A Javier Milei no le resultará fácil avanzar en el delicado terreno del sistema electoral con la ambiciosa reforma que incluyó en la Ley Ómnibus: necesita de una mayoría agravada, y ni siquiera tiene los votos para la simple que requieren otros cambios del mismo proyecto. Mientras sus espadas en el Congreso se preparan para dar la batalla, con cierto grado de realismo, el Gobierno apunta a un logro parcial en la votación en particular.
Milei, que dedicó su picante mensaje de fin de año del sábado a los legisladores nacionales, está muy interesado en seguir el devenir de las negociaciones en el Congreso, donde se juega la primera pulseada política de su incipiente administración y quiere avanzar a toda velocidad. “Pidió que lo informen con todo detalle sobre lo que está pasando acá”, contaron en el bloque libertario de la Cámara de Diputados.
Fue por eso que hoy se sumó a la primera reunión de Gabinete del 2024 Eduardo “Lule” Menem, referente de La Rioja, pariente y principal asesor del presidente del cuerpo, Martín Menem, que sin un cargo formal en el cuerpo ayuda a su primo a tiempo completo desde la toma de mando. Hoy, ambos están abocados a preparar las bases para que arranque el debate como lo exigió el Presidente. “Martín es una sola persona y tiene que hacer el trabajo de 200. Conformar las comisiones es su única prioridad hoy”, dijeron, tajantes, en la bancada de La Libertad Avanza, sobre la incursión de su colaborador en el encuentro de Casa Rosada.
El panorama para el oficialismo es complicado. Están muy lejos de alcanzar la mayoría especial de 171 votos en Diputados y 48 en el Senado que requeriría la derogación de las PASO, la implementación de la Boleta Única, el reemplazo del actual sistema de votación de lista completa por un modelo de circunscripciones uninominales y el cambio en la composición de la Cámara de Diputados por la eliminación del mínimo de cinco diputados por provincia. Además, a un mes del fin de las Sesiones Extraordinarias, no se conformaron aún las comisiones. Y todavía no tienen, siquiera, los números para alcanzar, mediante acuerdos con los aliados, la mayoría simple de 129 y 37, respectivamente.
No obstante, creen que en la negociación podrían reunir consenso suficiente en torno a las dos primeras iniciativas que, según especulan, tienen adeptos también en el bloque de Unión por la Patria (UXP) y la izquierda. “La reforma política es artículo por artículo”, deslizó un alto funcionario de la órbita más cercana de Javier Milei. Y confesó que, si hiciera falta, estarían dispuestos a ceder en la batalla por el cambio en el sistema de votación.
La reforma política no es esencial para Milei, que privilegia los aspectos regulatorios económicos de la ley “Bases por la Libertad”. Pero decidió incluirlo como parte del paquete “de emergencia” para demostrar su voluntad de introducir “un cambio en la política”. Es decir, que lo consideran un aspecto simbólico de su tercera gran iniciativa, después del programa económico y el DNU. El Presidente cree que puede sumar puntos en la opinión pública si elimina la cuestionada lista sábana, que tiene mala publicidad por el gasto que implica y los negocios que se generan a partir de la impresión de boletas. Y aplica el mismo criterio económico a la erradicación de las PASO que promulgó Cristina Kirchner en 2009.
En la oposición, de todas formas, no creen que sea esa su motivación y acusan al Presidente por intentar favorecerse en las próximas elecciones presidenciales. En línea con las advertencias históricas de los especialistas en Ciencia Política sobre el sistema de votación uninominal, que rige en países anglosajones como Estados Unidos, Inglaterra y Australia, advierten que perjudicaría a los partidos chicos que no están en el poder.
En especial, la medida generó alarma por la prerrogativa que le otorga el proyecto al Ejecutivo para armar las eventuales circunscripciones, lo cual podría incidir de manera indirecta en los resultados. La maniobra, largamente estudiada en la literatura politológica, se describe con el término gerrymandering, acuñado a partir del apellido del gobernador de Massachusetts Elbridge Gerry, que en 1812 unificó varios distritos de manera discrecional con el fin de obtener una banca.
En la Casa Rosada dieron algunas señales de los argumentos que usarán para defender la medida: “Ojo que la desventaja puede ser para Milei, que tiene un partido chico”, advirtió un ministro. Y aseguró que quieren cambiar el sistema desinteresadamente, sólo con el fin de “acercar al pueblo a los políticos”, en línea con el discurso libertario anti-casta que aplicaron durante la campaña y sostienen en la gestión.
