma de frenar la aprobación. La semana que viene la ley comenzará a girar en las comisiones. Todos prometen un debate feroz. Tiempo de discusión. Quizás, también, tiempo de negociación y consenso. Está por verse.