El Gobierno no quiere entrar en una negociación que demore la Ley Ómnibus y juega con los tiempos para evitar cambios

A pesar de haber enviado al Congreso un proyecto de reforma que no tiene antecedentes en cuanto a la amplitud de temas que abarca, el Gobierno insiste en que puede ser aprobado antes del 31 de enero, fecha límite de las sesiones extraordinarias. Además, para sumar complejidad al trámite legislativo, la Casa Rosada argumenta que es una iniciativa integral. Es decir, pretende que sea aprobada en bloque y sin grandes cambios.

“Nosotros somos muy respetuosos del Congreso, pero no queremos entrar en la negociación chiquita de pedir cuatro cosas para que nos den tres. Argentina está en una situación crítica y el espíritu del proyecto es claro, busca recuperar competitividad en todas las áreas; no hay cosas porque sí, todo está relacionado”, explicó a Infobae un hombre clave para la estrategia parlamentaria.

Esta estrategia “a todo o nada”, que el propio Milei se encargó de profundizar cuando amenazó con recurrir a un plebiscito si no conseguía apoyo legislativo, genera preocupación en la oposición. Los espacios dialoguistas, como el radicalismo y el Hacemos Cambio Federal, consideran que el proyecto es inabarcable en tan poco tiempo y también adelantaron que hay puntos “invotables”, como la delegación de facultades, las retenciones, la actualización automática de las jubilaciones y algunas privatizaciones. “Estamos viendo cómo salimos de este juego de la gallina (ver quién se echa atrás primero)”, reconoció a este medio una diputada radical.

Hasta el momento, las alternativas que propuso la oposición fueron rechazadas de plano por los libertarios. Cuando trascendió que el Gobierno trabajaba en una ley “ómnibus”, y a partir del antecedente del mega DNU, le recomendaron enviar paquetes de leyes por separado para poder rechazar algunos y avanzar con otros. “Si mandamos 20 proyectos vamos a estar dos años”, fue la premisa que motivó a la Casa Rosada a descartar la modalidad de varias “combis”.

Ante la consulta de Infobae, en el entorno de Martín Menem señalaron que fue una estrategia que bajó de Casa Rosada. “El mandato es que se apruebe todo el paquete”, agregaron desde el Ejecutivo, aunque esto restrinja seriamente el margen de negociación de las espadas legislativas de Milei.

Para rebatir a quienes aseguran que todo el proceso es inviable, los libertarios recuerdan un antecedente cercano. El 20 de diciembre de 2019, apenas asumió el gobierno de Alberto Fernández, el Congreso aprobó en tiempo récord la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva que declaraba la emergencia en once áreas -económica, social y sanitaria, entre otras- y facultaba al Poder Ejecutivo a tomar decisiones para reactivar la economía y resolver la crisis de endeudamiento con el FMI. Incluía la suspensión de la fórmula de movilidad jubilatoria, el congelamiento de tarifas, impuestos a la compra de dólares y aumento de retenciones a la soja. “Se lo aprobaron en dos días”, recordó un funcionario que pasó por el Congreso.

Por otro lado, desde la Casa Rosada destacan que todo el mundo conoce el contenido de las reformas y eso debería acelerar el proceso. “Acá no hay sorpresas”, aseguran.

Según explicaron a este medio, Martín Menem es el encargado de conducir las negociaciones con los jefes de los bloques de la oposición. Sin embargo, desde el peronismo contestan que hay diálogo, pero no hay negociación.

El Ejecutivo ya dejó en claro que la reversión del Impuesto a las Ganancias (rebautizado Ingresos Personales) será la carta fuerte para presionar a los gobernadores a que hagan valer su influencia sobre los bloques de diputados y senadores. Los fondos de ese impuesto son coparticipables y la mitad de lo recaudado va directo a las arcas provinciales.

La alternativa de coparticipar el impuesto al cheque, como propusieron los gobernadores peronistas, también fue descartada por los libertarios, que no incluyeron el tema en la ley ómnibus porque enviarán otro proyecto después, por separado. Primero se asegurarán de que los mandatarios provinciales faciliten una mayoría para aprobar el mega proyecto y el DNU.

El cronograma de trabajo legislativo todavía no está definido, pero informalmente ya se habla de que la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, visitará la Cámara de Diputados junto a funcionarios de su cartera para explicar los puntos del proyecto relacionados con su esfera de influencia. Otros ministros harán lo propio en los días siguientes.

También estiman que la modalidad de trabajo será a partir de plenarios de comisión (varias comisiones reunidas en simultáneo). La oposición presiona para que el proyecto sea girado a más comisiones pero hasta el momento el oficialismo se apresta a conformar tan solo cuatro: Presupuesto, Legislación General, Asuntos Constitucionales y Relaciones Exteriores.

“Poner como fecha límite el 31 de enero tiene un efecto psicológico. Si damos un plazo más largo todo se va a dilatar”, señalaron cerca de Menem.

El Gobierno descansa por completo en la presión popular. Creen que haber ganado las elecciones los habilita a avanzar con todas las reformas que considere necesarias y que la situación económica reclama acciones urgentes. Para la oposición solo tratan de avanzar antes de que el ajuste los haga perder popularidad. En esa pulseada puede definirse el destino de la gestión.