Milei presentó su visión de la Argentina del futuro: más apertura, menos Estado y un salto de calidad en la educación pública

Fue sintomático que el envío de la “ley ómnibus” coincidiera en el día con la primera marcha de los sindicatos de la CGT después de cuatro años de silencio. Quedó expuesto de manera nítida el contraste de dos Argentinas que están tironeando del futuro. Que gane una, inexorablemente, supone que pierda la otra. El presidente Javier Milei tomó la decisión y finalmente envió al Congreso un voluminoso proyecto de reformas que, más allá de su contenido amplio y diverso, explicita de manera cabal su visión sobre un país distinto, más moderno, abierto y dispuesto a cambiar un modelo que no funciona. Con cambios ambiciosos en materia educativa, se trata de la propuesta de un líder político decidido a dejar atrás una década de estancamiento y deterioro social.

Para describir la “Ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos” que Milei envió al Congreso se puede mencionar la privatización de las empresas públicas, los cambios en el sistema previsional, la reforma electoral, impositiva, la apertura económica o la modernización de los trámites como el divorcio o las sucesiones y el endurecimiento de las penas para los piqueteros que extorsionan y cortan calles. También se puede hacer referencia al salto de calidad en materia educativa que propuso el presidente.

Pero lo que puede resumir su objetivo, su pretensión, es la propuesta de un cambio de raíz del régimen vigente, dominado por privilegios y un estatismo ramplón, dominado por pretextos para imponer beneficios sectoriales que cargaban en las espaldas de todos. Un progresismo extraviado que, a la larga, terminó siendo conservador, empobrecedor y reaccionario.

“Con el espíritu de restituir el orden económico y social basado en la doctrina liberal plasmada en la Constitución Nacional de 1853, presentamos al Honorable Congreso de la Nación el adjunto proyecto de ley y manifestamos nuestra firme voluntad de emprender, inmediatamente y con instrumentos idóneos, la lucha contra los factores adversos que atentan contra la libertad de los argentinos; que impiden el correcto funcionamiento de la economía de mercado y son la causa del empobrecimiento de la Nación. Promovemos estas reformas en nombre de la Revolución de Mayo de 1810 y en defensa de la vida, la libertad y la propiedad de los argentinos”, planteó en sus fundamentos la ley ómnibus.

Son 644 artículos y 351 páginas -que contiene también anexos- el proyecto supera largamente en contenido y ambición las reformas que incluyó Milei en el DNU de desregulación de la economía que impulsó la semana pasada. Se trató ni más ni menos de redoblar la apuesta frente a un sistema político, sindical y empresario que aceleró los contactos para formalizar un muro de contención a los impulsos reformistas -en algunos casos revolucionarios- que puso en marcha Javier Milei desde que se sentó en el sillón de Rivadavia de la Casa Rosada.

Más allá de la voluntad y la visión, la cuestión de los procedimientos tiene un peso que empezó a sentirse en las discusiones que se dieron ayer en el Congreso Nacional. Las que tuvieron el peronismo -lanzado a obstruir su aprobación- y también las que hubo entre sectores afines y comprometidos en colaborar, de Juntos por el Cambio. ¿Cómo va a hacer en el Congreso para discutir 644 artículos? ¿Van a apelar a la estrategia dilatoria de poner el debate en una suerte de baño María? La frase del martes a la noche del Presidente adquiere un sentido renovado: “La lentitud que le ponen los legisladores al debate del DNU es porque buscan coimas”.

A partir de acá, presentamos un resumen apretado de las principales medidas y reformas que propuso Javier Milei y que empezarán a ser discutidas en el parlamento. Más allá de que el bloque de La Libertad Avanza sea minoritario en Diputados y el Senado, se abrió en las últimas horas una negociación posible con el PRO, un sector del radicalismo, los partidos provinciales y una fracción dialoguista del PJ.

Las propuestas que presentó Milei en materia educativa confirman lo que ya había mostrado en el DNU. La prohibición de los paros salvajes que cerraban las escuelas y dejaban a los chicos más pobres en el desamparo y la ignorancia fue, apenas, un primer paso. Volviendo al inicio de esta nota, tal vez por eso se lo vio al sindicalista Roberto Baradel, en la protesta frente al Palacio de Justicia. Después de declarar la educación “servicio esencial”, un acto de sentido común que ni el gobierno kirchnerista ni en el de Mauricio Macri tomó, el presidente en la “ley ómnibus” fue por más.

