Cuánto le costó al Estado pagar el sueldo de los obispos en 2023

En un cambio histórico para la tradición católica del país, desde el 1° de enero, la Iglesia ya no recibe más un aporte económico del Estado para el pago de asignaciones mensuales a los obispos, sacerdotes y seminaristas. El anuncio lo hizo a finales de diciembre la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) en un comunicado, en el que informó que el último día hábil de 2023 concluyó el proceso que había iniciado hace cinco años para avanzar progresivamente con la renuncia a esa asignación mensual de $55.000 que recibían arzobispos y obispos auxiliares de todo el país prevista en la ley 21.950, una norma que rige desde la última dictadura militar. Según explicaron en Cancillería, se trataba de un “complemento” que no se fue actualizando por inflación.

¿De cuánto fue el aporte estatal en 2023? Según figura en el Presupuesto nacional del año pasado en el Programa 17 de “Registro y Sostenimiento de Cultos” del Ministerio de Relaciones Exteriores, la partida para el pago de las asignaciones a religiosos católicos fue de $188,7 millones, destinadas a 153 arzobispos y obispos, 640 sacerdotes y 1.100 seminaristas. El año anterior, 2022, se habían asignado para el pago de sus sueldos $202 millones; en 2021, $203,5 millones; en 2020, $163 millones; en 2019, $126,5 millones; y en 2018, el año que la CEA votó comenzar con la reducción de ese aporte estatal para comenzar a autosustentarse, fue de $130,4 millones. Por la inflación, los montos destinados a los obispos y sacerdotes fueron cayendo en términos reales, un proceso que ya había comenzado en los dos primeros años de gestión de Mauricio Macri.

Para 2024, en el Presupuesto prorrogado por la actual gestión, la partida se redujo considerablemente: están previstos solo $285.404. El número de religiosos que figuran en el detalle del Programa de Sostenimiento de Cultos es ligeramente inferior al del año pasado: 143 obispos, 600 sacerdotes y 1.000 seminaristas.

La CEA informó también en su sitio web que, en una resolución del 26 de abril de 2023, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto habilitó que los arzobispos y obispos que hubieran cesado en sus cargos por razones de edad o de invalidez pudieran solicitar de manera particular, con una serie de requisitos, seguir recibiendo ese beneficio fijado en $98.000 por un acuerdo durante la gestión del ex secretario de Culto Guillermo Olivieri.

Históricamente, los eméritos percibían un monto del Estado, los obispos titulares recibían otro, y los auxiliares uno diferente. Ahora solo seguirán cobrando los eméritos, pero lo que solicitar con ciertos requisitos. Ese aporte económico del Estado -según la Iglesia Católica - era del 7% del volumen de fondos que maneja anualmente. “Al ser poca plata, la Iglesia propuso prescindir progresivamente de esa partida presupuestaria y reemplazarla por un aporte de sus fieles para lograr el autosostenimiento”, recordaron.

La decisión estuvo motivada por las críticas al sostenimiento estatal del culto católico, siendo que Argentina es un estado no confesional. En un principio, la Iglesia propuso que proviniera de las escuelas parroquiales. Finalmente, a partir de una resolución conjunta del Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Educación, del 19 de diciembre de 2018, se estableció que “los establecimientos educativos públicos de gestión privada de titularidad o bajo la dirección de la Iglesia Católica podrían percibir una contribución en concepto de sostenimiento del culto, a cargo de los padres o responsables de los alumnos que asistan a los mismos”.

El proceso de reducción del aporte comenzó a gestarse a finales del 2018, el año en que se dio el debate de la ley de legalización del aborto durante la gestión de Macri, cuando se incrementaron los reclamos de terminar ese apoyo económico y avanzar en la separación del Estado de la iglesia. En medio de los debates, el entonces jefede Gabinete Marcos Peña informó en el Congreso que, ese año, la transferencia a la Conferencia Episcopal Argentina había sido de $130,4 millones para contribuir al pago de sueldos de obispos y sacerdotes.

