La oposición pide que el Gobierno defina las prioridades de la Ley Ómnibus y pone reparo en los superpoderes

El Gobierno nacional no pierde tiempo. En poco menos de tres semanas de gestión generó un profundo cimbronazo político. Primero, con las medidas anunciadas por el ministro de Economía, Luis Caputo. Enseguida, el DNU de desregulación de la economía del país, que provocó las primeras reacciones en la calle de algunos sectores piqueteros y sindicales. Y cuando esa discusión apenas comenzaba a darse, ayer envió al Congreso la denominada Ley Ómnibus con la que impulsa una reforma casi total del Estado, con cambios en prácticamente todas las áreas del país.

El proyecto, denominado “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, ingresó en la Cámara de Diputados y será tratado durante las sesiones extraordinarias que comenzaron el martes pasado y se extenderán hasta el 31 de enero.

Según dijo Martín Menem a Infobae, las comisiones a las que será girado el proyecto (Presupuesto, Asuntos Constitucionales, Legislación General y Relaciones Exteriores) serán conformadas antes de que termine la semana y a partir de los primeros días de enero irán al Congreso los principales ministros y funcionarios para “explicar la importancia de avanzar con estas reformas”.

Ante la consulta de este medio, Menem no se mostró preocupado por los tiempos (solo hay un mes de sesiones extraordinarias) y reafirmó que la voluntad del oficialismo es votar el proyecto lo más rápido que se pueda. “Todos tienen que entender que Argentina, además de no tener plata, no tiene tiempo”, sintetizó.

Enseguida, diputados y senadores de distintas fuerzas de la oposición se expresaron sobre el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo. La Libertad Avanza no tiene mayoría propia ni en Diputados ni en el Senado, por lo que la negociación con otros espacios será imprescindible para el éxito o el fracaso de la iniciativa.

Rápidamente, quedaron bien diferenciados dos posiciones en la oposición. Por un lado, el peronismo que integra el bloque de Unión por la Patria y la izquierda fueron muy duros con la iniciativa, y dejaron en claro que rechazarán el proyecto en el Congreso.

Otros espacios, como la Coalición Cívica, la UCR y Juntos por el Cambio, fueron más cautelosos, pusieron el foco en los denominados “superpoderes” que pretende Milei y reclamaron prioridades para el tratamiento de los distintos puntos de la ley.

El presidente del bloque de la Coalición Cívica de la Cámara de Diputados, Juan Manuel López, calificó la Ley Ómnibus como “un proyecto muy ambicioso”, aunque advirtió que es “bastante desordenado y trata temas muy distintos en una sola ley”.

En diálogo con el periodista Willy Kohan en Radio Rivadavia, el legislador hizo un rápido recorrido por algunos de los temas que trata la iniciativa, muchas “que nunca fueron tratadas”.

“Es una ley muy compleja y tenemos que discutir lo más rápido posible para darle respuesta al Poder Ejecutivo y a la sociedad, pero tenemos que ser rigurosos y pedir que los ministros vengan al Congreso a decirnos cuál es la prioridad. Faltan leyes también por llegar. El impuesto a las ganancias no está en esta ley ómnibus y entendemos que va a llegar en cualquier momento. La reforma política tenemos todo el 2024 para discutirla con seriedad, lo mismo con el juicio por jurados, no creo que tenga urgencia”, afirmó.

Además, advirtió por una posible falta de coordinación entre el Gobierno y el Congreso. “Es medio complejo mandarlo sólo a dos comisiones. Mandarlo a 15 también es un problema. La técnica elegida por el Presidente a mi modo de ver no es la mejor. Ahí tendría que haber una mínima coordinación entre el Gobierno y la Cámara de Diputados. Hasta donde tengo entendido hoy o mañana se van a constituir cuatro comisiones, pero acá hay temas, por ejemplo de pesca o de Justicia, que necesita de comisiones específicas”.

También se expresó el presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, quien en un mensaje en su cuenta de la red social X (antes Twitter) publicó los videos con su discurso cuando en las sesiones extraordinarias de 2019 rechazó el pedido de facultades extraordinarias que había presentado el entonce recién asumido presidente Alberto Fernández.

“No es una posición que no se conoce por parte de nosotros o de muchos de nosotros. Con esta ley pretenden quitarle al Congreso facultades que le son propias. Nosotros vivimos en una República, en un estado de derecho y en regímenes donde manda la Constitución republicana uno no puede hacer lo que quiera. Muchas veces, los poderes de turno, distintos sean los signos políticos que nos han tocado gobernar, creen que son más poderosos teniendo estos superpoderes especiales que creyendo en el mecanismo de la representación popular que ostentamos en este Congreso las distintas representaciones de mayorías y minorías”, dijo en aquel momento Ferraro.

“Esto decía hace exactamente cuatro años. No más preguntas señor Juez”, escribió ayer Ferraro en X, un rato después de conocerse el proyecto enviado por el Gobierno.

En tanto, desde Juntos por el Cambio se expresaron María Eugenia Vidal y Pablo Tonelli. En diálogo con Radio Mitre, la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires adelantó que el espacio se reunirá en los próximos días para analizar la iniciativa.

“El proyecto de ley es más profundo que el DNU. Ayer nos reunimos en el PRO para analizarlo. Nos dividimos los temas entre los diputados, porque no todos sabemos todo; lo vamos a analizar en grupos de trabajo y nos volveremos a reunir el martes o miércoles de la semana que viene para tomar una decisión como bloque. Es muy difícil tratar la ley toda junta”, dijo Vidal.

Tonelli, en tanto, sin objetar los temas que contiene la ley, advirtió que hay un “error estratégico” del Ejecutivo por la forma magnitud del proyecto, que engloba una gran cantidad de iniciativas. “En la Cámara de diputados va a tener que ser girado en no menos de 10 o 12 comisiones. Eso va a llevar meses o años hasta que vea la luz”, sostuvo el diputado en CNN Radio.