“Se impulsan cambios en el sistema educativo, con un examen integrador al finalizar la educación secundaria, y la posibilidad que los padres puedan tener conocimiento de las notas de sus hijos, y de cómo estas y las de su colegio comparan con las del resto del país. Se permite que los profesionales no docentes puedan participar del proceso educativo y se prohíbe el ingreso de personas sin secundario completo en la educación superior. Finalmente, respetando fielmente el principio de gratuidad de la educación universitaria para argentinos y extranjeros residentes, se autoriza a que las universidades que lo deseen puedan arancelar la educación de extranjeros no residentes”, resume el proyecto.

- Educación esencial (se prohíben los paros)

- Calificaciones abiertas, para conocimiento de los padres de los alumnos

- Pruebas integradoras al finalizar el secundario

- Prohibición de ingresar a educación superior con materias pendientes

- Arancelamiento para los estudiantes extranjeros en universidades públicas

La apertura y la ampliación de la esfera privada en la economía tiene en el extenso articulado de la “Ley Ómnibus” varios aspectos. Sobresale la privatización de 41 empresas que fueron, primero privatizadas por el peronismo de Carlos Menem, y luego estatizadas por el peronismo de los Kirchner. Son compañías que algunas tienen un enorme valor y otras son deficitarias. Es un fenómeno que confirma que la política en los últimos años se dedicó a ampliar su radio de acción y a dominar cuanto espacio de negocio encontró. Entre las 41 está el Banco Nación, YPF, el Correo Argentino, ENARSA, los trenes o Aerolíneas Argentinas.

Pero también es parte del achique del Estado y el corrimiento de la burocracia de la vida cotidiana la decisión de permitir ingresos de productos importados para uso personal sin pagar impuestos y sin tener que ser sometido a requisitorias de los oficiales que en los aeropuertos tratan a los viajeros y turistas como sospechosos de contrabando agravado.

En el proyecto, también se aumentaron retenciones a la mayoría de las exportaciones aunque dejaron algunos productos exentos. El sector externo fue el más beneficiado por el salto devaluatorio de más del 120% que aplicó Luis “Toto” Caputo apenas llegó al Ministerio. Se incluyó una serie de incentivos para combatir el empleo en negro.

Entre las medidas de enorme impacto está la decisión de Milei de transferir todos los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSeS al Tesoro Nacional, al igual que todos los títulos públicos que sean propiedad de organismos públicos. En su artículo 226, el proyecto enviado al Congreso por el Gobierno señala: “Dispóngase la transferencia de los activos del FGS creado por el Decreto 897/07 al Tesoro Nacional. Facúltase el PODER EJECUTIVO NACIONAL a adoptar todas las medidas necesarias para la instrumentación de lo previsto en el presente artículo”.

También figura en esa misma relevancia la decisión del presidente de suspender la movilidad jubilatoria, que tiene un enorme impacto en las cuentas públicas. El artículo 106 de la norma posterga la aplicación del artículo 32 de la Ley 24.241 que establece la movilidad de los haberes por jubilaciones y pensiones, de la que también dependen la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo, por ejemplo. También frena la vigencia para prestación básica universal, la compensatoria, el retiro por invalidez, por fallecimiento y por permanencia.

Además, los equipos jurídicos del Presidente incluyeron la derogación del permiso del Congreso Nacional para tomar deuda en dólares, al eliminar un artículo de la denominado “Ley Guzmán” que limitaba la emisión de bonos en moneda extranjera. Y obliga a que los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional tengan siempre aval parlamentario.

Además, se incluyó un amplio menú para blanquear bienes, dinero en efectivo, propiedades y acciones. De acuerdo con el informe publicado en Infobae, la exteriorización de activos será gratis hasta los 100 mil dólares y el plan de pagos incluirá deudas por el impuesto a la riqueza y se podrá pagar cinco años anticipado de Bienes Personales. Y se estableció el RIGI, un régimen de incentivos para grandes inversiones, destinados a los rubros de mayor potencial para el crecimiento económico

De acuerdo con los indicado por este medio, el proyecto de ley que envió al Congreso el presidente Milei tiene un capítulo completo dedicado a reformas en el sector de la energía. “En el texto se prevén cambios en la Ley de hidrocarburos, en el marco regulatorio del gas natural y la energía eléctrica, la unificación de los entes reguladores, la liberación del precio de las tarifas, la derogación del concepto que indica que autoabastecimiento energético es ‘objetivo prioritario’, la privatización de YPF y la continuidad en las retenciones que paga el sector”, se indicó.

