Las fuertes reformas del Estado de Milei: cierre del INADI y reubicación de empleados públicos

Luego de varias semanas de expectativa parlamentaria y hermetismo por parte del Gobierno, el presidente Javier Milei envió este miércoles al Congreso el paquete de leyes con las principales medidas que pretende implementar durante su primera etapa de gestión, incluyendo una fuerte reforma del Estado que es aún más ambiciosa de lo que se preveía.

Apenas una semana después de haber firmado el polémico Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que estableció importantes cambios económicos, el mandatario continuó con los cambios que pretende en materia impositiva y administrativa, con una importante reducción del tamaño del Poder Ejecutivo.

Si bien algunas de las iniciativas ya las había anticipado durante la campaña, Milei incorporó entre los proyectos varias propuestas más drásticas de lo que se esperaban, como la posibilidad para las universidades públicas de cobrar un arancel a los extranjeros no residentes, el cierre del INADI, y la reubicación de empleados públicos.

En primer lugar, el Gobierno busca crear el denominado Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, el cual absorberá tanto las funciones del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), como del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), los cuales dejarán de existir.

Asimismo, el artículo 348 del proyecto que el Presidente entregó al Congreso plantea derogar la Ley N° 24.515, que fue la que en su momento fundó el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).

De esta manera, ese organismo también desaparecería, al igual que otros, como el Instituto Nacional del Teatro y el Fondo Nacional de las Artes, aunque el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) sí se mantendrá.

Además, se instruye al Poder Ejecutivo a impulsar todos los actos y suscribir los acuerdos que sean necesarios para que se efectivice la transferencia de la Justicia Nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en un plazo máximo de 3 años.

Por otra parte, el Gobierno plantea modificar el artículo 2° bis de la Ley N° 24.521, para que las instituciones de educación superior de gestión estatal y las universidades nacionales puedan “establecer aranceles para los servicios de enseñanza de grado o de trayectos educativos” para aquellos estudiantes que no sea “ciudadano argentino nativo o por opción” y para todo extranjero que no cuente con residencia permanente en el país.

“No obstante, dichos estudiantes podrán ser titulares de becas, en caso en que ello sea previsto por los estatutos correspondientes o por los convenios del párrafo siguiente. Las instituciones de educación superior de gestión estatal podrán suscribir acuerdos o convenios con otros Estados, instituciones u organismos nacionales e internacionales, públicos o privados, tendientes a compartir recursos de todo tipo e implementar las mejores prácticas en materia de educación y de gestión de organismos educativos, así como para fomentar intercambios y procesos educativos conjuntos o en asociación mutua”, se aclara.

Además, se cambia el sistema de financiamiento de estas instituciones para que los aportes del Estado hacia ellas se distribuya “en función del número de estudiantes matriculados en cada institución, el tipo de carrera ofrecida, tales como carreras de grado, posgrado y otras, y su área de formación y también el número de egresados y otros criterios que se definan”.

“A su vez, se establecerán mecanismos de seguimiento y evaluación que permitan determinar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos. La asignación de recursos se efectuará de manera que se asegure el acceso a la educación superior en todo el territorio nacional, se fomente la calidad y pertinencia de la formación y se garantice la eficiencia en el uso de los recursos públicos”, precisó el proyecto.

Además de haber decretado la baja de alrededor de 7 mil contratos de empleados de planta transitoria que ingresaron este año al Estado, Milei envió dentro del paquete de leyes un artículo que establece la creación de una llamada “situación de disponibilidad”.

A partir de este mecanismo, “los agentes de planta permanente y bajo régimen de estabilidad cuyos cargos resultaran eliminados por las medidas de reestructuración que comporten la supresión de órganos, organismos que componen la Administración Pública nacional o de las funciones asignadas a ellos, previstas en esta ley, pasarán automáticamente a revestir en situación de disponibilidad, por un periodo máximo de hasta 12 meses”.

Durante ese plazo, los trabajadores “serán remunerados por el Fondo de Reconversión Laboral, teniendo en cuenta la antigüedad y demás condiciones que fije el Poder Ejecutivo nacional en la reglamentación y tendrán obligación de (i) recibir la capacitación que se les imparta; y/o (ii) desarrollar tareas en servicios tercerizados del Estado.

En ese tiempo, la persona podrá optar por “cubrir una vacante en la Administración Pública nacional, en caso que la hubiera y cumplieren los requisitos para ello”, ser contratada por un privado, o bien “formalizar otro vínculo laboral”.

Sin embargo, una vez cumplidos esos 12 meses, los empleados que “no hubieren formalizado una nueva relación de trabajo, quedarán automáticamente desvinculados del sector público nacional, teniendo derecho a percibir una indemnización, que será financiada por el Fondo, igual a un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de tres meses”.

Como parte de la reforma del Estado, el Gobierno también impulsa una “simplificación, digitalización y desburocratización administrativa” de varios trámites, “promoviendo la transparencia y el debido proceso administrativo, así como el alivio de cargas y costos”.

En este sentido, se indica, por ejemplo, que “todos los trámites y gestiones que deban realizarse en el Sector Público Nacional deberán realizarse como principio general a través de medios electrónicos”, para lo cual se creará la Ventanilla Única de la Administración Pública Nacional

“Este proceso de conversión deberá concretarse en un plazo que no exceda de los dos (2) años desde la entrada en vigencia de la presente ley. El Poder Ejecutivo Nacional preverá lo necesario para la efectivización de este proceso, así como las excepciones que fueren necesarias”, se detalla.

Tal como adelantaron en varias entrevistas Milei y los miembros de su Gabinete, se propone la suspensión de la fórmula jubilatoria y se autoriza a las autoridades nacionales a aplicar ajustes automáticos de los haberes, “teniendo en cuenta los criterios de equidad y sustentabilidad económica”.

“Hasta tanto se establezca una fórmula automática, el Poder Ejecutivo Nacional podrá realizar aumentos periódicos atendiendo prioritariamente a los beneficiarios de más bajos ingresos”, se subraya.