El diálogo entre el Gobierno y la CGT no está roto pese al paro de 12 horas con movilización dispuesto para el 24 de enero, pero ahora la relación entró en una fase de alta tensión: la Casa Rosada definió una estrategia para desgastar al gremialismo que obligará a sus dirigentes a apelar a la intervención oficial para no perder una de las fórmulas de financiamiento más afianzadas del poder sindical.
En lo formal, Javier Milei se mostrará dispuesto a recibir a la CGT para impedir que se profundice el conflicto. Es lo que comunicaron reservadamente voceros gubernamentales luego de que los duros de la central obrera lograron imponer una protesta contra el Gobierno para frenar el DNU y la Ley Ómnibus que disponen fuertes cambios laborales, económicos y sociales. Pero la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, comenzó a desplegar un plan que combina el diálogo con una jugada disuasiva que, en el fondo, apunta a ir ablandando a la dirigencia gremial más rebelde.
Ahora, los sindicalistas que quieran mantener sin cambios los millonarios aportes que reciben mediante las cuotas solidarias en los convenios deberán pedírselo expresamente a los funcionarios laborales. Es lo que hizo el miércoles pasado el líder de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), Armando Cavalieri, al plantearle una queja a Pettovello y el secretario de Trabajo, Omar Yasín, quienes le prometieron que iban a solucionar el grave problema generado al aparato sindical por el DNU: la limitación en el pago de las cuotas solidarias, que son aportes adicionales para los gremios que pagan afiliados y no afiliados a través de los convenios colectivos.
¿Cuál es la limitación que fija el DNU y que puso en alerta a los gremialistas? En el artículo 73 se obliga a los sindicatos a recibir el pago de las cuotas solidarias “sólo si existe un consentimiento explícito del empleado autorizando el mismo”. Para los sindicatos, se trata de un golpe mortal contra sus arcas: ese recurso de recaudación adicional se generalizó en los años noventa para compensar la pérdida de aportes producida por la caída de la afiliación y desde entonces se convirtió en una formidable herramienta para sostener y expandir el poderío económico del aparato sindical.
Es que las cuotas solidarias, pactadas entre empresarios y sindicalistas en los convenios colectivos, obligan a un aporte adicional que surge del sueldo de todos los trabajadores de una actividad, estén o no afiliados al gremio que firmó el acuerdo. El argumento central que sostiene este esquema es que justamente las mejoras obtenidas por el sindicato en un convenio llegan a todos los trabajadores y que es injusto que sólo los afiliados hagan un aporte para financiar el funcionamiento de su estructura. Para sus críticos, en realidad, se trata de una suerte de afiliación compulsiva a los gremios, violatoria de la libertad de los trabajadores a afiliarse, desafiliarse o no afiliarse que fija la legislación.
En su reunión con Pettovello y Yasín, Cavalieri se llevó el compromiso de que la Secretaría de Trabajo dictará una resolución o decisión administrativa en la que, a pedido de su sindicato, se mantendrán las mismas atribuciones que regían antes del DNU para el cobro de las cuotas solidarias porque “la voluntad del trabajador se ve expresada cuando se perciben los beneficios colectivos”, que es como invertir el espíritu del decreto: el descuento salarial se le aplica a todos y quien no quiera deberá declararlo expresamente. De esta forma, con esa resolución en mano, Cavalieri podrá seguir firmando las cuotas solidarias sin cambios y mantener el financiamiento de su gremio por esa vía.
Tras su reunión con Pettovello, el sindicalista explicó a Infobae que se había reunido con los funcionarios mileístas porque “algunos artículos del DNU pareciera que afectaran las obligaciones que surgen de nuestro convenio colectivo, que establece cláusulas de retenciones y aportes al sindicato” y, tras calificar esa decisión como “una espada de Damocles sobre los empleados de comercio”, advirtió que “si este decreto lo voltea pone en bancarrota a todo el gremio”.
