El Gobierno criticó a la CGT por convocar a un paro nacional: “La defensa a los trabajadores está sesgada por otros intereses”

El vocero presidencial, Manuel Adorni, criticó en la mañana de hoy a la CGT por anunciar un paro general contra el DNU del presidente Javier Milei y la ley Ómnibus enviada al Congreso para ser tratada en sesiones extraordinarias.

“Durante la gestión anterior, que no hicieron paros, los trabajadores no dejaron de perder poder adquisitivo, la inflación fue del 900%, y es llamativo que quienes defiendan de manera legítima los derechos de los trabajadores no hayan percibido lo que están percibiendo en 17 solo días de gobierno”, sostuvo el funcionario.

“Su defensa de los derechos de los trabajadores tal vez esté sesgada por algunos otros intereses”, agregó Adorni en el marco de su habitual conferencia de prensa, y completó: “No hay antecedente de un paro tan rápido a la asunción de un nuevo gobierno; la mayoría de los argentinos entiende que (de la crisis) se sale trabajando y produciendo, y no parando ni cortando calles”.

Ayer, tras una reunión del Comité Central Confederal en la sede histórica de la calle Azopardo, donde participaron todos los sectores gremiales, desde los más dialoguistas a los más opositores, la conducción de la CGT dispuso la medida de fuerza (paro y movilización) para el próximo 24 de enero.

Luego del plenario confederal, Héctor Daer, miembro del triunvirato de la CGT, destacó que el paro general haya sido decidido por unanimidad y anticipó que el Consejo Directivo quedó facultado para tomar medidas similares si lo consideran necesario. “Si le dan la suma del poder público a un presidente, más allá de los votos que haya sacado, vamos a estar ante una circunstancia de que un presidente va a tener todo su mandato la suma del poder público, sin respetar las instituciones ni nada”, indicó el titular de Sanidad.

Daer dijo, además, que antes de la jornada señalada para la huelga general, la central sindical activará todas las delegaciones en las provincias, con el objetivo de discutir en el lugar de origen de los diputados nacionales. “Convocamos a todas las delegaciones del interior a un plenario para ir actuando en cada lugar, de donde provienen los legisladores que después van a tener la potestad de decidir en el Congreso”, informó. De esta forma, los dirigentes buscan influir en la postura que tendrán diputados y senadores a la hora de debatir en el recinto.

El vocero presidencial, por otro lado, ratificó que el Gobierno sostendrá en enero el bono de $55.000 para los jubilados que cobran el haber mínimo, por lo que el piso de remuneración para las jubilaciones seguirá en poco más de $160.000. Es la misma suma que Anses pagó en diciembre tras aplicar el último aumento trimestral del año, de 20,87 por ciento y que llevó a la mínima a poco más de 105.000 pesos. Para febrero también se pagará un bono, pero aún no se informó el monto.

Mientras tanto, el Ejecutivo confía en la aprobación de la ley ómnibus que, entre otros puntos, dispone la suspensión de la fórmula que rige en la actualidad. En el equipo económico consideran que pierde de manera sistemática contra la inflación y que por eso buscarán cambiarla. El primer paso será a través de la derogación de la norma actual en el megaproyecto de ley presentado el miércoles en el parlamento.

Si prospera, hasta que se elabore una nueva fórmula automática (que también requerirá aval del Congreso), el Poder Ejecutivo establecería, como puente, un esquema de aumentos mensuales discrecionales con criterio de la inflación del mes anterior al pago de los haberes. Una suerte de indexación de las jubilaciones.