Que veinte años no es nada lo pueden atestiguar Luis D’Elía y Juan Carlos Alderete, los dos líderes piqueteros que hoy volvieron a cortar la Ruta 3, epicentro de las protestas sociales que derivaron en la crisis política del 2001, que terminó con el entonces gobierno de Fernando De la Rúa. D’Elía fue un activo defensor del ex presidente Alberto Fernández y Alderete estuvo los últimos cuatro años sentado en una banca de diputado.
Lo cierto es que la manifestación de los dos dirigentes ocurrió en la Ruta N° 3, a la altura de Isidro Casanova, partido bonaerense de La Matanza, entre las vías del ferrocarril y la calle Germán Abdala. Fue convocada en rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 promulgado por Javier Milei para desregular la economía, una administración que asumió el 10 de diciembre, hace exactamente 18 días.
La medida de fuerza es encabezada por Alderete, que ahora es sólo secretario general de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), una organización que integran la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP); y D’Elía, que conduce la Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat (FTV). El punto elegido es emblemático, los dos dirigentes piqueteros iniciaron en ese lugar los cortes durante la crisis económica y social de 2001 que derivó en la caída del gobierno de Fernando de la Rúa.
En mayo de ese año, D’Elia y Alderete protagonizaron en ese lugar el “Matanzazo”, una de las mayores protestas contra el gobierno de La Alianza.
Entre otras organizaciones también estuvieron presentes Somos Barrios de Pie, el Frente Barrial de la CTA; el Sindicato de los Canillitas; la UOM y agrupaciones de jubilados y pensionados de la Matanza.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ayer anunció que la fuerzas federales actuarán para evitar el corte de una de las principales arterias del país. Sin embargo, al inicio de la protesta se pudo divisar el accionar de la Policía Bonaerense, para permitir la circulación del Metrobús, y también de la Policía Federal, para custodiar las vías del ferrocarril Belgrano-Sur. Igual, se permitió protestar e interrumpir parte del tránsito.
D’Elía confirmó que los organizadores del piquete solicitaron autorización a la intendencia, a cargo del peronista Fernando Espinoza, para manifestarse sobre esa arteria que ya no es jurisdicción nacional, sino de la provincia de Buenos Aires.
Consultado por la medida de fuerza, D’Elía advirtió sobre un “corte por tiempo indeterminado” en la Ruta 3 “si no cae el DNU que consagra los privilegios de la mafia neoliberal conservadora”. Sin embargo, en la primera hora de la tarde y tras unas improvisadas ollas populares, la manifestación se disolvió y cada uno de los participantes despejó la manifestación.
En la previa de la medida de fuerza, el dirigente piquetero adelantó: “Vamos a cortar la Ruta 3 en La Matanza, que es un lugar histórico de los piquetes en el país, porque estamos frontalmente en contra del decreto ómnibus de Milei que consagra para todos los tiempos el modelo neoliberal conservador en la Argentina”. Y agregó: “Será la primera de una serie de acciones de protesta que se irán desarrollando a lo largo y ancho de todo el país”.
El exdiputado Alderete, a su vez, indicó: “Toda la sociedad debe tener un enérgico repudio al DNU de Javier Milei, porque constituye un ataque directo a las libertades democráticas, a los derechos adquiridos y representa un intento de golpe de Estado”.
El gobernador Axel Kicillof hasta ahora no adhirió al Protocolo Antipiquetes cuya guía oficial policial, establecida a través de la Resolución 943/2023 del Ministerio de Seguridad, apunta a “evitar los cortes de la circulación de vehículos en la vía pública por piquetes y manifestaciones callejeras, resguardando derechos protegidos por las normas constitucionales, al habilitar que las expresiones de protestas se realicen sobre las veredas”.
Ayer, en el marco del paquete de proyectos de ley que el Gobierno envió al Congreso, Milei propuso una serie de sanciones duras para los piqueteros, entre las cuales se encuentran multas por destrozos en la vía pública y hasta 6 años de prisión para los organizadores de aquellas protestas que impidan la libre circulación vehicular, lo cual quedó expresamente prohibido.
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