Entre los cambios que propuso Milei hay una defensa a ultranza del derecho al libre tránsito. Es un refuerzo del protocolo que puso en marcha la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y que él mismo avaló al ir el día que se puso en marcha al Cuartel Central de la Policía Federal a apoyar su implementación. En el decreto se establecen penalidades que van hasta los 6 años de prisión para aquel piquetero que organice mediante extorsión y aprietes cortes de calle.

En concreto, la iniciativa que Milei envió al Congreso establece la modificación del artículo 194 del Código Penal, que amplía las acciones tipificadas para especificar que la pena para quienes “sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas” será de uno a tres años y seis meses de prisión.

También, el presidente propuso que el Congreso ponga en marcha de una vez el retrasado proyecto de juicio por jurados. “Esta ley tiene por objeto establecer el juicio por jurados en el ámbito de la administración de justicia federal, en cumplimiento de los artículos 24, 75 incisos 12, 118 y 126 de la Constitución Nacional. La actuación de los juicios criminales ordinarios que fija esta ley se hará en la misma jurisdicción donde se hubiere cometido el delito”, estableció el texto.

Estableció también cambios en la legislación que establece la legítima defensa. De acuerdo con el texto de la iniciativa enviada al Congreso, “se agravan las penas para los delitos de atentado y resistencia a la autoridad y se regula el derecho a la legítima defensa, brindando mayor certidumbre jurídica a los ciudadanos y a las fuerzas de seguridad”.

La mayor novedad introducida es que en caso de probarse que alguien estaba cometiendo un delito al ser herido o asesinado por su víctima, ni él ni su familia -en caso de muerte- podrán iniciar acciones legales contra quien actuara en defensa propia.

La ley ómnibus incorpora la legalización de una actividad tan común como era ilógico que se considerara delito. Se autoriza la reventa de entradas. El artículo 48 bis puntualiza “las entradas deportivas pueden ser revendidas sin límite de las veces que pueda realizarse dicha operación. El encargado de venta de entradas no podrá imponer restricciones a dicha reventa. En los casos de entradas nominativas, el encargado de venta de entradas deberá permitir la reventa a través de un mecanismo electrónico. Para las ventas a través de dicho sistema, las entidades deportivas podrán cobrar una comisión que no supere el 5% del precio acordado, pero no podrán limitar precios”.

También se habilita los divorcios exprés, sin jueces ni abogados, y las sucesiones -cuando no son conflictivas- sólo con escribanos. “En línea con la modernización de la legislación y el respeto a la preponderancia de la libertad individual, se incorpora un novedoso instituto para nuestro país, de uso común en muchas otras naciones del mundo, que es la posibilidad para los cónyuges de solicitar la disolución del vínculo matrimonial con la sola presentación ante el mismo órgano administrativo que celebró el matrimonio civil, sin necesidad de intervención judicial”, estableció el mensaje enviado al parlamento. Con este criterio, apenas con la presentación ante el Registro Civil la pareja podrá quedar legalmente separada.

También se incluyó en un capítulo aparte la puesta en marcha de los juicios por jurados. “Serán obligatoriamente juzgados por jurados todos los delitos que en el Código Penal y las leyes complementarias tengan prevista una pena máxima en abstracto mayor a los cinco (5) años de prisión o reclusión, y los que con ellos concurran según las reglas de los artículos 54 y 55 de ése código, siempre que deban ser juzgados simultáneamente con aquéllos”. Es decir; entran los delitos de corrupción, como la defraudación en perjuicio de la administración pública, que tiene una pena en abstracto de 6 años. Es el delito por el que fue sentenciada la ex presidenta Cristina Kirchner, según informó Infobae.

La normativa establece que habrá un tribunal de 12 miembros titulares y como mínimo por dos suplentes, dirigidos por un juez que podrá ordenar que haya más suplentes de acuerdo a la complejidad del caso o la posible extensión temporal del juicio lo aconsejen. Según se subraya, el jurado será dividido equitativamente entre hombres y mujeres y advierte: “El sexo será determinado por el que figure en su Documento Nacional de Identidad”. El debate será “videograbados íntegramente bajo pena de nulidad, salvo la deliberación”.

El texto también planteó que “el debate será dirigido por el juez que resulte designado, quien ejercerá todas las facultades de dirección, policía y disciplina del Código Procesal Penal Federal” y subraya: “El juez o jueza vestirá toga negra y usará un martillo para abrir y cerrar las sesiones o cuando resuelva una incidencia”. Esta cláusula cayó pésimo en el Congreso. “Pareció un chiste”, dijo un diputado de Juntos por el Cambio.