Desde la UCR también hubo reparos en las facultades delegadas que pide el Ejecutivo por al menos dos años. “Te imaginás cómo estamos en desacuerdo con la parte de ley de emergencia y las facultades delegadas que está pidiendo el Ejecutivo. No estamos de acuerdo con ninguna facultad delegada. Lo que le corresponde al Congreso, le corresponde al Congreso, y lo que le corresponde al Ejecutivo, le corresponde al Ejecutivo. No estuvimos de acuerdo en 2019 no estamos de acuerdo ahora tampoco”, resaltó Martín Tetaz, quien también rechazó la derogación de la ley de movilidad jubilatoria, recordando que también lo hizo Alberto Fernández “y terminó saliendo mal”.

Más duro fue el cordobés Rodrigo De Loredo, quien es el presidente del bloque Evolución Radical en la Cámara baja. El legislador dijo que el proyecto tiene “visos napoleónicos” y advirtió que “los cambios, para que se sostengan, tienen que tener consensos”.

“Para nosotros, probablemente no esté de moda, probablemente nos choquemos con el noviazgo electoral, pero para nosotros es inadmisible una delegación de facultades que prácticamente se traduzca en la anulación del Parlamento. Si está de moda ahora, bueno, que la casta, que los diputados son todos unos inútiles, me tiene sin cuidado. No me agravia, no me hago cargo de eso porque no tengo nada que ver con eso. Pero lo que no aceptamos es que se evadan los organismos de control”, aseveró.

En otro extremo de la oposición se mostraron representantes del peronismo de Unión por la Patria y de la Izquierda, quienes anticiparon que se opondrán a la ley.

“La magnitud del DNU, sumado a la ley (Ómnibus), lo que busca es atorar al Congreso”, sostuvo el diputado nacional Máximo Kirchner a radio El Destape. Y agregó: “(El Presidente) busca arrogarse facultades que no le corresponde; hace horas acusó a diputados y senadores de estar extorsionándolo, en un toma y daca”.

Sobre la discusión parlamentaria del paquete de medidas, el legislador indicó: “La ley tiene 664 articulos, la estamos leyendo. Hay cuestiones llamativas, hay que estudiarlas, no me niego a todo sin antes debatirlo y analizarlo. El bloque Unión por la Patria está en el orden de 100 o 102 diputados nacionales, la mayoría tiene un rechazo a las cuestiones que ya se han mediatizado. La postura de la izquierda es clara, y habrá que ver cómo se comportan el resto de los bloques, que hasta aquí están con expresiones ambiguas”.

Por su lado, el presidente del bloque en Diputados, Germán Martínez, se manifestó en declaraciones a radio Futurock: Este proyecto de ley lo que está haciendo es consolidar esta idea de país autoritario con plenos poderes, con facultades excepcionales por parte de Javier Milei... Creo que es de una enorme gravedad. Desde Unión por la Patria vamos a articular todos los dispositivos que tenemos, en diálogo con el movimiento obrero, con los intendentes, con los gobernadores, con los bloques parlamentarios para tener una actitud que vaya en la búsqueda de rechazar el DNU de la semana pasada y darle un tratamiento razonable, con una clara mirada opositora, al proyecto de ley que enviaron ayer. No alcanza con nosotros, somos 102 diputados, entonces necesitamos mucho diálogo con otras fuerzas políticas para llegar a los 129 diputados”.

“Cualquier hilo queda corto para contar todas las modificaciones estructurales y dañinas que pretenden hacer en el país. Este proyecto es profundamente antidemocrático e inconstitucional. Vamos a trabajar fuertemente en defensa de los derechos sobre los que pretenden avanzar”, escribió en X la diputada Paula Penacca, cercana a Cristina Kirchner.

También en esa red social se expresó Leandro Santoro, quien dijo que “por este camino, solo queda esperar que el Presidente plantee formalmente el cierre del Congreso”.

El senador Wado De Pedro, por su parte, ratificó la posición de Unión por la Patria de rechazar la iniciativa y la analizó en conjunto con el decreto de la semana pasada.

“Los diputados y senadores de @unionxlapatria nos reunimos con los gobernadores de nuestro espacio para rechazar el mega DNU y el proyecto de ley “ómnibus” de Javier Milei. Ambas iniciativas son innegablemente inconstitucionales y buscan reunir la suma del poder público en manos del presidente, violando los principios más básicos de nuestro sistema republicano, representativo y federal. A su vez, buscan establecer desregulaciones que no sólo atentan de manera brutal contra la producción y el empleo argentino, sino que también apuntan a generar condiciones para el saqueo de los recursos nacionales en manos del capital extranjero”, escribió.

Desde la izquierda pusieron el foco, principalmente, en las medidas que afectan al derecho de manifestación. “En la ley ómnibus que acaba de ingresar al Congreso, se cercena el derecho de manifestación modificando el art. 194 del Código Penal. Ese artículo lo incorporó al Código Onganía mediante un decreto ley, este gobierno lo quiere ampliar para que nadie proteste contra sus medidas”, escribió Myriam Bregman en su cuenta de X. Hoy, fue más allá y dijo en radio Urbana Play: “Esto es establecer una monarquía. El que vota eso, vota Dictadura”.

“El proyecto de Ley ómnibus plantea transferir la plata de los jubilados al Tesoro Nacional. Quedará bajo el control de Caputo, el mismo que nos endeudó por 100 años. Además suspenden la movilidad para que el PEN disponga si aumenta o no los haberes por decreto. Un nuevo saqueo”, escribió por su parte Nicolás Del Caño.