“Nosotros tenemos 350 sindicatos del interior que tienen mutuales, farmacias, y 1 millón y medio de trabajadores que aportan todos los meses a las arcas del sindicato y si de repente esto no lo tenemos más, desaparecemos como sindicato -dijo-. Si la justicia no nos da bola, ¿qué hacemos? Por eso fuimos a la consulta (con el Gobierno) y me contestaron que no, de ninguna manera. ‘Si esto surge de la actividad privada entre empresarios y trabajadores, nosotros lo vamos a respetar’”.
La jugada de Pettovello con Cavalieri fue clave por otro tema: logró que el líder de Comercio anunciara su respaldo al nuevo sistema de indemnizaciones que contempla el DNU. Se trata de la propuesta que quizás más le interesa a Milei dentro de la reforma laboral libertaria y que en septiembre pasado lo llevó a reunirse en secreto con el titular de la UOCRA, Gerardo Martínez, para interiorizarse sobre el tema ya que en la construcción rige un Fondo de Cese Laboral como el que ahora se impulsa.
Cavalieri dio un paso inicial que será replicado por otros de sus colegas, a quienes también les interesa aplicar ese esquema indemnizatorio para facilitar la creación de empleos. Para el Gobierno se convirtió en una señal de apoyo al DNU en medio de las fuertes críticas de la CGT y distintas fracciones gremiales. Y en la interna sindical, el jefe mercantil abrió una grieta: hasta ahora integraba el sector de “los Gordos” junto con el cotitular de la CGT Héctor Daer (Sanidad), pero desde la semana pasada Cavalieri quedó más cerca del Gobierno y el líder cegetista se enroló en la más dura oposición porque fue el principal promotor de que la central obrera declarara el primer paro general contra Milei.
¿Por qué un dialoguista eterno como Daer se pintó la cara contra el Gobierno? En la CGT explican que quedó muy enojado luego de los contactos reservados con Guillermo Francos, ministro del Interior, quien les aseguró a los sindicalistas que algunos puntos polémicos de la reforma laboral no iban a estar en el DNU y, sin embargo, quedaron en el texto final, como la limitación a las cuotas solidarias. En el Gobierno, sin embargo, interpretan que la versión combativa de Daer se explica por el acercamiento de su amigo Sergio Massa al gobernador bonaerense Axel Kicillof. “Están empezando a rearmar el peronismo como una oposición fuerte que será fogoneada desde la CGT”, aseguran.
El contraste sindical quedó marcado el miércoles pasado, tras el acto de la CGT en la Plaza Lavalle, cuando se produjo una inversión de roles: un moderado como Daer anticipó que al día siguiente el Comité Central Confederal cegetista iba a decidir “una medida de acción directa contundente”, mientras que el siempre beligerante Pablo Moyano consideró que “no tiene mucho valor” realizar un paro en verano porque “en enero y febrero los laburantes se toman vacaciones”.
La flamante prudencia del dirigente camionero se dio en forma simultánea con un guiño sugestivo de su papá Hugo Moyano: firmó un aumento salarial para enero y febrero de 2024 que se alineó con la política salarial del Ministerio de Economía. El acuerdo del Sindicato de Camioneros y los empresarios del sector consiste en un incremento del 12,5% en enero y un 21% en febrero, mientras que la Casa Rosada alienta paritarias bimestrales con una proyección inflacionaria del 20%. ¿Habrá sido fruto de las charlas ultrasecretas del líder de Camioneros con algunos funcionarios gubernamentales?
Con el paro de 12 horas y movilización al Congreso, la CGT se alejó del diálogo con el Gobierno. La estrategia oficialista apunta a que cada sindicalista tenga que acercarse para pedir la supervivencia de las cuotas solidarias o el nuevo sistema de indemnizaciones. Así empezó una incipiente batalla de final incierto, con el telón de fondo del primer paro general contra Milei, decidido sólo 18 días después de la asunción presidencial. Y luego de 4 años de la larga siesta de la CGT con Alberto Fernández.