Por otra parte, se propuso cambios importantes en materia de transporte automotor, al darle luz verde a los vehículos autónomos -un sector donde el magnate Elon Musk pisa fuerte con Tesla- pero también se avaló la realización de los controles conocidos como VTV en cualquier taller habilitado, impulsar los peajes autónomos y la documentación digital.

La reforma más importante en materia político-electoral que propuso Milei con su proyecto está en cambiar de raíz el sistema de votación. Instaurar la boleta única papel, eliminar las PASO y establecer un sistema votación uninominal, por lo cual cada argentino, en vez de elegir con lista sábana, tendrá que optar por uno y solo un candidato a diputado nacional. Se trata de un sistema, el uninominal, que el presidente lo trae de Estados Unidos, donde cada circuito vota a su representante, que a su vez está atado de manera personal al interés de su electorado.

La iniciativa, por otra parte, incluyó el cambio de la composición de Diputados, para distribuir de otro modo la cantidad de diputados que se eligen en cada provincia. Según la nota que publicó Infobae, las provincias gobernadas por el Partido Justicialista y la Ciudad de Buenos Aires son las más perjudicadas.

También, entre los 644 artículos de la “ley ómnibus”, se dispuso la apertura de un sistema para poner en disponibilidad a los empleados públicos del Estado Nacional y que dependan del erario nacional. Se crea en la órbita de la administración centralizada el Fondo de Reconversión Laboral, que durante un año pagará el sueldo de los trabajadores que hayan quedado sin funciones, plazo en el cual recibirán capacitación y luego serán despedidos con la indemnización correspondiente.

“Los agentes de planta permanente y bajo régimen de estabilidad cuyos cargos resultaran eliminados por las medidas de reestructuración que comporten la supresión de órganos, organismos que componen la Administración Pública Nacional o de las funciones asignadas a ellos, previstas en esta ley, pasarán automáticamente a revestir en situación de disponibilidad, por un periodo máximo de hasta 12 meses”, estableció el documento. Y agregó que durante ese plazo, los trabajadores “serán remunerados por el Fondo de Reconversión Laboral, teniendo en cuenta la antigüedad y demás condiciones que fije el Poder Ejecutivo nacional en la reglamentación y tendrán obligación de (i) recibir la capacitación que se les imparta; y/o (ii) desarrollar tareas en servicios tercerizados del Estado.

Una de reformas que tienen que ver con lo cultural o ideológico que incluyó el proyecto es la eliminación del Instituto del Teatro, y el Fondo Nacional de las Artes, que entre los dos tuvieron en 2023 un presupuesto asignado de más de 3.000 millones de pesos, la mayoría destinados a gastos de personal y “apoyo” a artistas que recibieron beneficios del Estado. Es la traducción práctica del “no hay plata” llevada al ámbito cultural. También se aplicaron cambios en el Instituto del Cine (INCAA).

También se derogaron artículos que metían a la Argentina en la denominada “Agenda 2030 para el Desarrollo Sustentable”, que establecía una serie de límites a las inversiones y a la actividad económica vinculados a principios ecológicos que no son cumplidos por las grandes potencias pero son aplicados a los países en vías de crecimiento.

Además, se incluyó una reforma en la ley de salud mental, que permite la internación compulsiva de los pacientes, removiendo el límite nocivo que había establecido la legislación actual, que le daba al paciente, aún en medio de un brote, la posibilidad de negarse a recibir asistencia médica profesional. Una de las personas que más lucharon por este cambio fue Marina, la mamá de “Chano” Charpentier, el cantante de Tan Biónica.

En el proyecto que llegó al Congreso, asimismo, estableció la eliminación del precio único de los libros y se restringió el financiamiento de las Bibliotecas Populares, un sistema que funcionó sin mayores controles. Y en este marco, el artículo 348 del proyecto que el Presidente entregó al Congreso plantea derogar la Ley N° 24.515, que fue la que en su momento fundó el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI). Son estas últimas algunas reformas que se animan a desarticular la aplicación ineficaz de medidas ideologizadas, que lejos de dar soluciones generaron en los últimos años más problemas.

- Anulación de los compromisos del Estado con la “Agenda 2030″ y los Acuerdos de París

- Reforma de la ley de salud mental para permitir la internación compulsiva