En la primera reunión de Gabinete del 2024, Martín y “Lule”, los Menem de Javier Milei en Diputados, le prometieron al Presidente que esa tarde estarían prácticamente conformadas las comisiones por las que deberán pasar la ley Ómnibus y el DNU de desregulación de la economía. El jefe de Estado los había convocado para que le informaran, enfrente de todos los ministros, el estado de las negociaciones en el ámbito legislativo, el que más le importa en el inicio de su administración, y así lo hicieron. Por la tarde, la promesa de sus espadas libertarias se cumplió, y a partir de hoy, cuando las comisiones queden armadas formalmente, se dispondrán a pisar a fondo el acelerador en el Congreso con el argumento de la “emergencia”.
Milei publicó en el Boletín Oficial el polémico y abarcativo decreto, pero aún no lo envió al Congreso, a pesar que la Constitución nacional dicta que el Jefe de Gabinete “personalmente y dentro de los 10 días” debe someter la medida a consideración de la Comisión Bicameral Permanente. El Gobierno intenta que se cumpla ese período que dicta la ley para que caduque la posibilidad de derogarlo, aunque desde diputados aseguraron a este medio que pueden tratarlo de todas formas, de oficio.
Mientras tanto, el DNU está vigente, repiten en el círculo de confianza del Presidente, convencidos de que las fuerzas opositoras no lograrán frenarlo en la Bicameral, compuesta por 8 senadores y 8 diputados, donde se disponen a nombrar como titular a otro riojano, el diputado Juan Carlos Pagotto, del riñón de la familia del ex presidente.
El oficialismo confía en que, con ayuda de los aliados, el DNU ni siquiera se debatirá. Pero, en caso de que hubiera dictamen y llegara a girarse para su tratamiento por el pleno de las Cámaras, cree que cumplirá el requisito -suficiente para que sobreviva- de recibir aprobación de parte del Senado, donde la vicepresidenta Victoria Villarruel alcanzó un acuerdo que le permitió crear una especie de “interbloque” coyuntural con aliados para bloquear a Unión por la Patria (UxP).
En Diputados, donde el kirchnerismo es más fuerte y las voluntades están más dispersas, se ven más complicados, pero también son optimistas. “Nadie puede pensar que los radicales, los de Pro y la CC, por más críticos o neutrales que sean, vayan a votar con el kirchnerismo, ¿o si?”, desafiaron desde la bancada libertaria en la Cámara baja.
“En la historia de la Argentina no se rechazó un solo DNU. Ni pensamos en la hipótesis de un rechazo”, agregó un funcionario con despacho en la Casa Rosada. “Hoy se rasgan las vestiduras, pero Cristina Kirchner, Mauricio Macri y tantos otros pidieron exactamente lo mismo que está pidiendo Javier”, dijeron desde la Presidencia del bloque de La Libertad Avanza, en plena sintonía con el Ejecutivo.
Desde hace semanas están determinados a manejar los tiempos a su favor. Por eso muestran un apuro extremo, con fundamento en la crisis, que en realidad responde a la necesidad de evitar que los otros partidos estiren el debate para perjudicarlos. La última muestra de la celeridad que exigen fue la decisión de habilitar solamente cuatro comisiones para el debate del extenso proyecto, haciendo caso omiso a los pedidos que les hicieron llegar desde los diferentes bloques de la oposición respecto de la cantidad.
“Fijamos sesiones extraordinarias hasta el 31 de enero porque necesitamos que se apruebe antes de esa fecha. Sino, las hubiésemos prolongado más desde el comienzo”, advirtió un colaborador del primer mandatario. Inclusive por lo bajo, sólo admiten una ligera -eventual- extensión del plazo. “Si no es en enero, será la primera semana de febrero. Pero está todo dado y planteado para que no pase de ahí”, sostuvieron. En caso de que no se apruebe, no descartan apelar a “otras herramientas”, y no niegan otro DNU o inclusive un plebiscito. Decididos a imponer su voluntad, decretaron que todas las comisiones sean presididas por el oficialismo o por diputados alineados con la Casa Rosada para manejar la dinámica en cada una.
La postura de arranque de Milei para las negociaciones por la ley Ómnibus es intransigente, repiten en todos los despachos de Balcarce 50. Pero conscientes de la necesidad de llegar a cierto consenso podrían mostrarse más flexibles, según advirtieron en estricto off the record. “Nadie lo va a decir en voz alta. Y hoy, oficialmente, no hay ningún punto que funcione como moneda de cambio. Pero después, en los hechos obviamente hay temas que se pueden conversar“, dijo un funcionario que mantiene diálogo continuo con el Presidente.
En la Casa de Gobierno admiten que el proyecto tiene varios errores, pero los califican como “menores” y los atribuyen al proceso de fusión entre los proyectos que venían preparando “desde hace años” el ex secretario de Finanzas de Mauricio Macri, Federico Sturzenegger -el mismo que le entregó a la ex candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich- y el que elaboró el secretario de Energía, Eduardo Fernández Chirillo, técnico de bajo perfil que tuvo un rol central en la redacción del documento más importante para el jefe de Estado. “Frente a las versiones que buscan instalar, les decimos que ninguno de los pasos del Gobierno es improvisado. Todo es parte de una estrategia y tenemos en cuenta todos los escenarios”, dijeron en la sede de la administración nacional.
En el Gobierno se perfilan dos sectores. De un lado aparecen los referentes dialoguistas, como el ministro del Interior, Guillermo Francos, que había prometido a los gremios que no se tocarían las cajas de las Obras Sociales, o el secretario de Trabajo, Omar Yasin, que venía manteniendo reuniones con los jefes y miembros de la CGT antes de que anunciaran un paro para fines de enero. Del otro, los que se muestran más duros, como el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el asesor ad-honorem, Federico Sturzenegger.
Los primeros, por ejemplo, habían prometido a los alarmados gremios de la CGT que no se tocarían las cajas de las obras sociales. Pero los segundos terminaron incluyendo varios artículos que tocaban los intereses de los sindicalistas en el articulado del extenso proyecto, al que sólo tuvieron acceso ellos; Chirillo; y el secretario de Legal y Técnica, Javier Herrera Bravo. Por ahora no está claro si hay verdaderas diferencias entre las dos alas, o implementan una estrategia de policía bueno-policía malo para incrementar sus posibilidades de éxito en la negociación.