La renuncia progresiva al aporte del Estado fue aprobada en una asamblea plenaria de la CEA realizada en Pilar en noviembre de 2018. La decisión tuvo una carga fuertemente simbólica en el contexto de ese momento, más allá de su impacto económico. En una nota del 7 de septiembre de ese año, el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Oscar Vicente Ojea, manifestó a la secretaría de Culto “la intención de la Iglesia Católica de renunciar progresivamente a las asignaciones directas que reciben los obispos, de manera que sean los propios fieles quienes vayan asumiendo esa responsabilidad, solicitando la creación de instrumentos a través de los cuales los padres que eligen para sus hijos establecimientos educativos confesionales realicen aportes destinados al sostenimiento económico del culto”.

La fecha del fin de las asignaciones fue fijada con el gobierno de Alberto Fernández. Ese apoyo económico, que en 2024 llegó prácticamente a su fin, quedó fijado por varios decretos leyes dictados en la última dictadura( N° 21.950, N°22.950, N°22.162, N°22.430 y N°21.540 ), que disponen regímenes especiales de asignaciones cuyo monto global se establece en base a número de obispos, seminaristas, parroquias de frontera y asignaciones vitalicias a sacerdotes y obispos eméritos.

Si bien el gobierno de Javier Milei, no tuvo injerencia en el proceso, la noticia fue celebrada por su vocero presidencial, Manuel Adorni. “Esto se condice con los lineamientos de este Gobierno, que son la austeridad en el gasto y defender la libertad, en este caso, la libertad de culto”, señaló.

La ley 21.950 establece que el Estado debe hacerse cargo del salario de los arzobispos y obispos, equivalente al 80% del salario de un juez nacional de primera instancia. Pero ese monto se calculaba sobre el salario básico de un magistrado, sin ningún adicional, y además quedó “desactualizado” por la inflación. Además de esa norma, de marzo de 1979 durante pleno gobierno de facto de Jorge Rafael Videla, la ley 22.950 dictada en octubre de 1983 en las postrimerías de la dictadura, establece la creación de becas estatales para los seminaristas.

A mitad del año pasado, la diputada nacional de la Coalición Cívica Mónica Frade presentó un proyecto de ley para derogar las leyes y decretos “orientados a sostener el pago de dietas, jubilaciones, viajes y otros privilegios por parte del Estado Nacional a miembros de la jerarquía eclesiástica”. La iniciativa fue firmada en soledad por la legisladora y nunca llegó a ser tratada en Diputados. En sus fundamentos, cita el artículo 2 de la Constitución que establece que “el gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano”, y advierte que “desde gran parte de la doctrina y la jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación, el mismo es entendido como una obligación de apoyo económico. Este mismo artículo es complementado por una serie de decretos-leyes que fueron impuestos por la última dictadura y cuya vigencia garantiza la transferencia de sumas millonarias a la institución católica que provienen de los impuestos que pagan todos los ciudadanos, más allá de sus adscripciones y creencias específicas”.

Para Frade, si bien el monto del aporte estatal podría “parecer mínimo en la ecuación del PBI nacional”, su eliminación “supondría un cambio de carácter sustancial en áreas estratégicas del país y, desde luego, mucho más acuciantes, esto es, seguridad, vivienda, salud y educación. Se trata, en suma, de una secularización definitiva que se presenta actualmente como una deuda por demás demasiado tardía de nuestro Estado republicano, moderno y laico”.

La decisión de la CEA no alcanza a la curia castrense ya que las remuneraciones de sus integrantes están reguladas por otra normativa y cobran directamente de la Secretaría General de Presidencia de la Nación. El vicariato castrense en Argentina fue creado en 1957, a partir del acuerdo entre el Estado Nacional y la Santa Sede de ese mismo año. Depende administrativamente de la Secretaría General de Presidencia, pero lo designa y lo remueve el Papa.

El obispo castrense, monseñor Santiago Olivera, percibe un sueldo equivalente al de un subsecretario de Estado, en tanto el obispo auxiliar o vicario castrense tiene una remuneración de $814.328. La cifra corresponde a noviembre de 2023, según el detalle informado por la Secretaría de Empleo Público, dependiente de la Jefatura de Gabinete, al que tuvo acceso Infobae. El sueldo del vicario general y moderador de la curia es de $678.612; el del secretario general castrense, de $511.674; el del asesor eclesiático, de $356.960; el del coordinador administrativo, de $330.256; y el del secretario o notario de curia, de $285.014 mensuales.

Visualizaciones: Andrés Snitcofsky