Factibilidad
Si bien defienden el cambio en el sistema de votación, en reserva admiten que es el aspecto menos factible de la batería de medidas. “Estamos negociando con todos, y tenemos entre 38 y 40 diputados propios, según el día”, dijo un funcionario, con ironía. Y luego admitió lo obvio: “No tenemos el número”. Más allá del poroteo, sin embargo, vislumbró “un consenso hacia el cambio” en el largo plazo. “Esta elección demostró que los jóvenes tuvieron mucho protagonismo y quieren otra cosa”, dijo.
Mientras intenta ganar tiempo antes de que sus altos niveles de imagen positiva empiecen a caer, como auguran en el Gobierno, Javier Milei decidió establecer su posicionamiento político mostrando los dientes, inclusive a los aliados de Pro, que aún están dispuestos a apoyarlo pero cada vez más muestran sus resquemores. “Parece como si no quisiera que las políticas salgan”, opinó un funcionario macrista de la primera hora, molesto por el uso de un DNU para aplicar reformas estructurales que fue reprobado no sólo por la oposición, sino por constitucionalistas que fueron muy críticos del kirchnerismo y tiene un porvenir oscuro casi asegurado si llega a la Corte Suprema. También sospechan de la estrategia detrás de la amplitud y profundidad de la ley “Bases de la Libertad”, que le entregó la semana pasada el ministro del Interior, Guillermo Francos, al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en mano y en formato de papel con una cuidada puesta en escena.
Algunos aliados amarillos sospechan que el Gobierno hizo caso omiso a los pedidos para presentar en varios paquetes las leyes o transformar el DNU en un proyecto de ley, como propusieron los radicales, porque en realidad no tiene intenciones de negociar una aprobación en la instancia legislativa. Así, auguran que planea avanzar con un nuevo DNU o inclusive, un plebiscito, con el argumento de que “la casta” no quiere ayudarlo. “Mandaron algo invotable y pidieron sesiones por sólo un mes. Van a poner la excusa de la emergencia y de que ya probaron, para legislar por decreto, que es lo que querían en primer lugar”, profetizó, con alarma, un dirigente simpatizante de Milei que se desencantó con las primeras medidas.
El propio Milei mencionó un plebiscito, pero después en el Gobierno relativizaron la referencia. El vocero Manuel Adorni dijo que había sido una “amable respuesta” a una pregunta del periodista Luis Majul durante una entrevista, pero que no estaba en sus planes. Ante una consulta de Infobae, un funcionario se encargó de bajar el tono, también, a las acusaciones contra los miembros del cuerpo legislativo, a quienes el jefe de Estado acusó de recibir coimas. “Hizo una alusión, pero no fue general sino sobre aquellos que plantean una oposición sin leer”, respondió.
Sin embargo, el sábado por la mañana el jefe de Estado redobló la apuesta en su activa cuenta de Twitter. “Que no se nos interponga la casta delincuente que busca coimas”, dijo, y dio por tierra los intentos de sus allegados para suavizar la relación con los legisladores.
Mientras tanto, en el Gobierno aseguraron que no decidieron aún si están dispuestos o no a prorrogar las sesiones extraordinarias. Pero rechazaron de plano la posibilidad de que el debate se extienda por tres o cuatro meses, como advirtieron desde los bloques críticos no kirchneristas. “Las fijamos en un mes justamente para que se apure la discusión”, dijeron cerca de Milei.
Desde el máximo puesto del Estado, el líder de La Libertad Avanza (LLA) intenta diferenciarse de “la casta”. Y algunos legisladores aliados dicen que pueden entender ese estilo, que le resultó efectivo para llegar al poder. Sin embargo, los inquieta la posibilidad de que esas formas escalen en una forma de ejercerlo y deriven en una práctica totalitaria. Otros, menos preocupados, entienden que el DNU y el abarcativo proyecto de ley ómnibus, la reticencia a hablarles en la Asamblea Legislativa y las acusaciones infundadas sobre el cobro de coimas son parte de una estrategia de negociación.
“Nos está castigando un poco, veremos si afloja la cuerda para negociar. Porque va a tener que negociar”, dijeron en el bloque que conduce Cristian Ritondo. “La lógica que aplica es conocida: amenazar y después reconstruir. Ser lo más extremo posible ahora, porque después va a tener un año y medio para negociar antes de las elecciones. Es la inversa de lo que hizo Macri cuando llevó a Massa a Davos”, dijo un legislador. Y aplicó el mismo razonamiento sobre el aspecto económico de la gestión: “Está exagerando, mostrando lo malo, que la Argentina está destrozada y todo se cae. Desde ese punto de vista, sólo se puede mejorar”.